Cuando la cumbia colombiana “Se va el caimán” llegó a España en los años 50, los censores la tacharon de subversiva, prohibiendo su emisión. Con su mente calenturienta, identificaron al saurio con Franco y entendieron que la canción reclamaba el derrocamiento del dictador. Consiguieron, sin embargo, lo contrario a lo que se perseguía, pues la gente comenzó a cantar el estribillo en cualquier ocasión y lugar.
Su letra dice así: “Un día me fui a bañar, por la mañana temprano. Vi a un caimán muy singular, con cara de ser humano. Lo que come ese caimán, es digno de admiración: come queso y come pan y toma tragos de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla”. La letra, por cierto, viene al pelo a Juan Carlos I quien, por otro lado, acaba de huir a la República Dominicana, país muy cercano a la Barranquilla de la canción.
Juan Carlos I, aparte de queso y pan, ha comido de todo y rebañado todos los platos (lo del ron lo dejamos para otro día). El año 2012, el prestigioso New York Times investigó su fortuna, cifrándola en unos 1.800 millones de euros. Afirmó que se trataba de una “fortuna opaca” y que era “un secreto cómo ha amasado su considerable riqueza personal”. La revista Forbes, especializada en negocios y patrimonios, le calculó una fortuna similar. Pues bien, si dividimos esa cantidad por sus años de reinado, 1975-2015, resulta un ingreso promedio de 45 millones de euros al año, lo cual no está nada mal.
En 1980 el Presupuesto de la Casa Real fue de 200 millones de pesetas, o sea, 1,2 millones de euros. En 2020 es ya de 7,9 millones, es decir, 6,5 veces la de aquel año. La partida, por otro lado, incluye el salario del rey y el de su familia (reina, princesas, padre y madre), los doce altos cargos de la casa y el mantenimiento de La Zarzuela. Es evidente así que sus ingresos públicos no dan para acumular un patrimonio como el suyo.
Desengañémonos, los 65 millones del affaire actual Corina-Arabia Saudí-AVE a la Meca es el chocolate del loro de lo que ha sido un enriquecimiento ilícito mantenido a lo largo de 40 años de reinado. Por eso lo importante, que es sobre lo que menos se habla, es su patrimonio de 1.800 millones, sus orígenes, los negocios realizados para conseguirlos y la red mafiosa española-saudí sobre la que se ha asentado.
Por si alguien piensa que la justicia española va a hacer eso, justicia (ha tenido que ser la suiza la que airease sus trapos sucios), conviene recordar el caso de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, y sus cinco hijos (entre ellos, Ana Patricia, actual presidenta del Banco), a quienes descubrieron 2.000 millones de euros ocultos en diversos bancos suizos. El asunto se cerró tras pagar éstos a Hacienda 210 millones y declarar la Audiencia Nacional que, tras esto, no cabía hablar de delito alguno.
Por otro lado, sentar al Borbón en el banquillo supondría también que las propias empresas españolas adjudicatarias de las obras del AVE a La Meca (Talgo, ACS, Copasa, OHL, Indra, Adif y Renfe…) que abonaron, según se ha publicado, una mordida de 120 millones por aquello, se vieran envueltas en el mismo delito, y eso es mucho juzgar. Por si fuera poco Vilarejo, meter en el mismo cesto penal al emérito y a todo un ramillete de empresas del IBEX 35, podría hacer saltar una parte esencial del andamiaje de este régimen.
A la familia real no es solo que les venga de ADN, sino que para ellos el fraude fiscal es puro deporte. Tres generaciones de borbones actuales han sido expertas en blanquear dinero. Hablamos de Pilar, hermana de Juan Carlos I, su tía Alicia y distintos borbones más –Carlos, Cristina, Alfonso, Pedro..- que evadieron capitales y los llevaron a cuentas corrientes suizas, luxemburguesas, panameñas… Urdangarín, que fue el último en llegar, aprendió pronto el oficio. Estas habilidades se pegan pronto.
¿Y qué decir de Felipe VI? En junio de 2014, en su discurso de investidura ante el Congreso, afirmó que la monarquía debía “observar una conducta íntegra, honesta y trasparente…” y que “los principios morales y éticos y la ejemplaridad” debían presidir su actuación. En cualquier caso, según Daily Telegraph, en 2004, su viaje de novios (Fiyi, Samoa, Jordania, Camboya, California y México), por importe de 500.000 euros, lo sufragó en gran parte, una empresa de Josep Cusí, amigo personal de su Juan Carlos I. Y fueron felices y comieron perdices. Por supuesto, hasta que lo reveló el diario británico, en 2020, nada se supo de ello. El chaval salía a su padre. ¿A quién si no?
Luego supimos que Felipe VI era el segundo beneficiario de la cuenta corriente suiza adonde habían ido los 100 millones de euros relacionados con la adjudicación del AVE en Arabia Saudí. Se trataba del mayor contrato industrial de España en la historia. Y Felipe VI, que supo del regalito, no dijo nada hasta que el escándalo estalló en Suiza este año 2020. La conducta íntegra, honesta y trasparente impregnada de principios éticos y morales de la que habló en el Congreso era puro cuento.
Mienten más que hablan. Y lo hacen porque son sabedores de que quienes rociaron con sus hisopos democráticos la herencia monárquica instituida por Franco les regalaron no solo corona y Jefatura del Estado, sino también inmunidad-impunidad constitucional para que nunca puedan ser investigados ni condenados por la comisión de delito alguno. Constitución democrática ejemplo de Europa llamaron a eso.
Resumimos. Los 65 millones ahora juzgados son pura anécdota. El emérito se partió de risa cuando se enteró que su hijo le había quitado la paga de 200.000 euros anuales, pues lo importante para él es su patrimonio de 1.800 millones. Y con respecto a lo que nos cuente Felipe VI, incredulidad total. Todo lo que diga y haga quien se sabe amparado por una inmunidad constitucional, carece de credibilidad alguna. Es más, mantener esta es prueba inequívoca de que sigue los pasos de su padre. Tiempo al tiempo. Se va el caimán, pero deja la camada en el nido.