PSOE y UP protagonizan un nuevo choque, esta vez sobre el futuro de las pensiones, mientras el movimiento de pensionistas se reorganiza para exigir la derogación de las reformas de 2011 y 2013 y el renovado ataque contra las pensiones públicas.
El futuro de las pensiones ha protagonizado el penúltimo desencuentro entre los ministros del PSOE y Unidas Podemos. El debate sobre la supuesta insostenibilidad del sistema público, el papel de los planes de pensiones privados y, por supuesto, quién pagará en los siguientes años la factura del covid-19, sobrevolaban las declaraciones de los miembros del Ejecutivo.
Como en anteriores encontronazos, la primera piedra la tiró un ministro socialista, en este caso el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando afirmó el 9 de septiembre que había que “extender la edad real de jubilación”, hacer “menos uso de las prejubilaciones” y “facilitar a quien quiera que trabaje más allá de su vida laboral».
El 14 de septiembre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le respondía en una entrevista en La 1 que el Gobierno debería hacer exactamente lo contrario: “Propiciar que alarguemos y, además, incentivemos la jubilación más allá de la edad legal, entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes” al mercado de trabajo, el objetivo principal que debería tener un país con el 36,5% de paro juvenil, según defendió la ministra de Unidas Podemos. Sin olvidar en este debate, por supuesto, el “fundamental, básico e innegociable derecho al descanso” de las personas mayores, añadía por Twitter la escritora Carolina del Olmo.
Andrea Uña forma parte del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, una organización asamblearia y apartidista clave en las movilizaciones de los años 2018 y 2019. Esta marea pensionista, que llegó a todos los rincones del Estado español, consiguió lo que entonces parecía imposible: poner en suspenso la reforma neoliberal del sistema de pensiones que habían impuesto primero el PSOE y luego el PP tras las crisis de 2008.
Las concentraciones y manifestaciones multitudinarias de pensionistas de aquellos años, cuenta a El Salto esta activista, forzaron un cambio en la opinión pública y consiguieron enterrar, al menos de forma coyuntural, dos principios aprobados en las reformas de 2011 y 2013: el Índice de Revalorización, que desvinculaba el crecimiento de las pensiones del IPC y lo limitaba al famoso 0,25%; y el Factor de Sostenibilidad, que iría recortando las pensiones en función de la esperanza de vida. Primero el PP y el PNV, que lo pactaron en los presupuestos de 2018, y luego el Gobierno del PSOE, decretaron aumentos puntuales en las pensiones y decidieron suspender la aplicación del Factor de Sostenibilidad hasta 2023.
Pero las concesiones al movimiento pensionista —que defendía el poder adquisitivo de nueve millones de votantes en pleno ciclo electoral— no se han reflejado hasta ahora en cambios legislativos. Las leyes de 2011 y 2013 permanecen intactas. Para conocer de primera mano cuáles son las intenciones del Pacto de Toledo, el Movimiento de Pensionistas del País Vasco y Navarra se reunió este 11 de septiembre con su presidenta, Magdalena Valerio. Más allá de las buenas palabras, relata Andrea Uña, y de la intención de ligar el siguiente año el aumento de las pensiones al IPC, la derogación de los puntos más lesivos de las leyes de 2011 y 2013 no parecen estar en la agenda del Gobierno.
Esta activista describe con la palabra “decepción” el resultado de la reunión mantenida con Valerio. Poco parecen importarles, dice, los dos años y nueve meses de movilizaciones o el acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Unidas Podemos, que prometía expresamente la derogación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización, así como ligar las pensiones al IPC mediante una ley. En febrero de 2020, Escrivá llegó a decir que seguía comprometido con la derogación de estas reformas. Sin embargo, ocho meses después, el ministro ya no lo tiene tan claro y condiciona cualquier medida a los acuerdos del Pacto de Toledo y a una reunión en septiembre con los agentes sociales para “valorar las propuestas”.
“Nosotros conseguimos con nuestra lucha en la calle que se suspendieran estas reformas, pero no hemos conseguido hasta ahora que desaparezcan y hasta que no lo consigamos seguiremos en la calle”, dice Andrea Uña en conversación con El Salto.
El riesgo de vivir demasiado
Otra de las principales ideas detrás de las reformas de 2011 y 2013 —alargar la vida laboral y llevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años en 2027— vuelve a estar entre las prioridades del Gobierno para atajar la crisis de la Seguridad Social. Según adelantó Escrivá, el Gobierno trabaja en el aumento de las bonificaciones y las campañas específicas para que los trabajadores retrasen de forma voluntaria la edad de retiro, así como en formas de penalizar las jubilaciones anticipadas para acercar la “jubilación real” a la “jubilación legal” marcada por las reformas neoliberales realizadas tras la crisis inmobiliaria.
Para las organizaciones de defensa de las pensiones públicas, el retraso de la edad de jubilación no ataca al fondo del problema e incluso puede ser contraproducente. “No tiene ningún sentido alargar la vida laboral en un país con esta tasa de paro, lo normal es dar oportunidades a los jóvenes para que se integren en la sociedad y no queden marginados en la precariedad”, dice Ramón Franquesa, economista, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).
Retrasar la edad de jubilación no solo implica un “agravio comparativo”, explica Franquesa a El Salto, con respecto a profesiones que “no lo tienen igual de fácil” al llegar a ciertas edades, sino que al alargar la edad de retiro “lo que están haciendo es recortar la prestación, te están quitando un porcentaje de tu pensión, porque esos años se te van descontando de tu derecho a jubilación”.
¿Muchos viejos o pocos impuestos?
En el fondo, dice este economista y activista de la Coespe, está el debate sobre los impuestos o, dicho de otro modo, quién paga el Estado del bienestar o quién va a pagar los costes de la crisis social del coronavirus. Las reformas neoliberales de 2011 y 2013 se realizaron, explica a El Salto, con la excusa de que las pensiones eran insostenibles, pero “el motivo real” era recortar las cotizaciones que pagaban las empresas al Estado por sus trabajadores. “Dijeron que las pensiones eran insostenibles porque había muchos viejos, pero en realidad desde 2011 aumentó muchísimo el número de cotizantes a la Seguridad Social y, en cambio, cayó el ingreso, porque se habían bajado las cotizaciones”, dice.
No es casualidad que el movimiento por la pensiones haya conseguido sortear “los intentos de confrontar a los jóvenes con los viejos”, dice Franquesa. La precariedad de los más jóvenes se traduce casi matemáticamente, explica este economista, en problemas para las pensiones de los más mayores. Por eso, la derogación de la reforma laboral —otra promesa hasta ahora incumplida por PSOE y Unidas Podemos— es un punto tan importante entre las reivindicaciones de este movimiento de pensionistas.
El sistema público de pensiones, sostiene Franquesa, es perfectamente sostenible si se derogan las reformas del PP y el PSOE, y se asume que las rentas altas y las grandes empresas deben pagar más impuestos. Si en 1978, explica, la mitad de los ingresos del Estado venía de los impuestos al beneficio empresarial, “ahora estos ingresos vienen de las cotizaciones de los trabajadores, del IVA, de lo que aporta la gente más pobre”. En cambio, continúa, las grandes empresas “gracias a la ingeniería fiscal no solo no pagan impuestos sino que reciben subvenciones”. En 2018, el Impuesto de Sociedades aportó el 12% de los ingresos fiscales, un 44% menos que hace una década. Y el Impuesto al Patrimonio, el 0,5%.
Como en la anterior crisis, continúa, se está aprovechando el miedo y la incertidumbre para debilitar el sistema público de pensiones en vez de abordar una redistribución de la riqueza. “Se está utilizando cualquier cosa que asusta a la población, que la deja anodada, para ver si te quitamos un derecho social. Todo esto viene acompañado con una disminución de la presión impositiva sobre las rentas altas”, denuncia.
El ataque de los globos sonda
Al igual que en otras ocasiones, los ataques al sistema público de pensiones han venido acompañados de diferentes impulsos al negocio privado de las pensiones, en manos de los grandes bancos y aseguradoras, y la presión del lobby de los planes privados de pensiones, con fuertes conexiones con los grandes medios de comunicación y la clase política. Sin ir más lejos, el mismo Escrivá pasó buena parte de su carrera en el Grupo BBVA, uno de los grandes en el sector de los planes privados de pensiones.
La rapidez con la que se suceden las propuestas y globos sonda del Gobierno, dice el portavoz de Coespe, apenas dan tiempo para hacer pedagogía. Primero fue la mochila austríaca, la propuesta estrella de Ciudadanos, apoyada por JxCat y el PP, que consiste en una cuenta de ahorro individual en un fondo privado con aportaciones de la empresa a nombre del trabajador. La inversión de esos fondos en los mercados especulativos elevarían supuestamente la rentabilidad. Pese a que el Gobierno la defendía hace no mucho —y Unidas Podemos llegó a apoyarla por error en una votación— parece haber sido enterrada por ahora.
Las últimas declaraciones del ministro Escrivá parecen indicar que el Gobierno ha pasado de mirar de reojo a Austria para fijarse más en las islas británicas. En principio, lo que parecía una buena noticia —la anunciada reducción de las desgravaciones a los planes privados de pensiones individuales— tiene truco. La intención del ministro y del Pacto de Toledo es trasladar los incentivos de los planes de pensiones privados individuales hacia los planes —igualmente privados— de pensiones colectivos negociados por los sindicatos y las patronales para completar la pensión pública, un modelo que apenas existe en España, pero que en el País Vasco alcanza el 50% de los trabajadores.
Para Ramón Franquesa, la implantación del modelo británico presenta numerosos problemas en un país con una alta tasa de precariedad laboral, donde cada vez hay más trabajadores temporales, becarios que no cotizan a la seguridad social o falsos autónomos, especialmente en una economía donde las pymes generan el doble de empleo que las grandes empresas. Además de debilitar al sistema público de pensiones y trasladar esos fondos de pensiones a manos privadas, este tipo de propuestas “rompen la unidad social” y el principio de solidaridad que debe regir un sistema público de pensiones.
El proyecto de reforma de la Seguridad Social presenta otra novedades. Además de que los autónomos comiencen a cotizar en función de sus ingresos, el Gobierno también está estudiando traspasar a otras partidas de los presupuestos los “gastos impropios” de la Seguridad Social. Esta separación de gastos podría suponer una diferencia de 23.000 millones de euros y podría ayudar, según defiende Escrivá, a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.
Sin embargo, las previsiones para los siguientes años no son buenas. A los gastos provocados por la extensión de las ayudas sociales por el covid-19 y la pérdida de ingresos por la caída del empleo —este año el deficit ha trepado hasta los 45.000 millones de euros— se le suma la inminente y temida jubilación de la generación del baby boom, aquella que nació a finales de los 50. Un panorama complicado para las cuentas del Estado, al que se le añade el progresivo endeudamiento con Bruselas tras la aprobación del Plan de Recuperación, un “horizonte muy peligroso que el poder económico quiere aprovechar como pretexto para desangrar aún más los derechos sociales”, decía Franquesa en la intervención final de la IV Asamblea de la Coespe, celebrada el 4 y el 9 de septiembre, después de más de seis meses de parón provocado por la pandemia.
Frente a los intentos de “promover una nueva reforma para bajar las percepciones de los pensionistas, alargar la edad de jubilación, romper con los mecanismos de revaloración y privatizar lo más que puedan las cotizaciones sociales”, este movimiento estatal de pensionistas vuelve a la carga y anuncia nuevas movilizaciones. Con nuevos métodos y utilizando con precaución los viejos volverán a dar sentido al principal lema del movimiento: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
Desde que se han vuelto a permitir las manifestaciones y concentraciones, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha salido más de diez veces a la calle y tienen previstas dos convocatorias más en las siguientes semanas. “Tanto al Gobierno central como al vasco no les vienen bien que la ciudadanía esté en la calle. Hablar de progreso y tener a la gente en la calle es una contradicción. Si no estamos en la calle y no somos conscientes de que los avances se consiguen luchando no se van a conseguir las cosas”, dice Andrea Uña.