La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) destaca que entre los inicios de 2023 y el 19 de marzo han muerto asesinados 30 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia (el último caso es el del dirigente comunal José Eduardo Cárdenas Sánchez, en el municipio de Quibdó –departamento de Chocó-); a ello se debe agregar –durante el mismo periodo- la ejecución de cuatro personas firmantes del Acuerdo de Paz/excombatientes de las FARC.
En un contexto más amplio, la entidad estatal Comisión de la Verdad; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG) cifra en 450.664 las víctimas mortales del conflicto armado en Colombia, entre 1985 y 2018 (datos junto al Informe Final, julio 2022); el porcentaje más elevado de homicidios tuvo como autores a los grupos paramilitares, y el departamento más afectado fue Antioquía.
Según el reporte, 121.768 personas fueron víctimas de la desaparición forzada (1985-2016); en estas tres décadas, el desplazamiento forzoso afectó a 752.964 personas de origen colombiano (el 52% mujeres); en cuanto al balance de masacres, se registraron –según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)- al menos 4.237 en todo el país, en el periodo 1958-2019; las escabechinas ocurrieron en el 62% de los municipios colombianos, con un balance de 24.600 muertos.
El pasado 9 de marzo la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia organizó un conversatorio –en Ca Revolta de Valencia- titulado La Unión Patriótica (UP) una esperanza de paz ahogada en sangre; en el acto se proyectó el documental de 50 minutos Volver a nacer. Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia (2008), dirigido por el periodista Paco Simón y el realizador Óscar Bernácer.
La actividad contó con la presencia de dos sobrevivientes de la UP, Claudia García Giraldo y Héctor William López; la cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Maghmud, designada por el presidente Gustavo Petro; y Paco Simón que coordinó un libro con el mismo título que el audiovisual, editado por CEPS en 2010.
El acto público tenía relación con la “sentencia histórica” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fechada el 30 de enero de 2023, que atribuía al Estado de Colombia la responsabilidad por el exterminio del partido político Unión Patriótica (más de 6.000 víctimas entre militantes e integrantes, desde 1984 y durante más de dos décadas).
El comunicado de la Corte IDH subraya que el 28 de mayo de 1985 la Unión Patriótica se constituyó como organización política; ello fue resultado de un Proceso de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno que presidía entonces Belisario Betancur (Acuerdos de La Uribe, 1984).
“Como consecuencia de su rápido ascenso (de la UP) en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP”, explica la nota informativa del Tribunal.
Y comenzaron a perpetrarse actos de violencia contra integrantes, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica por casi todo el país: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y desplazamientos forzosos, amenazas, torturas, acciones de estigmatización y judicializaciones indebidas.
La Corte se expresa en términos de un “plan de exterminio sistemático” y un “crimen de lesa humanidad” con la participación de agentes del Estado y la “tolerancia y aquiescencia de las autoridades”.
Se da la circunstancia, argumenta la CIDH, que las investigaciones sobre las citadas acciones violentas “no fueron efectivas”, a lo que se añaden los elevados niveles de impunidad.
El documental Volver a nacer comienza con el testimonio de un afrocolombiano en el exilio, Hoover, que reside con su familia en la ciudad de Reus (Tarragona); perseguido por su militancia política, había salido siete años atrás de Bucaramanga (capital de Santander).
“Nos marchamos entonces con mi esposa, y una familia nueva se pasa allí; con todo el infortunio de que al próximo fin de semana le tocan la puerta, abre, y sin preguntar son ametrallados su hijo, esposa y el muchacho que abre; yo creo que nunca se enteraron de que habíamos salido de casa, y pensaron que esa pareja y ese niño seguíamos siendo nosotros. Y les asesinaron”.
Asimismo el texto de la Corte indica –entre los miles de personas víctimas de la UP- los casos de ejecuciones extrajudiciales (3.170) y los de desplazamiento forzado (1.596); otra circunstancia importante de la represión fue la ejercida sobre los menores: al menos siete niñas y cuatro niños fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales o lograron sobrevivir a masacres.
La Corte Interamericana remarca que una “parte importante” del plan de exterminio tuvo como víctimas a las mujeres (“algunos de los hechos se refieren a violaciones sexuales en contra de mujeres militantes de la UP”); también se dio el caso de profesionales del periodismo que sufrieron acciones violentas.
El volumen Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 (CNMH, 2018) alcanza la siguiente conclusión: “La UP tuvo su mayor éxito electoral –con el 4,5% de la votación- en las elecciones presidenciales de 1986, pero concentró el 66% de la violencia política. En un proceso en que asesinaron a sus dos candidatos presidenciales en apenas cuatro años, a seis de sus 16 congresistas, 17 diputados departamentales y 163 concejales, esto sin contar a los miles de militantes que en el entre tanto perdieron la vida”.
En La esperanza acorralada. El genocidio contra la Unión Patriótica (Comisión de la Verdad, 2022) se destaca el surgimiento de la UP como alternativa al sistema político existente (el Frente Nacional -pacto entre el Partido Conservador y el Partido Liberal- se había disuelto en 1974; a las elecciones presidenciales de 1986 se presentaron Virgilio Barco -liberal-; Álvaro Gómez –conservador-; y Jaime Pardo Leal –de la Unión Patriótica).
“En múltiples municipios (la UP) fueron gobierno al conquistar con votos las alcaldías desplazando a élites locales de los partidos tradicionales. Desde estas posiciones intentaron acercar el Estado a la ciudadanía y sus necesidades, y combatir el clientelismo y la corrupción”, detalla La esperanza acorralada.
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