La contratación pública, en Colombia, se convirtió en el instrumento más eficaz, para que la delincuencia de cuello blanco, se apodere de un alto porcentaje del presupuesto público, casi siempre con garantía de impunidad y de retener y apropiarse de lo robado.
Todo ciudadano debería entender que los dineros y patrimonio públicos, los obtiene el estado, por el pago de impuestos y enajenación o entrega de bienes (regalías, expropiación, etc.) que pasan a integrar el patrimonio público. No son de los gobernantes.
En los últimos veinte años, diversas instituciones responsables, han analizado el problema de la corrupción e investigado los alcances y magnitud del flagelo. Todas concluyen que el estado pierde, por corrupción en contratación pública, más de $50 billones anualmente.
La impresión y conclusión es que a todos los gobiernos, no les importan ni preocupan los efectos del diabólico flagelo. Nada específico y concreto hacen para acabar con ese cáncer económico-social.
Las escasas denuncias sobre corrupción, rápidamente con la misma corrupción, se tapan o se impide que la institucionalidad actúe y sancione. El acontecer delictivo creciente, la inmoralidad burocrática y social, facilitan el ocultamiento de los hechos y en la mayoría de casos, el fracaso de las investigaciones y el archivo de la mayoría de casos denunciados. En otros, terminan con condenas ridículas o cosméticas.
¿Los dineros robados por los carruseles de la contratación en los últimos años, los podrá recuperar, la nación, los departamentos, municipios y el Distrito Capital? No. Los perdieron los contribuyentes.
¿Y todo lo que se roban en el resto del país? Pronto los cubre el olvido y la impunidad.
Refinería de Cartagena, Ecopetrol, concesiones viales, cantidad de obras inconclusas, cafesalud, Saludcoop, EPSs, Medilaser, Comfamiliar del Huila, distritos de riego, plantas de tratamiento de aguas residuales, el leonino contrato de aseo de Neiva, el Parque Isla, alumbrado público de Neiva, vías terciarias, etc., etc.
Ya no contratan por medio de licitación honesta, aunque invoquen el formalismo. Predomina, la contratación negociada y a dedo. Los órganos de control, generalmente no hacen nada o desarrollan acciones cosméticas, para cumplir formalismos legales. En otros casos, desde su mismo seno, practican la corrupción, como en el caso del Mejoramiento de la Bocatoma El Tomo, el Guayabo, Catastro de Redes, interconexión de Plantas, entre 2002-2022, entre muchos otros hechos. .
Pretender depurar la contratación pública y derrotar la corrupción, sin un ordenamiento legal, genuinamente eficaz, es imposible.
Para impedir que los criminales agazapados en los escritorios oficiales y contratistas particulares criminales, continúen con sus vicios y prácticas, se requiere depurar el servicio público, en todos los niveles. Sector administrativo, judicial, de control, fiscal y disciplinario.
La depuración debe partir del ingreso al servicio, vigilancia permanente, y sanciones al delincuente funcionario y al contratista, con mínimo destitución e inhabilidad por el resto de su vida, para ejercer funciones o contratar con el estado.
En lo público y en la conciencia social, la ética y moral colectiva, en términos generales, colapsaron. Hay tolerancia cómplice de la autoridad, con la corrupción y el delito.
La concertación de la coima, que el contratista ofrece y/o el funcionario exige para la adjudicación del contrato, tiene que contar con la complicidad y participación de los mandos medios. Se proyecta y planifica desde la elaboración de los estudios y diseños. Se perfecciona y garantiza en la confesión de los pliegos de condiciones, el cálculo del presupuesto, la complicidad de la interventoría y en la liquidación del contrato.
Son prácticas de dominio público. Muchos lo comentan y nadie lo denuncia, ante los órganos de control. El mismo marco legal vigente los protege. Tácitamente el ordenamiento legal lo impide. Debe haber testigos. Existe el mercado del silencio y la complicidad. Nadie está dispuesto a auto-incriminarse. Los delincuentes de todas las calañas, siempre dicen ser inocentes.
Las normas sobre contratación, permiten al ordenador del gasto y secuaces, cuasi legislar y violar la ley. Establecen condiciones para participar y contratar, a la medida del comprador del contrato.
Los dineros robados en la contratación pública, impiden la inversión en sectores críticos. El caso del déficit de vivienda. Con $50 billones que dicen se roban, se podrían construir más 500.000 casas, de 70.0 m2 c/u, por año. Debe ser el área mínima para una unidad familiar. En 3 años desaparecería el déficit habitacional. ¿Por qué no hacerlo?
La sobretasa al consumo de combustibles. Si no la malbaratan, permite mantener las calles de las ciudades en condiciones aceptables.
La nación, por impuesto anual a vehículos, recauda más de $6 billones anuales. Podrían pavimentar más de 1000 Kilómetros de dobles calzadas por año o 2.000 kilómetros de cazada normal.
Esa es la dimensión de la corrupción en Colombia, Sr. Elector, ese apetitoso ponqué, quieren mantenerlo y por eso no se comprometen a erradicarlo.
La corrupción se puede erradicar. El régimen no la controla porque se alimenta de ella. Es hija predilecta de la politiquería y el clientelismo.
El régimen y los usufructuarios del poder, a través de sus secuaces en el Congreso, aprueban leyes, aparentemente contra la corrupción, pero mantiene los resquicios, las llaves de escape jurídico, la cosmética investigativa y la corrupción en la misma rama judicial, para que escapen los delincuentes de cuello blanco y continúen los saqueos al presupuesto público.
Saber todo lo que ocurre con el manejo de lo público, ser consciente del problema y del desgobierno, permite reflexionar y despertar. No tragar entero, Sr. elector.
Bajo las condiciones del caos administrativo, institucional y moral, que padece Colombia, nada bueno le depara el futuro a las nuevas generaciones, si no se rescata de los bandidos, el estado fallido que estructuraron.
Son temas que en tiempos de cacería de votos, el elector debe preguntar al ávido candidato, generalmente analfabeta funcional:
¿Qué propone para erradicar definitivamente las prácticas corruptas, en todos los niveles de la administración pública?
Cuando digo candidato, me refiero al candidato al congreso y a la presidencia de la república. Igual que a candidatos a alcaldías y gobernaciones.
Estamos ante la desastrosa realidad que cada gobernante resulta peor que el anterior, desde hace decenas de años.
Da grima escuchar a candidatos en entrevistas. Todos lucen vacíos en términos de desarrollo nacional, de visión de futuro, de calidad de la salud y la educación, pero en particular, sobre la solución del gravísimo problema de la corrupción, la politiquería y el clientelismo. Ese cáncer convirtió a Colombia en una nación caótica y anárquica y en estado fallido. Aunque nos hayamos habituado a ello, es deber moral y ético, reaccionar, y retomar nuestros deberes sociales y éticos, bajo la impronta de la moral y la dignidad humana.
Despertemos. Pensemos en aquella sentencia olvidada, pero de mucho significado y actualidad: “Los grandes nos perecen grandes porque estamos de rodillas.” ¡Levantémonos!
En términos acordes con el desastre nacional, por corrupción y desgobierno, debemos decir y entender: los saqueadores del presupuesto y patrimonio público, nos parecen invencibles, porque hemos sido pusilánimes y cómplices. Se tolera la corrupción y el desgobierno.
El constituyente primario, en su condición de elector, tiene poder para revertir la caída libre, hacia el abismo del desastre socioeconómico e institucional, al que empujaron a Colombia, los politiqueros y corruptos colombianos y la irresponsabilidad política y social de los colombianos, en general.
Frente a esta inocultable realidad, y ante la proximidad de elecciones legislativas y presidenciales,
cada elector debe demostrar responsabilidad política, social y ética y por ello debe votar únicamente por quien le garantice que actuará para rescatar a la nación de la politiquería y de los corruptos y que sea capaz de desarrollar integralmente la nación, tanto para congreso como para la presidencia.
Entre los presidenciables, el único que plantea soluciones viables y factibles de lograr es Petro.
Confiemos en no equivocarnos.
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