La actividad del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, es digna de reconocimiento. Designó un gabinete de amplia aceptación para todos los sectores económicos, políticos y sociales.
La primera orden del mandatario fue poner la espada de Simón Bolívar no solo como símbolo de ceremonia de posesión; sino también de continuidad en los derroteros y alcances de un gobierno popular. En su primer día de gobierno radicó el proyecto de reforma tributaria. Así también el de legalización de las guardias campesinas, como complemento de la caracterización del campesinado colombiano en calidad de ente constitucional, proceso conocido como constitucionalización del campesino colombiano.
Se consagró al campesino como un sujeto de derecho. Una categoría jurídica que lo eleva como actor en la lucha de clases en Colombia, abordando el tema agrario como una cuestión de lucha de clases.
Nombró a quien era el director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Danilo Rueda, como Alto Comisionado de Paz. Este hecho engrana con el acierto de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en el nombramiento de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, como nuevo Alto Comisionado del Cuerpo de Paz. Este organismo es principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Así aunados, se explica el notorio avance de acercamiento del nuevo gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), acorde con la concepción presidencial de que “Una potencia mundial para la vida significa construir la paz.»
Temas tan importantes como la transición de un sistema energético de fósiles a una renovación energética ecológica, lo asume con la designación de una ministra de minas sabedora del conocimiento universal del medio ambiente, que concatena con la nueva ministra del medio ambiente y el sabio conocedor de planeación oficial, el doctor Jorge Iván González.
De igual modo, lo punzante de la Reforma a la Salud al mando de la doctora Carolina Corcho. Comenzando por la ineficacia y lo inoficioso de un intermediario de finanzas como son las EPS. Toda una activista política y social de sobrada capacitación y calificación profesional, con acogida en el seno del movimiento popular, como lo demostró en la actividad por ella desplegada durante el Paro Político Nacional (PPN) que sacudió a Colombia y contribuyó a la apertura de este nuevo gobierno de mandato popular y no oligárquico.
Asimismo, lo acuciante de una reforma a la justicia en cabeza del doctor Osuna, bajo los reajustes de parámetros como la del ente administrador, la de la eficiencia y la eficacia de los órganos de administración de justicia, que entrelaza a los actores de la justicia bajo el imperativo categórico de que la noble profesión y ejercicio de la abogacía debe dar el salto histórico a su reconocimiento y dignidad que solo lo puede avalar la creación legal de una Colegiatura Oficial Obligatoria como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de abogado.
Por último, en este escrito, la necesaria e indispensable Reforma Agraria Integral bajo la concepción de implementación de los Acuerdos de La Habana con garantía indiscutible en dirección de la doctora Cecilia López Montaño.
Así pudiera referirme a cada una de las tareas de las carteras ministeriales e instituciones oficiales que alientan en la aplicación y desarrollo de programas gubernamentales de inspiración soberana y popular. Cada uno de esos aspectos es motivo de detenimiento caracterizado en el escenario académico y político.
Téngase lo hasta aquí anotado como preludio para abordar un tema de importancia nacional: la cuestión militar.
LO DE LA CÚPULA MILITAR
El nuevo gobierno ha hecho cambios en la cúpula de las fuerzas armadas. Veamos sobre el efecto que esto tiene en los territorios sin control estatal y sin liderazgo de la tropa oficial. Aún no se puede hablar de reestructurar unas fuerzas armadas, con el ejercito a la cabeza, que en desarrollo de la falsa lucha contra las drogas y la política hegemónica oligárquica contrainsurgente se ha comportado como una fuerza de invasión contra el propio pueblo. Por las características de deshonor soberano como ha actuado las califico de ejercito Made In Usa.
Bajo la óptica de un análisis de clases, la oficialidad militar no hace parte de los grandes clubes sociales, ni se emparenta con mujeres de la alta alcurnia oligárquica citadina. Su vida social está supeditada y circunscrita a sus ostentosos Clubes de Oficiales, donde discriminan en jerarquía a la soldadesca -para ellos- junto a los exponentes burgueses, empresariales, terratenientes, feudales, traquetos y paraestatales que los frecuentan y visitan. Ellos, cual orangutanes con saco de leva, son portentosos, totalitarios, unificados como mando y usufructuarios de un poder acumulado como resultado de un conflicto armado interno de tipo prolongado, que los ha convertido en una casta de privilegiados.
Transformados en elefantes burocráticos se han apoderado de una porción del Estado, al que han asaltado y que en objetivo criterio civilista han pasado a ser “un Estado dentro del Estado”.
Resulta histórico el reconocimiento de las Fuerzas Armadas colombianas a su Comandante Supremo, compañero presidente Gustavo Petro Urrego. La cantaleta conspirativa del generalato y oficiales en uso de retiro impune, quedó relegada sin ningún peso político. El discurso en la Escuela de Cadetes José María Córdoba merece atención y análisis y, como todas las piezas oratorias y de exposición del compañero presidente, desde ya engalanan el acumulado de escritos, como guía de orientación en la consolidación de la Nueva Colombia sobre el sustento de un gobierno popular y de masas.
Conviene resaltar la enseñanza de soberanía dada al Ejército al enfilar su accionar contra el crimen multinacional asentado en el país, en un viraje total sobre la ineficaz lucha contra las drogas. Valga destacar la emulación propia en el ejercicio de la carrera militar consagrando el principio de formación desde la base a la oficialidad, de ser todo soldado un aspirante a general. Esto, coadyuvado con el ejemplo consecuente de preferir un asiento en la mesa del comedor con los soldados y no el puesto en el comedor de la oficialidad y el generalato.
El presidente Gustavo Petro ha demostrado la independencia y capacidad de mando y dirección del país que representa como Rama Ejecutiva nacional. No se dejó imponer una agenda protocolaria que, a todas luces a destiempo, le habían programado antes de estar cumplidos los requisitos oficiales en torno a los recientes nombramientos de la cúpula militar que conllevó la llamada de servicio a más de 53 oficiales y/o generales en turno de ascenso militar. Esas reuniones previas al acto de designación del reconocimiento del mando eran improcedentes y resultaron de sensibilidad para la inteligencia popular que vela por la seguridad del compañero presidente.
Las respectivas ceremonias de reconocimiento se llevaron a cabo el día 19 de agosto con los mandos policiales y el día 20 de agosto con la oficialidad militar, sin necesidad de tales “reuniones previas”. Se registra que con anterioridad al 19 de agosto la airada expresión del exgeneral Zapateiro, en uso de retiro impune, y aúlicos de la secta, que no partido de gobierno anterior, enrarecían el ambiente con altisonantes discursos y llamados por las redes sociales a dar un golpe de Estado en Colombia.
La acuciosidad de estadista, conocedor del país y de la correlación de fuerzas activas y subterráneas por parte del presidente Petro, han sido garantía para preservar su integridad física. El olfato político popular y de conocimiento de la realidad pudo alertar al señor presidente de la gavilla que le tenían preparada los alcaldes citados por una asociación de burgomaestres desnaturalizada, antes de su posesión como presidente. Esos alcaldes eran los mismos que habían ungido, con su ilegal participación en política, al candidato de la continuidad de un gobierno narco-paramilitar que en la memorable fecha del 19 de junio de 2021 el pueblo colombiano dio al traste en su continuidad. La reunión con los alcaldes del país ya se dio como muestra de la solidez y gobernabilidad del nuevo presidente.
UN VIRAJE EN LA INTELIGENCIA DEL ESTADO
En la misma línea consecuente de hechos y actuaciones oficiales corresponde destacar el acierto, propio de auténtico estadista del presidente Petro, al nombrar como Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia al doctor Manuel Alberto Casanova. Fue militante del M-19 y por ende funcionario que inspira confianza en los derroteros de complemento y armonía estatal para llevar a cabo en tal entidad. Fungirá como un agente de seguridad estatal a tono con el servicio preventivo de la integridad de líderes sociales y excombatientes desarmados de las antiguas FARC, así como ojo avizor de la integridad de los cuadros, activistas y militantes alternativos en el seno del movimiento popular. Por fin podremos asegurar que las alertas tempranas tendrán efectivo proceder. Un ejercicio mancomunado del señor ministro de la Defensa junto con el Director Nacional de Inteligencia, auguran las directrices de control y mando de y hacia la Dirección y Subdirección de la Policía Nacional en esta labor constitucional de política de seguridad.
Desempeñarán una labor conjunta y en consonancia de inteligencia popular, en cuanto a la protección de los líderes y lideresas sociales, comunales, gremiales, sindicales, afrodescendientes, del campesinado, indígenas, ambientalistas, políticos, etcétera, que conforman el colectivo de activistas en el seno del movimiento popular y que dejarán de ser objetivo de un narco-Estado superado.
Todo hace vislumbrar que en armonía política conjugarán un haz de ejercicio multitudinario y de construcción de democracia directa y de masas, conforme al espectro predominante que la cualificación política del movimiento popular respira con el nuevo gobierno.
Las fuerzas armadas colombinas aún están imbuidas de una mentalidad contrainsurgente, guerrerista, ajena a una apertura de reformas política, económicas y sociales. No se puede negar el reto del actual gobierno en la superación de la crisis de legitimidad de la fuerza pública. En esto no califican formulas conciliadoras, pero sí cambios estructurales.
Lo anterior emana de la observación objetiva y dialéctica del curso de la nación colombiana como país y como pueblo organizado, puesto que el poder castrense imbuido de la política hegemónica oligárquica y pro imperio de las fuerzas armadas colombianas no se ha desmoronado.
Por eso, hablo de un resquebrajamiento, de una fractura; pero no está vencido ni roto el vetusto aparato militar, ni la doctrina fascista y militarista del enemigo interno. Ante este reto, todo está por hacerse.
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