Una mirada al paisaje del poder público colombiano, ejercido en nombre y bajo el rótulo de la democracia. Y una sucinta visualización y valoración de la realidad nacional, en la presente época preelectoral.
Después de más de 200 años de ejercicio del poder público nacional, semánticamente democrático, Colombia aparece en estadística internacionales, entre las seis naciones de mayor inequidad socioeconómica y entre las de mayores índices de corrupción, pobreza, desplazamiento interno, desempleo y subempleo, criminalidad, impunidad y convertida en potencia productora, comercializadora y consumidora de estupefacientes.
La corrupción en el ejercicio del poder público, ejercido por élites y sus secuaces, acabó con la política fundamentada en ideas y principios e institucionalizó la politiquería, el clientelismo, la inmoralidad y la anarquía. Así, el poder público se convirtió en una golosina para oportunistas, deshonestos y delincuentes.
Esta situación trajo consigo el colapso ético y moral de la clase dominante y sus cómplices. Situación utiliza por los planificadores del conformismo social, que caracteriza la cultura social y política de las mayorías anónimas, manifiesta en la indiferencia ante lo que ocurre en el ejercicio del poder público.
La guerra sucia de la extrema derecha, gremios económicos y oportunistas, integrantes de la oposición contra la negociación y superación del conflicto y contra toda reforma socioeconómica e institucional que pretenda cambios en el viejo sistema de gobierno, evidencia la decadencia moral de la sociedad colombiana, reflejada en lo que acertadamente se califica y tipifica como cultura mafiosa.
Las ideas y principios, que deben guiar los planes y programas de gobierno, de candidatos y de elegidos, generalmente están permeados por cálculo mezquino y perversos de los tradicionales usufructuarios del poder, incluidos no pocos de los actuales candidatos, disfrazados de dirigentes honestos.
Los objetivos de la extrema derecha y gremios económicos son inequívocos: Concentrar el poder y el capital en pocas manos, bajo el sofisma de que el fin justifica los medios y bajo la perspectiva de la refundación del estado, como estado de opinión. Lo que se le ocurra al cacique de turno, para dominar, someter y explotar a las mayorías. La evidencia es total. Bajo esos postulados y propósitos, surgió la violencia y se implementó el sistema de gobierno, que aceptó y firmó el Consenso de Washington, como garantía de dominio del capital. Impusieron las leyes de flexibilización laboral, la ley 100/93 o de mercantilización de la salud. La ley de flexibilización laboral horaria, con la que la clase obrera o asalariada, perdió más de $5.0 billones anuales a favor de la gran empresa.
So-pretexto de garantizar la universalización de la educación, impusieron las leyes de mercantilización de la educación. La seguridad inversionista, con la que el fisco deja de recaudar anualmente más de $18 billones, a favor de multinacionales y grupos financieros. Catapultó el gasto militar hasta convertirlo en el más alto latinoamericano, sin resultados para la seguridad de las mayorías nacionales. Se disparó, desde instancias del Poder Publico, la persecución a contradictores del Régimen. Desbocó el endeudamiento externo e interno, para asegurar las transferencias de lo público a lo privado. Ya superó los U$159.000 millones de externa y la privatización del patrimonio público es casi total. La deuda interna general, supera los U$800 billones, etc., etc.
El país mantiene aberrantes apocalípticos indicadores socioeconómicos, mientras crece la corrupción y la impunidad.
La corrupción en contratación pública y el narcotráfico, son las mejores opciones de enriquecimiento fácil. La inversión no se licita honestamente. Se adjudica mediante diversos malabarismos disfrazados de legalidad. El real poder en la contratación pública lo definen las coimas.
El Huila está en el tercer lugar entre los más corruptos en contratación y Neiva en segundo lugar. Colombia en el tercer puesto. Son aristas radiográficas del modelo de estado y nación, colombianos.
Esta realidad es la que debe mover a todo ciudadano de bien, para fijarse metas políticas y objetivos de desarrollo socioeconómico nacional y no malbaratar su voto.
Todos somos participes del suceder político, por acción u omisión y se consuma el día de elecciones. Por decisiones equivocadas, tenemos que padecer gobernantes funestos y rapaces.
Los resultados socioeconómicos, políticos e institucionales, del ejercicio del poder, son desastrosos y se profundizan año tras año, en Colombia.
Nunca ha habido voluntad política, ni responsabilidad social, de los gobernantes, para ejercer la función pública en beneficio de todos los ciudadanos.
Esas condiciones produjeron y definieron el caldo de cultivo que alimenta la inequidad socioeconómica, la pobreza y miseria, el desempleo y subempleo, la segregación social e inseguridad ciudadana, flagelos socioeconómicos que agobian al pueblo colombiano desde siempre y producen el malestar social que termina en protesta popular.
La corrupción y la anarquía institucional están latentes y activas desde hace más de 200 años y se catapultaron, en los últimos diez y nueve años (Gaviria, Samper, Pastrana, el terrorífico Uribe, Santos, Duque-Uribe).
Hay anarquía total en el ejercicio del poder público. La impunidad y la laxitud institucional, terminan subsanando la mayoría de casos denunciados y abiertos, a favor de los delincuentes de cuello blanco.
Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción y la inmoralidad, el declive institucional, ético y moral del poder en Colombia, la nación puede caer en anarquía total y desastre socioeconómico y moral.
Ese acumulado de irregularidades institucionales, técnicas, administrativas, jurídicas, fiscales, etc., todas contra el fisco nacional y en contra de las mayorías de bajos ingresos, son las raíces, la fuente del malestar social, de la inseguridad y la criminalidad de hoy.
Los ciudadanos generalmente no reflexionan sobre antecedentes de políticos y dirigentes y aberrantes hechos de gobierno. Y el alto poder no se ocupa de esos hachos porque no le conviene.
El ciudadano debe entender y ser consciente que con el voto se puede derrotar la tiranía y la corrupción ejercida desde las altas esferas del poder, contra el pueblo anónimo colombiano.
Son entre otras, las razones por las que nadie debe hacerse ilusiones, si se equivoca al elegir gobernante o vende sus voto.
No se puede pensar en mejores tiempos y condiciones sociales, económicas e institucionales, si se continúa votando equivocadamente, por quienes no representan a las mayorías del pueblo y esta decidido a actuar contra la corrupción y el colapso moral y la cultura mafiosa que contagió a los colombianos. Es el desafío para los electores en las próximas contiendas electorales.
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