El informe «Vulneraciones de los Derechos Humanos en la Frontera Sur-Melilla», elaborado por la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH), ha denunciado la situación de los menores y la exclusión sanitaria que se padece en la frontera melillense. El documento sigue a la estancia de una semana en la ciudad norteafricana, donde las organizaciones […]
El informe «Vulneraciones de los Derechos Humanos en la Frontera Sur-Melilla», elaborado por la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH), ha denunciado la situación de los menores y la exclusión sanitaria que se padece en la frontera melillense. El documento sigue a la estancia de una semana en la ciudad norteafricana, donde las organizaciones sociales que integran la CODH han tratado de constatar las denuncias que habitualmente plantean las ONG locales.
Las asociaciones que trabajan en Melilla, particularmente PRODEIN, han denunciado «la violación sistemática de los derechos de la infancia por parte de la entidad tutelar de la ciudad autónoma: la Consejería de Bienestar Social». Cuando se localiza a un menor no acompañado, explica el informe, se le declara el «desamparo» y a continuación es derivado a un centro de acogida. En Melilla existen dos: «La Purísima» (chicos) y «Divina Infantita» (chicas). Ambos centros acogen a más menores de lo que prevé su aforo.
El informe de la CODH se centra en menores masculinos de origen marroquí. Por la observación en el terreno y el testimonio de fuentes locales, se constata la existencia de numerosos menores no acompañados que transitan por la calle tras haberse escapado de los centros de tutela. El documento señala cómo estos menores pueden caer en procesos de violencia, delincuencia y drogadicción.
¿Cómo es la vida en un centro de acogida de Melilla? «Los valores como el orden y la seguridad se imponen por encima de cualquier otro (…). A esto hay que añadir la precariedad de los medios y del personal que se aleja del ideal socializador y educador que han de cumplir». Hay asimismo indicios de castigos psicológicos o físicos, y se ha constatado cómo la asistencia médica y psicológica se demora «por encima de lo deseable». También se han detectado casos de «insultos, menosprecio y posibles malos tratos en la actividad cotidiana de estos centros por parte de los guardadores respecto a los menores no acompañados».
Las ONG locales apuntan «serias deficiencias» en la tutela legal de los menores en situación de desamparo. «La Administración no asume ésta ni de forma inmediata ni retroactiva», a pesar de lo que establece la legislación. Otra situación que se daba hasta hace poco tiempo es que menores no acompañados y que habían estado tutelados, veían cómo al cumplir la mayoría de edad caducaban o se extinguían sus tarjetas de residencia, con lo que quedaban en situación «irregular». El problema ha encontrado vías de solución, pero no totalmente, al no aplicar la Administración medidas con carácter retroactivo.
Por otra parte, los menores no acompañados reciben las clases en el centro de acogida de «La Purísima», donde acuden los profesores a impartir las lecciones, lo que fomenta el aislamiento. Pero la situación más extrema descrita por el documento es la de los menores que malviven «en cuevas y contenedores cercanos al puerto a la espera de una oportunidad para subirse a los bajos de un camión para poder llegar a la península; se ven abocados a la explotación callejera como única forma de supervivencia (…)». No son ajenos a este contexto «la trata, la mendicidad, el hambre, las enfermedades, los consumos y la delincuencia».
El informe también aborda, en siete páginas, el problema de la exclusión sanitaria, y para ello se toma como punto de partida el Real Decreto 26/2012 de 20 de abril, que cambia el anterior modelo de sanidad universal por otro de aseguramiento. Desde el 31 de agosto de 2012, el acceso a la asistencia sanitaria pública se limita a las personas «aseguradas» y sus «beneficiarias». Esta condición no se reconoce, entre otras, a las personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa «irregular», que deben pagar por la asistencia médica. La legislación hace la salvedad de determinadas «situaciones especiales», como las urgencias, la asistencia a embarazo/parto o los menores de 18 años.
Sin embargo, la CODH informa de «irregularidades» en la atención de urgencias en Melilla, al no hacerse efectivo el derecho a la asistencia médica sin facturación, por enfermedad grave o accidente, a inmigrantes «sin papeles». En el informe «Vulneración de los Derechos Humanos en la Frontera Sur-Melilla» se detalla el caso de un joven de 22 años de nacionalidad marroquí, con varios años de residencia en el estado español aunque en situación administrativa «irregular». Con una fractura en la pierna y una infección importante, el joven acudió al hospital comarcal acompañado por voluntarios de la CODH.
Así relata el documento los hechos que ocurrieron a continuación: «El personal de admisión del servicio de urgencias, al saber que M. no tenía tarjeta sanitaria, exigieron a una de las acompañantes, miembro de la CODH, que proporcionara sus datos personales y firmase, con carácter previo al ingreso, un compromiso de pago solidario de los gastos que pudiera generar la atención. La voluntaria se negó a firmar el compromiso de pago, conocedora del derecho de M. a recibir asistencia sin facturación. Se exigió atención, y M. pudo acceder al servicio».
Otra cuestión es el tipo de atención que se le dispensó al joven marroquí en el hospital comarcal de Melilla: aplicación de yodo en la herida, cambio del vendaje y recomendación de que fuera a su centro médico «de referencia». Según el informe, este caso pone de manifiesto dos prácticas «ilegales» que habitualmente se producen en este centro hospitalario: la obligación de firmar un compromiso de pago con carácter previo a la atención y la prestación de una asistencia claramente insuficiente. El caso continúa sin tener solución adecuada. «M. fue detenido por la policía nacional el día siguiente a su última visita al servicio de urgencias. Al ver el estado de su herida, los funcionarios decidieron ponerle en libertad. Le dijeron que no querían que estuviese en los calabozos con semejante estado de su pierna, porque podía pasarle cualquier cosa».
Las organizaciones sociales recuerdan lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012: «en todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles». Pero en Melilla, «a los menores extranjeros ni se les expide la tarjeta sanitaria, ni se les asigna un centro de salud (y el correspondiente pediatra), ni se les da la debida asistencia cuando es requerida».
El caso de un menor marroquí, a quien el informe designa como S., pone de manifiesto la exclusión sanitaria. Escolarizado en Melilla, S. es hijo de una trabajadora que entra diariamente en esta ciudad para trabajar como limpiadora en una casa de una familia española. Debido a los dolores en la rodilla tras jugar un partido de fútbol, S. acude a Urgencias, donde se le realiza una radiografía. La respuesta de los médicos es que la situación tiene «mala pinta» y que debería hacerse una resonancia en un centro privado o de Marruecos. La familia decide pagar por la resonancia en un centro privado (una cantidad equivalente al sueldo de su madre). A S. se le diagnostica una lesión tumoral (sarcoma de Ewing con Metástasis) y la familia vuelve al hospital de Melilla, pero el centro se niega a ingresar al menor. S. pasa dos semanas en casa aquejado de fuertes dolores sólo paliados por los fármacos contra el dolor que le aplica su familia. La respuesta del centro es que correspondería trasladar al menor a un centro hospitalario de Málaga con servicio de oncología pediátrica.
Gracias a la mediación de la CODH, el menor es hospitalizado y cuatro días después trasladado a la península. Todo ello «tras la negación del hospital de atender a S. en las visitas previas, con la consecuente demora asistencial de tres semanas y que resultan cruciales para evitar la progresión tumoral y obtener una respuesta efectiva en el tratamiento oncológico posterior». «Este caso revela claramente una atención médica inadecuada», concluyen las organizaciones sociales. Además, tras conversaciones con familiares y acompañantes del joven en el centro hospitalarios, las ONG concluyen que este caso se produce «con elevada asiduidad» entre los menores que aún estudiando y residiendo físicamente en Melilla, no disponen de una situación administrativa «regular» como residentes.
La situación de los menores no acompañados y los casos de exclusión sanitaria son aspectos centrales del informe elaborado por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el Grupo de Acción Comunitaria (Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos); y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
Fotos: Robert Bonet
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