Como era de esperar las maniobras del PSOE están destinadas a bloquear cualquier salida republicana de la crisis social que atravesamos. Eso me parece especialmente evidente en las escaramuzas parlamentarias alrededor de la prórroga de la alarma por el coronavirus.
La ruptura con los republicanos catalanes (ER) como aliados en el parlamento, para pactar con los ciudadanos liberales (C’s), es un síntoma de esa actitud permanente del nuevo PSOE que nació en la transición con el equipo de Felipe González; la viga maestra de su línea política consiste en conservar las instituciones de la monarquía parlamentaria, y estabilizar el orden político sobre la base del equilibrio entre sectores sociales con intereses contrapuestos, manteniendo la hegemonía de la oligarquía económica.
Llamar socialistas a los dirigentes del PSOE que salió de la Transición, es hacer una concesión graciosa, que se nos impone por la costumbre y la pérdida de la memoria. En efecto, desde una perspectiva histórica y rigurosa no pasan de ser unos liberales progresistas, frente a los neoliberales de la derecha conservadora. Han sido y son el sostén principal de la monarquía parlamentaria en los últimos 40 años, gestionando la integración del capitalismo español en el orden internacional dominado por los neoliberales. Han aprovechado el prestigio que el PSOE se ganó en el pueblo español a principios del siglo XX, para cubrir una operación política opuesta a las intenciones originales del socialismo. En la mistificación de ese partido socialista podemos comprobar cómo los mecanismos de formación de opinión pública funcionan perfectamente para disfrazar el sistema político en el que vivimos.
En cierto modo es sorprendente que la derecha carpetovetónica, con su tendenciosidad evidente hacia el saqueo de lo público y su adulación del egoísmo de la oligarquía financiera, haya podido gobernar en el Estado español durante ciertos periodos de tiempo en los últimos años. No se puede achacar solo a la idiosincrasia española; hay que entenderlo sobre la base de los presupuestos liberales del sistema político, que exigen la alternancia en el poder del estado. También por ciertas orientaciones internacionales que inciden en la política interna del Estado español –como fue la vuelta al belicismo a partir de la guerra del Golfo, gestionada por Aznar en el Triángulo de las Azores-.
Más sorprendente todavía es que los sectores más radicalizados de la derecha puedan conseguir tanto apoyo popular en estos momentos de crisis; la agitación de extrema derecha –financiada desde ciertos resortes del poder, que se han dado en llamar el ‘estado profundo’- debe ser entendida como una táctica preventiva del sistema político, que segrega sus defensas frente a posibles tentaciones revolucionarias de los pueblos peninsulares –especialmente, claro está, Catalunya y Euskadi-. Esa táctica preventiva podría convertirse en auténtica política de Estado en determinadas circunstancias, como demuestra la historia española del siglo XX.
Frente a esas fuerzas reaccionarias, los políticos del PSOE aparecen como angelitos de la guarda a pesar de sus evidentes vínculos con la oligarquía dominante y sus prácticas corruptas. Pero nada tan característico de este PSOE posmoderno como el pacto traicionado con Bildu y Unidos Podemos, sobre la ‘derogación íntegra’ de la reforma laboral de Rajoy. Después de conseguir el objetivo de conservar la mayoría parlamentaria, los socialistas se desdicen de lo que pactaron para conseguir esa mayoría. Significativamente la patronal y los sindicatos mayoritarios se han puesto en contra de la abolición de esta ley; la CEOE ha roto el diálogo con el gobierno. En Extremadura ASAJA ha tildado el pacto como ‘grave irresponsabilidad’ de Sánchez. La orquestación de fondo, las consabidas acusaciones contra Bildu por el ‘terrorismo’ de ETA, ha vuelto a manifestarse en los medios de comunicación. Las fuerzas vivas de la democracia liberal han respondido inmediatamente a la ‘provocación’ de Sánchez. Hay quien pregunta: ¿por qué ese pacto con Bildu, si no hacía falta para sacar adelante la prórroga del estado de alarma en las Cortes?
Solo hay una respuesta inteligible: el pacto ha sido el resultado de las tensiones internas del gobierno de coalición. Es más que probable que la firma del acuerdo con Bildu haya sido una concesión del presidente del gobierno a su vicepresidente segundo y las fuerzas que representa, para compensar el acuerdo con Ciudadanos. Y la rápida rectificación de los ministros socialistas más conservadores tiene como objetivo recuperar el equilibrio central del gobierno para mantener el actual orden social. Finalmente, al decir de los socialistas, sólo se van a eliminar los ‘aspectos más lesivos’ de la reforma conservadora, lo que además de contentar a los sectores económicos involucrados, patronal y trabajadores, pone en dificultades a sus socios en el gobierno que pedían la ‘derogación íntegra’ de la ley. Se abre así un proceso negociador con los agentes económicos –y el resultado de esa negociación tendrá consecuencias importantes para el futuro del gobierno de coalición y de las fuerzas de izquierda-. Si nos atenemos a la experiencia reciente, los frutos de esa negociación serán magros para los trabajadores, pero al menos el documento firmado por los representantes de Bildu, UP y PSOE, habrá tenido el mérito de haber puesto en cuestión esa ley tan lesiva para los intereses de la clase obrera.
Esa forma de hacer política, prometiendo ilusiones a las clases populares y limitando las concesiones a las compatibilidades con los privilegios de la oligarquía y las ganancias empresariales, es un virtuosismo del partido del gobierno ‘socialista’, que lo hace preferible para la mayoría social y para las instituciones públicas. El crecimiento económico de los años de la bonanza capitalista hizo parecer aceptable esa línea política, pero sus limitaciones son muy grandes en este momento de crisis. Sánchez ha dicho que quiere agotar la legislatura. Una legislatura difícil por la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus, y por la crisis política de la monarquía parlamentaria que quiere conservar. Hay que reconocerle su capacidad de maniobra dentro de los estrechos márgenes de acción que le permiten las actuales circunstancias. Es claro que goza de las simpatías y el apoyo de las altas instancias del Estado y de una buena parte de la ciudadanía más sensata. Pero es posible que fracase en su pretensión de mantener los equilibrios que sostienen el actual orden social, dadas las dificultades que se presentan. Por si fracasa, las denuncias judiciales de las derechas penden como una espada de Damocles sobre su cabeza –sobre todo si no es capaz de contener y domesticar a las fuerzas republicanas, que proponen la creación de un nuevo orden social acabando con el actual poder oligárquico representado por la monarquía-.