Vivir en Andalucía, leyes que expulsan y sueldos que no llegan

La Junta de Andalucía anunció a finales de agosto que había comenzado la redacción de una nueva Ley de Vivienda que tiene como propuestas centrales la creación de nuevas viviendas de protección oficial y el rechazo a realizar un protocolo de regulación en los alquileres. “No creemos en esas recetas como la que propone el Gobierno de España de intervenir en el mercado de los alquileres. Nos parece que es intervenir en un derecho que es fundamental, que es el de la propiedad privada, y nos parece que la solución es aumentar la oferta. De esa manera vamos a conseguir también que se bajen los precios”, de este modo justificaba la propuesta la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo. Con esta propuesta de ley y junto a la ley del suelo, Ley LISTA, aprobada en la anterior legislatura, el Gobierno andaluz quiere proclamarse como un territorio abierto a la inversión de las constructoras. 

Toda esta decisión en un contexto en el que los precios del alquiler no paran de subir en todas las provincias andaluzas que, junto a los sueldos que siguen estando a la cola de todo el estado, están desembocando en el abandono de sus casas de muchas vecinas históricas, el empobrecimiento de muchas familias andaluzas y la incertidumbre de un futuro para las más jóvenes. La Junta de Andalucía prometió a principios del 2022 la puesta en marcha del Bono joven del alquiler pero esta medida, que ya lleva meses vigente en otras comunidades del Estado, no ha arrancado todavía.

Según datos del portal Idealista.com, el precio del alquiler en Andalucía ha subido de media un 7% durante los últimos 36 meses. En provincias como Málaga el porcentaje de subida ha llegado a 19,5% en los últimos años. A la subida del alquiler y del precio de la vida generalizado en todas las zonas de Andalucía se le suma un aumento del paro en todas las provincias. En el mes de septiembre la comunidad ha liderado la subida estatal, una vez más, con 6.788 nuevos desempleados. 

La inversión en construcción de vivienda y la ampliación del mercado inmobiliario son dos de los objetivos principales de esta legislatura, según la propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo. El Gobierno andaluz justifica la visión social de su propuesta de ley de vivienda con “la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler”, según reconoce oficialmente. La construcción de estos proyectos inmobiliarios se realizará en los extrarradios de las ciudades, como el iniciado el pasado 3 de octubre en la Hacienda El Rosario (Sevilla).

Esta medida, junto a la falta de regulación del alquiler, supone una estrategia para convertir los barrios céntricos e históricos de las ciudades en lugares para las clases más acomodadas y el turismo, como distintos colectivos llevan denunciando hace años. Una realidad que desde hace décadas se lleva extendiendo a nivel mundial rompiendo las historias de los barrios y las ciudades, y que subyace dentro de discursos como el del PP andaluz. “Existe la idea de que el desplazamiento de ciertos grupos es de esperar y que el recorrido normal del desarrollo urbano se dirige hacia una riqueza cada vez más concentrada”, argumenta Leslie Kern en su libro La gentrificación es inevitable y otras mentiras. A pesar de que las ciudades andaluzas llevan años sufriendo la expulsión de sus vecinas, esta realidad se está agravando y acelerando debido a las políticas del Gobierno de Juanma Moreno.

Las políticas en torno a la vivienda del Gobierno andaluz están intrínsecamente relacionadas con la falta de medidas reguladoras de la actividad turística. Hace unos días, Juanma Moreno rechazaba la puesta en marcha de la tasa turística, una medida que ya está implantada en muchas capitales europeas, para “sufragar las cargas extraordinarias que genera la actividad turística”. Los pisos turísticos no dejan de aumentar en Andalucía que en el año 2020, en plena pandemia, registró 2.000 aperturas más de este tipo de alojamiento.

El presidente de la junta de Andalucía ha reiterado en varias ocasiones que cree que el turismo es un “sector estratégico”, la base de su publicitado “milagro económico”, y que cree fervientemente que Andalucía “tiene que avanzar en todo el turismo que podamos”. 

Éxodo vecinal

La contraparte de este “milagro del turismo” es que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de desahucios, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ellos, el 70% son consecuencia de impagos de alquiler. En ciudades como Córdoba, la media anual de este tipo de lanzamientos ha crecido un 20% en el segundo trimestre de 2022.

La semana pasada se daba a conocer la fecha del desahucio por impago del alquiler a una familia del barrio de la luz en Málaga, con cuatro hijos menores, dos de ellos con autismo. María Martín, madre de esta familia, comentaba el pasado 28 de septiembre en una concentración frente al ayuntamiento de Málaga para parar su desahucio: “Yo no quiero que nadie me regale absolutamente nada, yo quiero una cosa que yo pueda pagar, 400- 450 euros, pero no 800 ni 900 como está ahora, eso no se lo puede permitir nadie”. Los vecinos del Perchel en Málaga llevan años de lucha contra el proyecto urbanístico de la empresa Dazia Capital que pretende expulsar a los vecinos históricos de sus barrios. El pasado 5 de octubre, un vecino recibió la primera de las cartas de desahucio en la zona.

La historia de movilizaciones forzadas se repiten en toda la cartografía de Andalucía bajo el nombre de distintos barrios: San Julián (Sevilla), La Magdalena (Córdoba), Lagunillas (Málaga) o Santa María (Cádiz). María Barrero Rescalvo, es investigadora sobre el impacto urbano del turismo en Andalucía y comenta la dificultad de poder estudiar y dar a conocer esta realidad: “No hay interés desde las instituciones públicas por generar estadísticas sobre el desplazamiento de población”.

El derecho a la vivienda vuelve a ser una de las preocupaciones esenciales para los movimientos sociales en Andalucía. En todo el territorio se están llevando a cabo propuestas para la defensa y la gestión de espacios habitacionales. En La Casa Invisible, Málaga, se llevará a cabo durante los próximos meses una formación de vivienda organizada por la PAH Málaga, el Sindicato de Inquilinas y Stop Desahucios, entre otros colectivos.

En Granada, la Oficina de Okupación ha surgido como consecuencia de las continuas crisis habitacionales. “La Okupación es la última herramienta que tienen muchas personas para acceder a una vivienda”, comenta Pepe R. Desde la oficina de okupación de Granada se subraya el importante aumento de las llamadas que están recibiendo en los últimos meses. En su mayoría, dice este militante granadino, “se trata de personas que llevan muchos meses viviendo en coches y que no les dan una situación habitacional desde las instituciones”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/vivir-en-Andaluc%C3%ADa