Desde ab ovo que diría Horacio, es decir, desde
su origen, el indulto ha sido una prerrogativa, no solo graciosa concesión del
poderoso, fuera rey, obispo o jefe de barraca, sino, también, un privilegio. En
su concesión interviene, no solo una idea bastarda de lo que sea la justicia,
sino un precipitado de emociones más o menos espurias y caprichosas, además de
sectarias y discriminatorias. Al fin y al cabo, ¿por qué concederlo a unos y a
otros no? Es tal el sectarismo que se da en su escenificación, que basta ver el
revuelo levantado por su concesión a los implicados en el procés para percibir
la falta de seriedad jurídica que conlleva su otorgamiento.
Es lógico que sea así, toda vez que se trata de una
prerrogativa que el poder se ha concedido a sí mismo; no es un otorgamiento
democrático.
Pero no solo cuentan en esta historia los antojos políticos y
la caracterización en sí del indulto, sino que importa mucho la persona que lo
otorga. ¿Cómo fiarse de la calidad de un indulto concedido por un truchimán tipo
Trump? ¿Y de la consistencia democrática del indulto que concedió Felipe
González al exgeneral Armada, uno de los cerebros del golpe de Estado del 23F?
El indulto a Armada no fue una aberración solo por el hecho
en sí de la concesión a un golpista que puso en jaque el orden constitucional
de un Estado de derecho, sino por la personalidad de quien lo dio, un
presidente que en secreto y en comandita con los suyos preparó e instigó el
terrorismo de Estado, conocido por el acrónimo GAL.
En este contexto, ¿alguien duda de que González hubiese
indultado a Aznar caso de ser procesado y encarcelado por mentir en la guerra
del Golfo? Y al revés, ¿creen que Aznar no habría indultado a González caso de
que este hubiese terminado en galeras por el GAL y por la malversación de
fondos reservados del Estado derrochados en dicho cometido? Aznar indultó a
Barrionuevo y a Vera, fámulos del señor X. Para ello, antes, González y Guerra
perdieron la dignidad que les quedaba hasta conseguir tal beneficio para sus
correveidiles y que ya tenían asegurado de antemano.
¿Con qué tipo de indulto nos enfrentamos concedido por un
individuo que en la guerra del Golfo mintió y mintió sobre la existencia de
armas de destrucción masiva y utilizó sin escrúpulos a ETA para mantenerse como
presidente del Gobierno? ¿Qué valor aquilatado tiene un indulto concedido por
dos sujetos que una Justicia mínimamente tuerta hubiese encarcelado a ambos sin
vacilar?
No le demos más vuelta a la mierda. Según las normas del
monipodio ladrón, que un mafioso perdone a otro rufián –hoy por mí, mañana por
ti–, es ley no escrita entre pícaros de tres al cuarto. Comprensible, desde
luego, el follón interesado que se ha armado por el anuncio de la concesión de
indultos a los implicados en el procés de Cataluña, acusados de sedición,
rebelión y malversación de fondos públicos. Desde luego, y en esto tiene razón
González, este indulto no se parece en nada a los indultos concedidos por él y
Aznar. Pero no porque las circunstancias fueran otras. Siempre lo son, sino por
la racionalidad del indulto.
En el juicio que tuvieron los procesados catalanes, ninguno
aceptó la acusación de haber cometido tales delitos. Por tanto, ¿por qué se los
quiere perdonar por un delito que aseguran no haber cometido? ¡Ah, claro! Es
que fueron declarados culpables por la Justicia. Ya. Es evidente. Entonces,
será lógico pensar que quien quiere indultarlos considere que se ha cometido
una injusticia con ellos. Y, si no es así, ¿por qué perdonarlos? ¿No será dicho
acto un desacato a la Justicia cuyas sentencias, aunque no se esté de acuerdo
con ellas, se aceptan sin chistar? Si la Justicia consideró que los
independentistas catalanes cometieron un delito, habrá que imaginar que se
recurrirá el indulto ante el Supremo, pues tal perdón va directamente contra la
propia decisión del poder judicial. Madre mía, ¡cómo se lo monta la Justicia!
En definitiva. Disponemos de dos protagonistas en esta
historia. Primero, quien otorga el indulto, el Gobierno, está reconociendo
explícitamente que los posibles indultados cometieron un delito. Perdonar a
alguien un delito que no cometió es ridículo. Segundo, el indultado lo será por
un delito que niega haber perpetrado.
Ante lo cual podríamos preguntar: ¿cómo es posible que un
acusado, que niega haber cometido un delito, acepte su culpa para ser perdonado?
Expresado en dos silogismos quedaría así. Primero, si los
políticos del procés son congruentes con su actitud de negar los delitos que se
les imputan, en buena lógica deberían negarse a aceptar dicho indulto, pues,
según ellos, no los cometieron. Si aceptan el indulto –cosa comprensible desde
el punto de vista humano–, aceptarán que cometieron delito.
Segundo, si el Gobierno de Sánchez considera que los
inculpados del procés no cometieron delito, porque, si fuese lo contrario,
menudo concepto de chichinabo de justicia tendrían, entonces deberían desechar
la senda del indulto y optar por la amnistía, que esta sí contempla que los
procesados nunca delinquieron y, por lo tanto, no deben ser perdonados, sino
declarados libres de todo cargo.
Si no es así, el indulto jamás les borrará la cicatriz en la
cara de la sedición, de la rebeldía y de la malversación de fondos públicos. Y
al Gobierno el estigma de una cara de zampabollos infinita. Eso, o que venga la
Justicia Europea y dé por la retaguardia a los Marchena y sus mariachis, que
todo cabe en la viña del Derecho y deje a todos sumidos en el más clamoroso de
los ridículos, excepto a los procesados inculpados por un delito que no
cometieron.
Fuente: https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/la-trampa-del-indulto