La crisis política-administrativa nacional, de la presente semana, es fiel reflejo y consecuencia directa, de la resistencia a los cambios económicos, políticos y sociales, que necesita Colombia.
Estos son factibles en el presente, por la presencia en el poder ejecutivo, de un colombino que tiene una visión y concepción progresista, del ejercicio del poder público y de los derechos sociales.
El actual jefe de gobierno, esta demostrando con sus decisiones y acciones, que tiene el propósito de introducir cambios institucionales y reformas socioeconómicas. Los ciudadanos del común, podemos concluir, que los enemigos de las reformas socioeconómicas y del desarrollo nacional y de la equidad socioeconómica, rechazan los contenidos y objetivos de las reformas, porque consideran que, al ser aprobadas, afectan sus personalistas intereses económicos y los de sus aliados y limitan las gabelas, que el sistema de gobierno tradicional, les ha garantizado, desde siempre. Lo podemos comprobar en el presente. El problema para los políticos tradicionales es el contenido de las Reformas presentadas por el actual gobierno.
Entre otros políticos, los expresidentes, que durante el ejercicio del poder presidencial, nada específico hicieron para superar el atraso social e insatisfacción ciudadana y el desarrollo de nación. La cruda realidad cosiste en que engañaron a las mayorías colombianas. Entre otros, Cesar Gaviria y sus secuaces, Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y oportunistas calculadores como Vargas Lleras y gremios económicos y empresariales como, Acopi, Acoplásticos, Afidro, Analdex, Andi, Anif, Asobancaria, Camacol, Confecámaras, Fasecolda, Fedemetal, Fenalco y SAC, VANIF, Colfondos y socios beneficiarios.
Esos individuos y gremios, absolutamente nada plantean, argumentan o exigen, ante los nubarrones económicos y sociales que amenazan a Colombia, en el presente. Entre otros, el creciente y abultado déficit fiscal, el déficit exponencial de la balanza de pagos, el endeudamiento público oficial, interno y externo, la caída endémica de exportaciones y de precios de productos extractivos, caída de IED, reducción del crecimiento industrial, deplorable potencial competitivo, inflación económica endémica, altas tasas de desempleo, subempleo, la criminalidad creciente, altos índices de impunidad y corrupción, anarquía institucional, colapso ético y moral de los partidos políticos y sobre las tendencias comerciales y económicas globales que presagian futuro incierto.
El endeudamiento público oficial, atizado por la abrupta caída de ingreso de divisas, hará difícil el manejo económico, sobre todo por los folclóricos compromisos en inversiones en infraestructura y el tozudo empeño de privatizar el remanente patrimonio público, como ocurre con las troncales viales, Isagen, generación de energías limpias, etc. La irresponsable privatización de las carreteras principales, hará imposible reordenar el transporte para reducir costos y por el contrario lo incrementará.
Esos expresidentes y gremios, guardan silencio sobre el precio de combustibles, perspectivas de Ecopetrol. El precio de combustible está entre los más altos de la región y el continente. El problema de los peajes. Anteriores gobierno inundaron de peajes las carreteras concesionadas. Nada plantean sobre el atraso vial. El atraso en infraestructura es un lastre para el desarrollo. Los gobiernos anteriores y la clase política que ha gobernado, a Colombia, desde hace más de 200 años, son únicos responsables del atraso, la pobreza y miseria generalizadas, la concentración de la riqueza en pocas manos y la inseguridad ciudadana. Y ahora, se oponen a las reformas, cuyo objeto es resolver problemas de inequidad socioeconómica y atraso nacional.
En Latinoamérica, Colombia continúa a la cabeza de la desigualdad socioeconómica. Los programas de gobiernos para cerrar la brecha, entre pobres y ricos nunca logran su objetivo. Entre 1990 y el 2013, (gobiernos de, Cesar Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe Vélez, Santos), creció más la desigualdad en Colombia (ONU), que en el resto de la región.
A partir de 1990, como resultado de la imposición del Consenso de Washington, se acentuaron. Se intensificó la migración del campo a la ciudad y la consolidación de los cinturones de miseria en ciudades, constituidos en caldo de cultivo de organizaciones delincuenciales de todo tipo, al servicio del narcotráfico, el contrabando y grave amenazan de la seguridad ciudadana, en toda la geografía nacional.
El ejercicio del poder político colapsó, en beneficio de élites cercanas al poder político y económico. El declive socioeconómico, para las mayorías nacionales empobrecidas, se hizo más dramático, desde 2002, con el acceso al poder del nefasto Uribe Vélez. Para garantizar la penetración del capital trasnacional y el poder y la seguridad del capital, nacional y transnacional, recurren a todo tipo se sofismas y estrategias. Entre otras, creación de Zonas Francas. En 2002 había 12. Hoy hay más de 72.
Después de 32 años de apertura económica ilimitada, Colombia sigue a la zaga del desarrollo socioeconómico de la región. A este dramático panorama fiscal-económico e institucional, se agrega la caída de la producción de petróleo y precios de productos extractivos. El 72% de las exportaciones nacionales, que hasta hoy se conocen como tradicionales, son materias primas, sin ningún o escaso valor agregado, incluido el petróleo.
Las exportaciones no tradicionales, de bajo contenido tecnológico en Colombia, pero que son las de mayor valor agregado y generación de empleo, no crecen y por ello crecen las importaciones de alimentos básicos y baja tecnología.
La producción de alimentos, que genera ocupación laboral no calificada, sucumbe ante las importaciones, especialmente de EE.UU. En 1990, la importación de alimentos de origen agropecuario fue de un millón de toneladas. En 2013, fue de 12 millones de toneladas y en 2022 de 16.0 millones de toneladas.
Todo, resultado del pésimo manejo socioeconómico que los gobiernos anteriores desarrollaron en sus correspondientes períodos, para acatar ciegamente las órdenes del imperio del capital, nacional e internacional.
No se atrevieron a reestructurar sectores fundamentales de los servicios, como la salud y la educación, para no afectar intereses de los explotadores de esos sectores. Son actitudes y decisiones del poder del régimen consagrado en Colombia, que imposibilitan la remoción y superación de las causas fundamentales del conflicto e impiden, el desarrollo de políticas para el posconflicto.
Son entre muchos otros hechos, los que justifican las reformas que el actual gobierno trata de lograr aprobación del poder legislativo. Son las reformas a las que ciega y perversamente se oponen expresidentes, gremios económicos, comerciales y de servicios. Sin reformas progresistas, sensatas y racionalmente estructuradas, es imposible lograr desarrollo socioeconómico equitativo y acorde con los adelantos científicos y tecnológicos. El pueblo debe entender el desafío y debe volcarse a apoyarlas. Debe prepararse a utilizar los recursos constitucionales, establecidos para el Constituyente Primario.
El campo de batalla debe darse en las urnas, para aprobar los REFERENDOS, que sean necesarios, para poder emprender el desarrollo nacional que demanda Colombia y sus ciudadanos de bien.
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