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La inmobiliaria del Banco Santander y el BBVA planea la construcción de 1.345 viviendas en este barrio de Valencia

Vecinos de Benimaclet mantienen la oposición al proyecto urbanístico de Metrovacesa

Fuentes: Rebelión [Imagen: CGT]

La Vivienda y el Urbanismo atraviesan la actualidad del barrio de Benimaclet, pegado a l’Horta norte de Valencia, con cerca de 23.000 habitantes; el precio medio de la vivienda en venta se situó –en abril de 2023- en 2.081 euros el metro cuadrado (1.790 euros el metro cuadrado dos años antes y 1.942 euros en enero de 2023), según el portal inmobiliario Idealista.com. Otra página Web inmobiliaria, enAlquiler.com, sitúa el precio medio de la vivienda de alquiler -en Benimaclet (junio de 2023)- en 1.440 euros.

Sobre la barriada, municipio independiente de Valencia hasta 1878 y después pedanía de la capital, la promotora inmobiliaria Metrovacesa proyecta la construcción de 1.345 viviendas en una iniciativa –el Plan Especial urbanístico de Benimaclet- que afecta a 1.217.827 metros cuadrados.

Según la página Web de Metrovacesa, la estructura accionarial se desglosa del siguiente modo; el accionista mayoritario de la compañía es el Banco Santander (49%), seguido del BBVA (21%); Fomento Construcciones y Contratas/CEC (20%), cuyo primer accionista es el millonario mexicano Carlos Slim; y Quasar Investments (4%); el fondo de inversión estadounidense BlackRock es, actualmente, el mayor accionista del Banco Santander (5%) y también del BBVA (5,4%).

En mayo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dictaminó –entre otros puntos- que el Ayuntamiento de Valencia tenía que continuar con la tramitación de la propuesta de Metrovacesa como Agrupación de Interés Urbanístico para el desarrollo del Plan.

De este modo, el tribunal fallaba –en parte- a favor de una demanda de la empresa contra el Ayuntamiento (Compromís y PSPV-PSOE), por el rechazo de la citada propuesta; días después, el equipo de Gobierno anunció la interposición de un recurso judicial contra la sentencia del TSJCV.

En este contexto, Cuidem Benimaclet hizo pública una auditoría en la que se exponía que Metrovacesa “no tenía el porcentaje mínimo de propiedades que determina la Ley valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para poder ser agente urbanizador, ni siquiera para constituirse como Agrupación de Interés Urbanístico, establecido en un 50% de la titularidad y más de un 40% de las parcelas registrales”.

La plataforma vecinal Cuidem concluye, a partir de la investigación, que la empresa inmobiliaria “manipuló la documentación acreditativa de la propiedad que presentó  al Ayuntamiento, y que la concejal de Urbanismo (Sandra Gómez, del PSPV-PSOE) tampoco verificó correctamente”.

¿A qué objetivos responde la estrategia mercantil? Se está produciendo “un ataque continuo al movimiento vecinal; seguimos cuestionando el destrozo que (Metrovacesa) planea en Benimaclet, con la urbanización del último reducto de huerta y tierra fértil que nos queda dentro de la Ronda Norte” (nota informativa Cuidem Benimaclet, mayo 2023).

Otra entidad que se pronunció -tras el fallo del TSJCV- fue la Asociación Vecinal de Benimaclet; en un comunicado del 18 de mayo, criticó que el Ayuntamiento de Valencia no hubiera planteado un proceso de participación con el tejido asociativo; precisamente con este fin, la asociación promovió una  campaña de recogida de firmas entre los vecinos, que después presentó en el consistorio.

El colectivo vecinal insertó la sentencia en el contexto de un “largo conflicto judicial”, en el que se dirime la obtención del máximo beneficio “a costa de una edificabilidad que, 34 años después de aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia (en diciembre de 1988 y actualmente en vigor), no viene a cuento”.

Respecto al proyecto de Metrovacesa, el movimiento de vecinos reivindica, entre otros aspectos, una edificabilidad menor y que se considere una “verdadera transición” entre la ciudad y su huerta.

Otra muestra del rechazo al Programa Urbanístico (PAI) fue la manifestación convocada el pasado 5 de febrero, en Benimaclet, con la participación de más de mil vecinos; organizada por la red EntreBarris, Cuidem Benimaclet y el Centro Social Okupado y Anarquista (CSOA) L’Horta, denunciaron el “urbanismo especulativo” y se solidarizaron con las personas “represaliadas por la lucha en el barrio”.

No se trata de la única movilización contra el PAI; en enero de 2020 se manifestaron en Benimaclet 6.500 personas, según los organizadores; y, en febrero de 2022, otra manifestación a la que asistieron cerca de 2.000 personas (también según la organización).

Un foco de resistència contra la macroiniciativa es el CSOA l’Horta de Benimaclet; surgió en 2012 –“como espacio de autonomía y resistencia”-, cuando los activistas se reapropiaron de una parcela agrícola “engullida por la especulación urbanística y después abandonada”; además del proyecto de huertos ecológicos y autoconsumo, uno de los ejes del CSOA fue la recuperación de la alquería valenciana (de finales del siglo XIX) que funciona como centro del espacio.  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.