Para justificar el desaguisado culparon primero a las renovables porque se producía un exceso subvencionado, luego a la falta de viento y por tanto a la escasez de la eólica, después al mercado de derechos de emisión de CO2 y ahora al gas.
Las crisis política y social que se vive en estos momentos en el Estado español a causa del desorbitado aumento del precio de la electricidad no se da por primera vez. Es recurrente. Cada cierto tiempo el precio de la luz sufre una subida brutal y a continuación se producen la polémica airada entre el partido de turno en el Gobierno y la oposición, el cabreo de la ciudadanía y los debates en los medios de comunicación. Siempre igual. Pasados unos meses todo el mundo pasa página, se ponen sobre el tapete otros asuntos, se cambia de tema, se aparcan las alternativas planteadas y las eléctricas vuelven a las ganancias altísimas y especulativas.
No siempre los trucos empleados para propiciar el alza de los precios son los mismos, aunque detrás aparece siempre el mercado marginalista, un sistema diseñado por el lobbie energético europeo, y refrendado por la Unión Europea a finales de los noventa, que les garantiza que en cada subasta diaria se cobre el total de la energía producida al precio de la más cara que se haya utilizado. Es como si usted comprara diez kilos de jamón cocido (renovables o hidráulica) y 100 gramos de jamón ibérico de bellota (gas y petróleo) y se le cobrara todo al precio de este último. Es un modelo diseñado para maximizar las ganancias, para propiciar dividendos millonarios a costa de los consumidores. Inicialmente se intentó enmascarar al mercado marginalista con el argumento de que las más baratas desplazarían a las más costosas, pero la realidad es que solo se ha conseguido afianzar un modelo especulativo escandaloso.
Y para justificar el desaguisado culparon primero a las renovables porque se producía un exceso subvencionado, luego a la falta de viento y por tanto a la escasez de la eólica, después al mercado de derechos de emisión de CO2 y ahora al alza del precio del gas, sí del gas, ese que nos querían introducir en Canarias de cualquier manera. Pero claro, al tiempo nos enteramos de que –como están haciendo ahora- vacían pantanos para no producir hidráulica, paran la producción de la energía nuclear y la renovable, se ponen de acuerdo para pactar los precios y un largo etcétera de trampas confirmadas y sancionadas en muchas ocasiones por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que en realidad, en la mayoría de las ocasiones es como si le hicieran cosquillitas. Las ridículas multas que soportan, en comparación con los escandalosos beneficios que obtienen, apenas significan nada ante sus cuentas de resultados anuales: miles de millones, mientras el país sufre datos escalofriantes de pobreza energética, aumenta la inflación y disminuye la capacidad de recuperación económica.
Caben mil alternativas para frenar esta dictadura de los mercados eléctricos, este sistema viciado. Desde luego no se consigue pidiéndole empatía social a las eléctricas. Para mí, sin duda, la más importante es la de la democratización de la energía. Parques eólicos y fotovoltaicos en manos públicas, pymes, cooperativas, pequeños inversores, comunidades energéticas, etc. Y autoconsumo.
El Cabildo de Gran Canaria impulsa en estos momentos parques públicos de eólica y fotovoltaica (más de 40 MW), comunidades energéticas industriales, rurales y urbanas, autoconsumo para depurar y desalar, para sus edificios, para la agricultura y la ganadería… Y la “Revolución de las azoteas”, un proyecto para concienciar, animar y financiar la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas y pymes de la isla. Es la mejor manera de plantar cara al oligopolio energético, a la concentración de inversiones, al abuso de las eléctricas, al cambio climático … Recuerden cómo se resistieron las eléctricas a la implantación de renovables (que ahora pretenden copar), recuerden el “impuesto al sol” del PP y las campañas difamatorias, recuerden cómo se resistieron a perder la Tarifa de Último Recurso (TUR)…
Y caben más cosas, claro. Desde luego, lo primero sería romper con el mercado marginalista, pero se me antoja harto difícil que se pueda conseguir, ante el enorme control que las eléctricas ejercen sobre el poder político en Europa (y en España existen vergonzosos ejemplos). Un lobbie brutal del que participan ex presidentes de países europeos, ex ministros, ex comisarios, etc…
Cabría también la posibilidad de avanzar en una propuesta de impuestos especiales que no se pudieran derivar al consumidor y realizar una intervención directa en las tarifas tal y como permite la UE en caso de desprotección de los consumidores vulnerables. Y exigirles de manera inmediata la devolución de los miles de millones que se han quedado tras recibir, a finales de los noventa, millonarias ayudas del Estado -12.000 millones de euros- para hacer frente a los Costes de Transición a la Competencia, con la obligación de reintegrarlos a las arcas públicas, cosa que no han hecho. En teoría se les reforzó económicamente para, ante las privatizaciones, hacer frente a la posible entrada de empresas extranjeras en el mercado español.
También sacar a la hidráulica y la nuclear de la subasta diaria, excluirlas del pool, y eliminar así, de un plumazo lo que se conoce como “beneficios caídos del cielo” (windfall profit). Se trataría de desterrar del sistema esas ganancias perversas que se obtienen al pagar al precio de gas los costes bajísimos de la hidráulica o la nuclear. Se frenaría también el mercado especulativo de los costes de emisiones de CO2 que no se producen con esta obtención de energía. Para esto sería efectiva la creación de una empresa pública de electricidad, aunque apenas podría hacer nada con la gestión directa de las hidráulicas hasta 2030. No se olviden de que fueron los gobiernos del PSOE (con las nucleares) y del PP (con las hidráulicas) los que extendieron “gratis total” su concesión (en el caso de algunas hidráulicas a 75 años). Sería también necesario agilizar la tramitación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Y por último, lo que me parece más importante, hacer todo lo posible por recuperar, por nacionalizar, un sector estratégico para el país como es el de la energía, que antes era pública y que el neoliberalismo -instalado en el capitalismo más voraz y en las políticas neoconservadoras- junto a la socialdemocracia liberal, obligó a privatizar en el conjunto del continente europeo (y en otros lugares del mundo). Alemania, Italia, Francia, Austria, Suecia o Finlandia siguen teniendo eléctricas públicas importantes y solventes. Desde luego, no creo que crear una empresa pública de electricidad, como ha propuesto Podemos y que tantas ampollas está produciendo, sea la solución definitiva a las consecuencias perversas del sistema marginalista. El que se ponga al país en un brete cada cierto tiempo, requiere mayor contundencia.
Las privatizaciones y la falta de control, y cuando no la complicidad con el oligopolio energético, está en el origen de todo. A principios de los noventa Felipe González empezó a abrir la posibilidad de incorporar capital privado a las empresas públicas y comenzó a trasladar la idea de que estas empresas en manos del Estado eran como “tener un elefante en el salón de una casa”. Aprobó la “Ley de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas” que propició 70 operaciones de venta de acciones públicas en empresas como Enagás, Astican, Seat o Campsa Pero fue Aznar el que empezó en 1996 con el proceso real de las privatizaciones. Según el Tribunal de Cuentas, con “actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos”. No podía ser menos que Reagan, Margaret Thatcher o Bush y entró a saco poniendo en marcha el “Programa de Modernización del Sector Público Empresarial” y un Consejo Consultivo de Privatizaciones para malvender, como reconocieron los propios organismos reguladores, un patrimonio extraordinario.
Así entregaron a la especulación casi todo el patrimonio público: Endesa, Trasmediterránea, Elcano, Santa Bárbara, Caja Postal, Banco Exterior, Banco de Crédito Industrial, Aceralia, Repsol, Argentaria (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial), Indra, Gas Natural, Tabacalera, Red Eléctrica, Telefónica, Retevisión, Aldeasa y tropecientas más. Según el profesor Joaquín Vergés –que ha estudiado muy bien todo el proceso- el promedio de resultados positivos de las empresas vendidas era de 4.057 millones de euros y el promedio de empresas con resultado negativo de 765 millones. Más tarde vendrían las cajas de ahorros, AENA, Loterías… Desde mediados de los 80 hasta el final de los 90 se privatizaron más de 130 empresas públicas que ingresaron en las cuentas del Estado más de 50.000 millones de euros que se han volatilizado (pero esa es otra historia).
Los propios organismos reguladores llegaron a recriminar al Gobierno la poca transparencia de las operaciones y lo precipitado de las decisiones. Y tenían razón ya que, en vez de producirse la anunciada liberalización, se dio paso –mientras se despedían trabajadores a mansalva- a oligopolios ligados al gas, la electricidad, el petróleo o las comunicaciones de la mano de personas cercanas al entonces presidente Aznar o a su ministro Rodrigo Rato (Villalonga, Alierta, Pizarro, Francisco González…). También González, Aznar y numerosos ex ministros o secretarios de estado pasaron a sentarse en los consejos de administración de las empresas malvendidas. Estas empresas tienen hoy día unas ganancias multimillonarias y de ser públicas contribuirían sin duda a paliar el déficit y a garantizar las prestaciones básicas del Estado de bienestar que demanda la ciudadanía. Algunas de ellas (como Endesa o parte de Repsol) han pasado a manos de otras naciones que toman decisiones sobre sectores estratégicos españoles.
El 19 de mayo de 2008 los líderes europeos Jacques Delors, Jacques Santer, Helmut Schmidt, Michel Rocard, Massimo D’Alema y otros socialdemócratas del continente dirigían una carta al presidente de la Comisión Europea que empezaba con un grito desesperado: “Los mercados financieros no nos pueden gobernar”. No ha servido de mucho. Incluso los socialdemócratas europeos han terminado claudicando. Como apunta Jean Ziegler (Los nuevos amos del mundo. Destino) el mercado está desalojando a la política de las instituciones y “ la privatización del mundo debilita la capacidad normativa de los estados. Pone bajo tutela a los parlamentos y a los gobiernos. Vacía de contenido a la mayoría de las elecciones y a casi todas las votaciones populares”. El sistema energético europeo está perfectamente anclado y coordinado con el sistema político. No me cabe la menor duda.
Para Sharon Beder , autora del libro “Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo” (Fondo de Cultura Económica), ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico ha obtenido los beneficios esperados: “los precios se incrementan, los servicios se vuelven menos confiables, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura de generación y se pierden miles de empleos”. Según esta investigadora australiana y profesora universitaria de Ciencia, Tecnología y Sociedad “la privatización puede ser considerada una estafa perpetrada para despojar a la sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control privado”. Y es que las privatizaciones en España huelen tremendamente a podrido. Y de aquellos polvos estos lodos, que huelen muy mal, que apestan.
Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Fuente: https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=13666&lct=28458&ejm=807