Unidas Podemos asegura haberse opuesto en el Consejo de Ministros a que no se contemplase la regularización de los trabajadores inmigrantes después de junio.
El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto para incorporar de manera urgente a más trabajadores para la campaña agrícola, que sufre la falta de mano de obra. Esta medida de la que estaban pendientes colectivos y sindicatos ha causado descontento por dejar fuera a miles de migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Los trabajadores extranjeros a los que sí se refiere el texto no podrán, sin embargo, regularizar su situación después de junio.
El real decreto, que se centra sobre todo en los trabajadores parados, incluye en concreto a los trabajadores migrantes cuyos contratos de trabajo venzan entre el 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma, y el 30 de junio. También se refiere a los jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años que tengan permiso de residencia, pero no puedan trabajar en España.
“Estas medidas no incluyen más que al 1% o 2%” de las personas migrantes con problemas para trabajar en nuestro país, según denuncia Antonio Abad Díaz Ortega, miembro fundador del Colectivo de Trabajadores Africanos que se encuentra en Huelva, uno de los lugares con más asentamientos de migrantes. “Hay mucha gente que lleva menos de tres años en España y no ha tenido opción a regularizarse, o que lleva más tiempo pero no ha tenido un contrato que le permita tener la residencia. Esa es la mayoría de gente que está en situación irregular ahora”, indica. Se quedan fuera de esta medida los solicitantes de asilo sin permiso para trabajar y aquellos cuyos papeles estaban pendientes de tramitación administrativa.
El real decreto del Ministerio de Agricultura también tiene la fecha final de finales de junio, algo que no ha sentado bien en el seno del Gobierno de coalición. Fuentes de Unidas Podemos aseguran a cuartopoder que en el Consejo de Ministros advirtieron de que la medida no contemplaba la regularización de los trabajadores inmigrantes cuando acabara esta campaña agrícola. Consideran “necesario y urgente” corregir este punto ya que “a todas las personas que echen un cable en esta crisis al menos se les debería amparar con lo mínimo, los papeles”, prosiguen.
Para Díaz Ortega este real decreto “no llega ni al mínimo” para los migrantes en situación irregular, pero su limitación temporal demostraría que no es una medida “desde el punto de vista social”, sino tan solo para “los empresarios agrícolas”.
Varias organizaciones como la Fundación Cepaim, Almería Acoge o Sevilla Acogepidieron la semana pasada la regularización de las personas migrantes indocumentadas en España -unas 15.000- que trabajan en los sectores de la economía sumergida, principalmente la agricultura y el servicio doméstico. Sindicatos como CCOO también han pedido una regularización “excepcional”, que pudiera “ampliarse posteriormente”.
La regularización de los migrantes indocumentados ya fue puesta en marcha a finales del mes pasado en Portugal, una medida que beneficia a todos los que ya hubieran solicitado su permiso de residencia. La medida tiene el objetivo, según el Gobierno, de proteger a “los más débiles” de las consecuencias que la epidemia del coronavirus está generando.