Un gobierno, realmente decidido a mejorar el nivel de vida de sus gobernados, debe tomar decisiones económicas, jurídicas y sociales, fundamentadas en análisis económicos y sociales, racionalmente sustentables y justificables.
La creciente crisis socioeconómica nacional colombiana, los endémicos índices de pobreza, desempleo, subempleo e inseguridad ciudadana, afectan todos los sectores sociales, pero en particular y con mayor severidad, a más del 80% de colombianos, ubicados entre los de ingresos medianos y bajos.
En ese sector social se registra el mayor desempleo, subempleo y bajos ingresos y es donde los efectos de la inflación, ocasiona los mayores daños.
Ese ambiente económico-social, es endémico y en los últimos años muestra tendencia a agudizarse. Son hechos y factores socioeconómicos que demandan soluciones efectivas y en los que el actual gobierno, debe concentrar sus acciones y políticas de estado, para revertir las dinámicas del subdesarrollo nacional e inequidad socioeconómica.
La crisis del sector agropecuario, obedece a una concurrencia de factores: procesos de desarrollo inadecuados, bajos rendimientos productivos, deficiente calidad del producto, altos costos de insumos, entre otros, que se reflejan y traducen en bajos rendimientos económicos al productor agropecuario tradicional.
Es una realidad socioeconómica, que padece Colombia, desde siempre y que los gobiernos han utilizado con fines populistas. Prometieron pero nunca decidieron desarrollar políticas de estímulo a la producción, la innovación, de aplicación de tecnología, favorables al mejoramiento de la productividad, calidad y competencia en el mercado.
Los anteriores gobiernos, aceptaron el recetarios de los centros de poder y dominación internacional, para favorecer las importaciones, de muchos productos, que compiten desigualmente con la producción nacional, hasta arruinarla, como ocurrió con la apertura económica de los años 90, que convirtió a Colombia en importadora neta de productos, como maíz, trigo, arveja, frijol, algodón, leche, etc. El área sembrada, permanece en los niveles de l990.
De esa manera, incondicionalmente favorecieron las importaciones, hasta alcanzar los volúmenes del año 2021, de 16 millones de toneladas, de alimentos que antes de la engañosa apertura económica se producían en el territorio nacional.
Esas importaciones desequilibraron la balanza de pagos, en 2021, en más de U$8.000 millones/año, suprimió más de tres millones de puestos de trabajo, incentivó el desempleo y subempleo y demostró la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores con sus gobernados, al obedecer las recetas ordenadas por el capitalismo global.
Son aspectos vertebrales que el actual gobierno nacional, debe tener en cuanta, para revertir las tendencias de sumisión al poder transnacional e introducir las reformas que garanticen la reactivación de la producción nacional, en todos los sectores de la actividad económica y de esa forma, generar empleo e ingresos a los ciudadanos y dinamizar la sustitución de importaciones por producción nacional.
Discursivamente es facilísimo y motiva entusiasmos en varios sectores de la población. En la práctica, demanda mucha responsabilidad, en la definición ponderada de los proyectos sectoriales, en la garantía de solvencia y sustentabilidad de estudios, definición de cronogramas de implementación y desarrollo, disponibilidad y manejo de recursos y análisis de detalles de cada proyecto, en cada área del desarrollo. No es sencillo, pero no es imposible. Exige meticulosidad, capacidad técnica probada y sobre todo, honestidad.
Recuperar el área perdida, en producción agraria, medida con el volumen de las importaciones de los últimos años, demanda doblar el área sembrada, de hoy. El sector pecuario, en particular ganadería, con media vaca por hectárea, requiere un tratamiento que involucra hasta el cambio de mentalidad de los ganaderos. Es algo que requiere el transcurso de varias generaciones, y la inducción de ciencia y tecnologías de punta, en todos los aspectos.
En el equipo del nuevo gobierno, hay unos pocos ministros que lo hacen muy bien, pero, hay colados. Explicable por los necesarios acuerdos, a nivel legislativo, para disponer de gobernabilidad.
Todos los proyectos para lograr los cambios, socioeconómicos, académicos, tecnológicos que deben soportar el desarrollo, deben inmunizarse contra la corrupción, la politiquería, el clientelismo, el amiguismo, la mediocridad y la precaria consciencia social.
Un gobierno, realmente decidido a mejorar el nivel de vida de sus gobernados, debe tomar decisiones económicas, jurídicas y sociales, fundamentadas en análisis económicos y sociales, racionalmente sustentables y justificables.
Es conveniente repasar la historia reciente. Los gobiernos de los países en desarrollo, que suscribieron convenios y tratados de libre comercio, en los términos que lo hicieron, desconocieron y denegaron el imperativo de potenciar la producción nacional, para mejorar los ingresos de los ciudadanos, reducir progresivamente la pobreza y poder competir en el mercado internacional.
La audacia macabra y falaz de los gobiernos, “para ayudar a los pobres”, es recurrir a los subsidios, que en Colombia ya superan los $100 billones anuales. Es criterio y decisión equivocada y perversa respecto al resultado final. Los subsidios populistas, solo constituyen paliativos temporales, que no resuelven las causas del problema y generan conformismo.
Las reales soluciones a los efectos de la pobreza y segregación social, solo se logran generando empleo permanente, racionalmente pagado. Ese empleo, no debe disfrazarse en actividades cosméticas y/o folclóricas. Debe dirigirse a la producción de bienes y servicios y construcción de riqueza real.
La solución de la crisis agropecuaria, exige desarrollar políticas específicas de estado, en el sector, con inducción concreta de ciencia y tecnología y asesoría técnica especializada permanente.
La garantía y seguridad del propósito, debe garantizarlo la calidad y pertinencia de la implementación de procesos soportados en ciencia y tecnología y esto demanda calidad en la formación tecnológica y sustitución de importaciones, al máximo posible. Esta decisión, demanda la revisión de los Tratados de Libre Comercio. Los TLC, y/ o tratados comerciales entre naciones, no son malos per se. Lo son por los términos con que son negociados, y el abandono de los gobiernos a la producción nacional.
Si es consciente el actual gobierno, de lo que demanda la nación, para superar el rezago en desarrollo integral, debe hacer lo que corresponda, para revisar y renegociar todos los acuerdos comerciales internacionales, suscritos por anteriores gobiernos. Ningún país en desarrollo ha superado la pobreza y se ha desarrollado, con base en tratados de libre comercio, como los suscritos hasta hoy.
Colombia, después de diez años de vigencia del TLC con EE.UU.: las exportaciones tradicionales han decrecido permanentemente, se amplió el déficit comercial con EE.UU., las exportaciones de petróleo, carbón, platino, oro y demás minerales igual que las flores y el café, no hacen parte del TLC. Impuso, a favor de EE.UU., desregulación progresiva para la entrada de productos agrícolas estadounidenses, y garantía a multinacionales, para monopolizar el mercado de los agroquímicos y semillas. 85%, provienen de EE.UU. Es un atisbo de la dimensión del TLC con EE.UU., negociado con el beneplácito de delgados irresponsables de gobiernos, burócratas que engullen dogmas sin análisis ni responsabilidad social y económica.
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