Las actuales agresiones racistas en los Estados Unidos nos hacen más sensibles al racismo, especialmente al policial, no sólo para expresar nuestra solidaridad con la respuesta mundial que se extiende como una mancha de aceite sino, cosa que es más importante, para intentar analizar la percepción que tenemos aquí y buscar la manera de combatirlo.
De las muchas muestras de maltrato y segregación racistas con las que nos encontramos día a día, me he fijado en las más recientes, y más cercanas, las que se están produciendo en las tierras de Lleida.
Nos llenamos la boca, de manera literal, con la fruta de proximidad, pero olvidamos de quién, cómo y en qué circunstancias la está cosechando. Desde los campos de fresas y otros frutos rojos de Huelva, al melocotón, el albaricoque y las cerezas de Lleida, pasando por las naranjas de Valencia o la uva de la Rioja, son miles los y las trabajadoras temporeras que hacen la cosecha en condiciones de trabajo y de alojamiento cercanas a la esclavitud.
Años tras año se alzan voces reclamando contratos, sueldos justos y alojamientos dignos. Nadie, ni Ayuntamientos, ni Generalitat, ni Unió de Pagesos puede decir que les viene de nuevo ver llegar las cerca de 40.000 personas que este año se acercan a las tierras de Lleida para trabajar como temporeros. Hace dos años, en un artículo en el periódico la Directa, Sonia Calvó escribía: «esdifícil cuantificar las personas que se esperan en el campo de Lleida para la temporada de la fruta, pero se estiman entre 22.000 y 28.000, naturales del África subsahariana y del Magreb«.
Los y las trabajadoras temporeras son imprescindibles
Este año muchas personas que debido a la pandemia no pueden trabajar en la venta ambulante, han puesto rumbo a Lleida buscando un puesto de trabajo temporal. Los agricultores al no poder contar con trabajadoras contratadas temporalmente como otros años (excepcionalmente Afrucat ha contratado en origen 500 trabajadoras de Rumanía, trasladadas en autocar sin pasar la cuarentena) han hecho un llamamiento para encontrar mano de obra, incluso pidiendo al Estado español que diera permiso para que personas en situación irregular pudieran trabajar. Resultado: más de 200 trabajadores temporeros están durmiendo al raso en el centro de Lleida. El convenio agrario dice claramente que las explotaciones están obligadas a ofrecer alojamiento si el puesto de trabajo está situado a más de 75 kilómetros del lugar de residencia. Algunas ETT intentan hacer constar como lugar de residencia el de contratación, Lleida, para saltarse este punto del convenio. Pero los trabajadores vienen de lejos: «La gente del país no quiere venir al campo, considera que es un precio muy bajo» (Josep Mª Companys – Unió de Pagesos). ¿Dónde están ahora las voces que gritaban que las personas migrantes venían a quitarnos el trabajo? Las voces más optimistas dicen que sólo un 25% de las personas que trabajan en la recogida de la fruta viven habitualmente en la zona.
Del 75% restante, se calcula que un 20% no tienen un techo digno. Son en gran parte las que llegan sin contrato y las que acaban trabajando en las peores condiciones. Esto no significa que las que tienen la situación laboral regularizada no tengan problemas de alojamiento.
Este 20%, es el que más ha llamado la atención en los medios y en las redes. Nogay Ndiaye portavoz de Fruita amb Justícia Social en una entrevista en el programa els matins de TV3 reclama que agricultores, consistorios y Generalitat hagan frente al problema, pero éstos, año tras año, sólo articulan tímidas medidas. La Paeria (ayuntamiento de Lleida) no ha habilitado ningún albergue municipal, solamente ha alquilado plazas en un albergue privado, donde sólo se les ofrece una estancia de cuatro días.
Nogay Ndiaye explicaba el pasado 2 de junio en la entrevista a TV3 antes citada: «hace un año, al entrar el nuevo consistorio en la Paeria, convocó una rueda de prensa y culpó al anterior gobierno de la mala gestión del tema temporeros, reconoció improvisación en el dispositivo montado (habilitar un pabellón con hamacas), y se comprometió a que esto no se repetiría, que en 2020 ya no se hablaría de refugio sino de albergue», pero ha pasado un año y con la presencia de la Covid19 las cosas no solo no han mejorado sino que han ido a peor.
Karim Bambadiou, uno de los trabajadores que malviven en el centro de la ciudad cuenta: «Solo pedimos un lugar para dormir … No pedimos limosna ni una vivienda gratis, tenemos dinero para pagárnosla pero nadie nos la alquila».
Galo Malon, temporero, manifiesta: «Pagan 4,5-6 €. Nada más, no te pagan más. No llega para alquilar una habitación. La gente está durmiendo en la calle como un perro abandonado. Hasta los perros tienen más valor que nosotros».
Yassir, temporero: » En dos semanas solo he podido trabajar tres días». Vive en una infravivienda ocupada en Lleida».
El 21 de mayo, Paco León hizo una larga entrevista en Facebook a Serigne Mamadou, trabajador temporero con un largo historial de lucha y portavoz de la campaña #RegularizaciónYa. Serigne explica, entre otras muchas cosas: «No puede ser que se nos trate de personas infrahumanas, estamos en el siglo XXI y la esclavitud ha terminado … Nos levantamos a las seis de la mañana todos los días para ir a trabajar, durmiendo en la calle entre cartones, con hambre, sin podernos lavar y sin ninguna medida de higiene en unos momentos en que estamos viviendo una pandemia».
La entrevista la vio Keita Baldé, jugador del Mónaco, catalán de origen senagalés, y propuso pagar el alojamiento y la manutención de 200 trabajadores/as: «Si uno solo puede ayudar a 200, pensemos qué mundo podríamos construir entre todos».
Se pone en contacto con Nogay Ndiaye para que busque alojamientos en la ciudad de Lleida. Nogay quiere repartir las personas en 4 o 5 espacios diferentes para no crear guetos. Llama a diferentes hoteles y hostales, 13 hoteles se niegan por diferentes razones a recibirlos. Algunos ya están abiertos al público. Otros todavía están cerrados por la pandemia y no abren porque no hay demanda. Les ofrece cubrir 200 plazas durante 4 meses, de junio a septiembre, pagadas por avanzado. La respuesta es: no, porque: «podríamos perder la clientela». El presidente de la Federación hotelera y otros empresarios dicen que los que se han negado eran cadenas hoteleras de fuera. Nogay Ndiaye explica que los hoteles Ramon Berenguer y Goya son de aquí. La realidad es que «No te aceptan porque eres negro». La activista dice que llevarán estas empresas a los tribunales por discriminación.
Precariedad laboral
En julio de 2017 el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, visitó Lleida, concluyó que estos asentamientos vulneraban los derechos humanos, y puso en marcha una actuación de oficio para comprobar que las condiciones de los asentamientos eran «extremadamente precarias» en materia de seguridad, salubridad e higiene. Exigió, tanto a la Generalitat como a la Diputación de Lleida, asumir parte de la responsabilidad de esta situación, «que no puede recaer únicamente en las autoridades locales».
La situación de precariedad de las trabajadoras temporeras es compleja. La categoría profesional de jornalera, es similar a la de trabajadora autónoma. Hace dos años la citada plataforma Fruita amb Justícia Social, estimaba el salario medio alrededor de los 6,12 euros brutos la hora (hay baile de cifras según si lo dice la Unió de Pagesos, 6,7 €/h, o los trabajadores, de 3 a 6,07 €/h, dependiendo de si tienen o no contrato). En muchos casos de esta cantidad se les descuenta el coste del desplazamiento diario al campo y/o al alojamiento, en caso de que se les ofrezca. También puede ser que no se les pague el 20% del sueldo según convenio si por mal tiempo no se puede trabajar.
# RegularizaciónYa
Como hemos visto, en estos tiempos difíciles los trabajos de las personas emigrantes son aún más imprescindibles por sus aportaciones a la sociedad. Es urgente, indispensable y de justicia la regularización de las personas emigrantes y refugiadas que se encuentran en nuestro país
En el entorno geográfico próximo tenemos el ejemplo del estado portugués que ha considerado que la regularización y el acceso a todos los servicios públicos de las personas emigrantes en proceso de regularización era el deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis y que en un estado de emergencia la prioridad es la defensa de la salud y la seguridad colectiva.
El gobierno italiano anunció el pasado 13 de mayo la regularización durante seis meses de emigrantes sin papeles para trabajar en el campo y el servicio doméstico: «Desde hoy los invisibles serán menos invisibles, los que fueron brutalmente explotados en los campos podrán acceder a un permiso de residencia», anunció emocionada la titular de Agricultura y principal impulsora de la iniciativa, Teresa Bellanova. El decreto podría beneficiar 300.000 migrantes que trabajan clandestinamente en condiciones de explotación en el campo y unos 200.000 en el servicio doméstico.
En España se ha puesto en marcha una campaña para la regularización inmediata de todas las personas emigrantes en situación irregular. El Gobierno sólo debería hacer una instrucción basándose en el artículo 127 del reglamento de extranjería, que permite la regularización de personas extranjeras cuando haya razones de interés público o seguridad tales como la emergencia actual.
El racismo no tiene fronteras, el antiracismo tampoco. Desde el asesinato de George Floyd se multiplican las concentraciones, vigilias, protestas en todo el mundo. La Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de España ha convocado concentraciones de protesta. En Madrid, Lleida, Salt, Barcelona, y otras ciudades grandes y pequeñas de España, se han oído los gritos de Black Lives Matter y No puedo respirar. Junto con los de Regularización Ya y Sin justicia no hay paz, más relacionados con los ciudadanos extranjeros no regularizados que se encuentran en nuestro país. Hay que aprovechar este impulso para seguir movilizándonos hasta conseguir las reivindicaciones.
Roser Rius es activista de Stop Mare Mortum