La lucha contra la subida espectacular de los precios de los elementos básicos para la vida pasa por el incremento de los salarios y las ayudas sociales, y otras medidas contra la precariedad laboral y la pobreza.
Las perspectivas de la economía extremeña no son muy convincentes en un futuro inmediato una vez que se esperan reducciones del PIB, a pesar de que los representantes de la Junta vaticinen que con la recepción de los fondos europeos y las potenciales inversiones empresariales cabe esperar un futuro halagüeño y prometedor.
Con la subida de los precios de los alimentos y combustibles el efecto que se acentúa precipitadamente es la contracción salarial y el empobrecimiento general de la población trabajadora. En Extremadura las causas de esta disminución de las rentas del trabajo en el PIB proceden de la precarización laboral, la temporalidad, la privatización de ciertos servicios públicos, la concentración de capitales en ciertos sectores de la actividad laboral que paralelamente sustituyen capital fijo por fuerza de trabajo, el crecimiento de la economía sumergida y la falta de organización y movilización sindical.
El presidente VARA en uno de sus últimos discursos resalta con vana y delirante palabrería que somos una región de grandes oportunidades por el abundante caudal dinerario que llegará próximamente por los fondos europeos y las aportaciones millonarias para la realización de prometedoras e incentivadas inversiones industriales y de ocio, atraídas por los ricos y enormes recursos que ofrece el territorio extremeño, y con el broche que dan las valientes y acertadas políticas que realiza el gobierno de Extremadura.
Ante tanta locuacidad propia de este tipo de reformistas políticos que quieren “quedar bien” ante el conjunto de la sociedad, no cabe otra respuesta que recordar la declaración realizada por la dirigente guatemalteca Rosalina Tuyuc «Nunca tuvimos tantos derechos como ahora, pero tampoco nunca tuvimos tanta hambre como ahora». Por eso “nunca tuvimos tantas oportunidades como ahora, pero tampoco nunca tuvimos tanta amnesia de las necesidades básicas como ahora.
La creciente aceleración del empobrecimiento de amplias capas sociales es una evidencia contrastada en las localidades de nuestra región, lo que lleva a una subida de tono de las demandas populares de los bienes y servicios públicos que faciliten y hagan posible la digna reproducción de la vida personal y colectiva. Ante este clamor que surge de los sectores de los que forman parte más del 30 % de la población extremeña, el presidente de la Junta sigue con su optimista verborrea sin dar solución a los problemas de la precariedad y de la pobreza, a las necesidades de viviendas sociales, ni a la mejora de las infraestructuras educativas, sanitarias y territoriales que necesita la comunidad extremeña.
Necesitamos menos charlatanería sobre las “oportunidades coyunturales”, y una mayor intervención de los poderes públicos para garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas. Toda la hueca fraseología queda al descubierto cuando el liberalismo burgués del PSOE y de Vara aparecen defendiendo el derecho de propiedad de las entidades bancarias por encima del derecho de cientos de familias a las viviendas o con la inacción frente a la explotación particular de los recursos naturales por las grandes compañías eléctricas, o con el sometimiento a los intereses de las grandes latifundistas antes que realizar una reforma agraria que expropie grandes extensiones de tierras improductivas y sin una reacción valiente frente a las grandes multinacionales que saquean el sudor del campo extremeño a base de elevados valores de los insumos necesarios para una producción agrícola infravalorada. El gobierno regional está protegiendo el derecho de propiedad de los ricos a costa de dejar en la cuneta los derechos básicos de cientos de familias que viven con ansiedad y agobiadas ante la inseguridad de satisfacer las exigencias diarias que la vida les plantea.
La paralización de las obras públicas y la posible repercusión en los futuros compromisos electorales ha provocado el estado de alarma en el gobierno regional que de manera urgente intenta subsanar este problema adoptando la revisión al alza de los presupuestos licitados en el sector de la construcción. A lo anterior se acompaña la aprobación de leyes que faciliten una rápida y sencilla tramitación administrativa para atraer grandes inversiones a nuestro territorio. Con la misma rapidez, el ejecutivo regional debe actuar en el ámbito de los salarios y las medidas sociales para contener y disminuir el rápido deterioro que está provocando la subida espectacular de los precios de los combustibles, luz, agua, gas y alimentos en la vida de las clases trabajadoras y sectores sociales más débiles de la sociedad extremeña.
El Sr Vara, tan acostumbrado a la firma de pactos y conciertos de todo tipo con las organizaciones sindicales, CCOO, UGT, por cierto, muy colaboradoras en mantener la parálisis de la movilización sindical, y las organizaciones patronales (CREEX), debe llamar e impulsar de manera inmediata la firma de convenios colectivos, como es el caso del convenio colectivo del campo, a la actualización de los salarios del personal al servicio de las instituciones públicas regionales y en general, a la revisión de los incrementos salariales una vez que la subida del IPC ha desbordado completamente lo negociado en muchos convenios y acuerdos laborales.
Por otro lado, el gobierno regional debe incrementar las ayudas sociales que sean de su competencia, como la renta extremeña de inserción (renta básica extremeña) y complementar otras que dependen del gobierno central, como el ingreso mínimo vital, los subsidios del desempleo, el de mayores de 52 años y otras ayudas sociales, para que lleguen hasta lo establecido en la renta social europea, cantidades que alcancen a superar el umbral de la pobreza.
En la actualidad las ayudas sociales, pensiones como la no contributiva, y otros subsidios no llegan en muchos casos a la mitad del salario mínimo interprofesional, unos 500 euros. Con estas cantidades es difícil lograr un mínimo bienestar, a pesar de que en su visita a Extremadura el ministro Escrivá quisiera convencernos de ello. También es de justicia incrementar los 250 euros que se pagan en abril a las personas que cobran una pensión no contributiva.
Es una obligación capital de los gobiernos acabar con la pobreza. Ser pobre significa no disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas y quedar excluido, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que se habita. En el caso de España, en el año 2020, más del 26,4 % de la población está en riesgo de verse en esa situación y el 9,5 % sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. En Extremadura el 38,7 % de la población de Extremadura -411.486 personas- estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2020. Conviene recordar que el umbral de la pobreza, ingreso mínimo para poder atender unas mínimas satisfactorias condiciones de vida según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (julio 2021), establece que una persona se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social cuando sus ingresos son inferiores a unos 10.000 euros/anuales, y una persona está en situación de pobreza severa cuando sus ingresos son inferiores a unos 6.417,3 € por unidad de consumo al año.
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