64 líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia entre enero y mayo de 2023, según el Observatorio de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); el último de los casos reportados (11 de mayo) es el del veedor ciudadano Jhon Fredy Rueda Rodríguez, víctima de los sicarios en el municipio de Sincelejo (Sucre); a ello se suman otros crímenes durante el mismo periodo: 11 excombatientes de las FARC firmantes de los Acuerdos de Paz y 34 masacres con 112 víctimas.
Además de las reformas sanitaria, educativa, tributaria y de las pensiones, la presidencia de Gustavo Petro ha promovido la prórroga de la Ley 418 de la Paz Total (noviembre de 2022) y el Proyecto de Ley por el que se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (marzo 2023).
Son algunos de los puntos tratados en el conversatorio –celebrado el 16 de mayo en Valencia- que CEDSALA y la Coordinació Valenciana de Solidariitat amb Colombia organizaron con la lideresa social María Mercedes Ramos Cerinza (Camino hacia la paz total, perspectiva desde los territorios).
María Ramos Cerinza es coordinadora de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER); integrante de la Fundación Pasos de Derechos Humanos (DDHH) y miembro de la comisión nacional de DDHH del Congreso de los Pueblos.
En el acto hizo referencia al Paro Regional Indefinido por la Vida y la Permanencia en el Territorio, que durante 72 horas, a finales de enero, llevaron a término comunidades campesinas en la región de Los Dos Ríos; uno de los motivos del bloqueo viario fue exigir el reconocimiento de la emergencia humanitaria (en el Magdalena Medio), ante “los constantes ataques y la amenaza de la arremetida paramilitar”. Exigieron la “reacción inmediata” por parte del Gobierno de Petro.
Otro ejemplo de movilización popular se produjo el pasado 22 de marzo: inicio de la marcha pacífica de las comunidades negras de Buenaventura (Valle del Cauca), debido a “la crisis humanitaria que atraviesa el territorio, especialmente la zona rural”; denunciaron el asesinato de líderes comunitarios, las persecuciones y los desplazamientos forzosos por la acción de grupos paramilitares, así como el control militar de la población.
Un documento para aproximarse a las razones de las protestas es la Declaratoria de emergencia humanitaria y de DDHH en Colombia -emitida el 28 de abril de 2022- y a la que se adhirieron numerosas organizaciones populares, movimientos sociales y políticos; ONG de DDHH, sindicatos y colectivos de maestros, campesinos, mujeres, ambientales, jóvenes, estudiantes o étnico-culturales.
La Declaratoria hace balance de las violaciones de los DDHH durante el Paro Nacional (el estallido que comenzó un año antes), a partir de los registros de la ONG Temblores, Amnistía Internacional e INDEPAZ: cerca de 100 asesinatos, la mayoría perpetrados por la fuerza pública; más de un centenar de jóvenes con graves daños oculares; 60 casos de violencia sexual y de género (Naciones Unidas); 129 manifestantes desaparecidos en un mes (Fiscalía General de la Nación) y miles de detenciones arbitrarias.
Por la vida, la libertad y la permanencia en los territorios, concluye el texto, que comienza con la denuncia de un “genocidio político en curso”, inserto en una “estrategia de aniquilamiento de la oposición” (aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y el enemigo interno).
Uno de los ejemplos de represión destacados es la sufrida por el magisterio afiliado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- (“al menos 6.119 violaciones a la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados entre 1986 y 2016”, entre ellas 990 homicidios y 78 desapariciones forzadas).
Maestra, miembro del movimiento de masas del Centro Oriente y vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, María Ramos Cerinza informa de campañas permanentes como Ser líder social no es delito, en la que participa -de manera destacada- el movimiento Congreso de los Pueblos.
En una de las últimas denuncias, del 17 de mayo, la Campaña ha rechazado el artículo de la columnista del periódico Vanguardia (Santander),Cristina Plazas Michelsen, titulada La estrategia aterradora de Petro (parte 2); la razón es que promueve “prácticas sociales genocidas contra el Congreso de los Pueblos”.
También se solidarizan con la minga educativa en los territorios indígenas del departamento de Risaralda, que comenzaron el 10 de abril una lucha “en Defensa de la Educación Pública Propia y los derechos laborales de los docentesetnoeducadores”; en un contexto de emergencia (necesidades de construcción de aulas, establecimientos educativos y nuevos docentes, o restaurantes y cocinas escolares), los profesores indígenas se movilizaron hacia Bogotá “por el derecho a la educación”.
En la iniciativa Ser líder social no es delito podría incluirse el asesinato -el 22 de febrero de 2022- de los líderes campesinos Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, en el municipio de San Martín (César).
Los dos dirigentes formaban parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Congreso de los Pueblos y trabajaban con las comunidades del Magdalena Medio; el crimen fue perpetrado por sicarios uniformados con prendas militares (agencia Colombia Informa).
En el apoyo a las organizaciones populares se significa también la Fundación Pasos; así, han difundido la agresión y retención ilegal de documentos -por parte de la policía nacional- de la que fueron objeto jóvenes que estaban manifestándose en el centro de Bogotá, el 28 de abril; formaban parte de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y la movilización conmemoraba el segundo aniversario del Paro Nacional.
La ONG hace memoria en las redes sociales, asimismo, de la muerte del muchacho de 15 años Duván Aldana, en el municipio de Soacha (junio 2020). “¡La fuerza pública lo asesinó!”, denuncia la Fundación Pasos, respecto a los disparos de la Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante el desalojo de un predio.
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