El Estado como forma política del capital dispone de todos los recursos posibles económicos, militares, judiciales, propagandísticos al servicio de la burguesía. La estrategia política-militar del capital se centra en crear las condiciones más propicias para la obtención de los máximos beneficios, para la acumulación de capital.
Para esto necesita mantener un mínimo de estabilidad social y apaciguar a las clases más castigadas por la crisis para que el proceso de explotación asalariada se desarrolle sin muchos conflictos. Un caso flagrante de esta estrategia es el IMV. Una especie de renta mínima que hace meses puso en marcha el Ministerio de la Seguridad Social. Lo calificaron y presentaron como “medidas sociales” que acababan con la pobreza.
La propaganda superó todos los límites entusiasmando a los sectores reformistas y socialdemócratas que en sus ensueños sin fronteras retrocedieron a las ideas propias del socialismo utópico que con reformas en el interior del capitalismo era posible acabar con la pobreza y la precariedad vital. Las políticas socialdemócratas que abandonan la socialización de los medios de producción y la construcción de un Estado socialista al en poder y al servicio de las clases trabajadoras no han conseguido nunca mejorar las bondades del capitalismo ya que encuentran las barreras objetivas e inconciliables de una sociedad dividida en clases.
Un ejemplo del fracaso de las políticas reformistas es el Ingreso Mínimo Vital. En muchas ocasiones nos hemos referido a él, poniendo de manifiesto que viene a ser una renta mínima más que mantiene las estructuras sociales de la pobreza. No obstante, queremos señalar algunos detalles más que con el tiempo van saliendo a la luz y muestran como el Estado a través de sus ministerios y administraciones pública persiste de muchas formas posibles en el castigo y en la violencia contra los sectores sociales económicamente más débiles.
En Extremadura, algunas personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones importantes, sin justificaciones entendibles. En otros casos, reciben escritos de que cobrarán una cantidad determinada y los ingresos que perciben son diferentes en cantidades muy inferiores.
Si en el año 2021 decíamos que las reducciones en las cantidades percibidas durante el año 2021 se debían a que en la declaración de la renta, que debe hacerse según las modificaciones de la nueva normativa de la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital, el INSS está teniendo en cuenta lo que se ha cobrado por las rentas mínimas autonómicas durante el año 2020 y aplicando los descuentos correspondientes según lo cobrado por las personas o familias.
Ahora, al término del 2022 y comienzos del 2023 se vuelve a repetir aquella situación en la que algunas familias de la región están recibiendo cartas procedentes de la Seguridad Social en relación con el IMV en las que se les informa de una reducción de las cantidades mensuales que percibirán durante el año 2023. En ellas se aprecian recortes del 40 o 50 % respecto a las escasas ayudas sociales que venían percibiendo con anterioridad. Es decir, quienes cobraban 500 euros cobrarán unos 200 o 300 euros.
Esto proviene de que a las familias que percibían la Renta de Inserción Extremeña se les obliga a solicitar el IMV. Como este se concede con retraso de 4 o 5 meses, con carácter retroactivo desde el momento inicial de solicitud, suponía la percepción de unos ingresos puntuales de unos 2000 o 3000 euros, según los casos.
Ahora, para recuperar la cantidad cobrada por la Renta Anual Garantizada abonada durante esos meses, la Seguridad Social les va a descontar durante un año parte del IMV, la fracción mensual equivalente a lo cobrado. Como resultado de este descuento mucha gente ingresará unas cantidades de verdadera miseria. A ver qué familia puede vivir con 300 o 400 euros o menos durante un año.
No sólo hay muchas familias en situación de pobreza que se están quedando fuera del IMV, sino que la miseria se extiende a consecuencia de los retrasos y la tardanza en la gestión del IMV.
Algunas organizaciones sociales y políticas en Extremadura estamos exigiendo:
1.- Que las ayudas sociales como el IMV alcancen una cuantía que permita una vida digna a las personas y familias que lo perciben comparable al Salario Mínimo Vital.
2.- Que los fondos que las Comunidades Autónomas se ahorran al desaparecer las rentas mínimas y ser sustituidas por el IMV, como es el caso de la Junta de Extremadura, sea destinada al incremento de las cantidades correspondientes a estas ayudas sociales, a las pensiones no contributivas, y en general a la lucha contra la pobreza.
3.- Que haya una mayor coordinación entre la Junta de Extremadura y el Estado para que quienes perciben estas ayudas sociales no sufran los efectos de esa descoordinación política y administrativa entre las administraciones públicas. Las familias no son responsables de que se retrase la tramitación del IMV.
4.-Que se aceleren las resoluciones de concesión del IMV. No se necesita tanta burocracia para calificar la pobreza: los empadronamientos, los contratos de arrendamientos, las resoluciones judiciales de mantenimiento económico, etc.
5.- Que se incrementen las plantillas de personal en los servicios sociales municipales y en los de las Comunidades Autónomas la Junta de Extremadura.
6.- Que se incremente el personal administrativo y técnico de la Seguridad Social para acelerar las concesiones de las ayudas sociales, sin tener que esperar a que transcurran meses para la resolución.
7.- Para conseguir estas cuestiones básicas que mejoren la vida de las clases explotadas y acaben con la dictadura del salario y la explotación, tenemos que trabajar por la necesaria coordinación, organización y movilización a nivel de todos los territorios del Estado Español para ser capaces de establecer un poder popular y obrero que transforme el aparato del Estado heredado del franquismo y lo pongamos al servicio de las clases trabajadoras y sectores sociales populares.
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