El mejor negocio, de toda nación, consiste en derrotar la pobreza, la miseria y la ignorancia.
La pobreza y la ignorancia, de las mayorías nacionales, no obedece a mala suerte. Es consecuencia directa del modelo económico-político dominante y de ser gobernados por irresponsables, mediocres e inmorales.
El nuevo credo del poder planetario económico-político, dominante durante siglos, es de esencia dogmático-religioso (lo convirtieron en dogma de fe). Su objetivo ciego es lograr rentabilidad relevante y concentrar en pocos propietarios la riqueza y el poder político. Es lo que conocemos como capitalismo salvaje y criminal, hay que decir.
En Colombia, ese dogma se refleja en diferentes sectores del desarrollo económico-social nacional.
Es evidente, en el criminal negocio de la salud, la educación convertida en mercancía. Los servicios públicos domiciliarios privatizados. Los monopolios del mercado de productos básicos (combustibles, medicamentos, agro-insumos, vías, supermercados, entre otros) de alto consumo y rentabilidad, etc.
Para el capitalismo salvaje no hay ciudadanos, ni dignidad humana, ni ética, ni moral público-social, ni derechos sociales. Hay consumidores. Hay clientes sometidos al mercado.
El consumo es el instrumento generador de utilidad y está por encima de todo derecho social, según el dogma del mercado y la evidencia.
Tienen sus profetas, para pregonar recetarios. Según ellos, los dogmas conducirán a la felicidad (igual lo hacen las religiones), cuando el exceso de abundancia lo permita.
Kuznets, Huntington, Fukuyama, entre muchos otros, vomitaron teorías de ultra conveniencia para el régimen, que se soporta en la explotación y sometimiento inmoral, de las mayorías.
Son dogmas para alcanzar las ansiadas utilidades y la acumulación de capital que les garantiza el sojuzgamiento de las mayorías de los pueblos y la explotación de la miseria.
Los logros en equidad socioeconómica que han alcanzado algunos países escandinavos y europeos, junto a sorprendentes logros de Corea el Sur, Singapur, Vietnam entre otros, demuestran que es posible derrotar la pobreza, bajo diferentes formas de gobierno, si las naciones eligen gobiernos responsables y gobiernan apoyados en marcos institucionales, favorables al desarrollo equitativo, donde prime el interés general sobre el particular.
Pero los países gobernados por gobiernos lacayos, secuaces, y mediocres, obedientes incondicionales de directrices y recetarios del capital, descartan el desarrollo equitativo.
Prefieren las órdenes de las potencias económicas y el saqueo y expropiación de las riquezas nacionales, estimulados por las coimas y el enriquecimiento que les proporciona.
Las recurrentes crisis económicas, la dictadura y especulación sobre precios de materias primas y productos y el precario desarrollo científico-técnico, la pésima calidad del negocio de la educación
colombiana, caricaturizada con sofismas como, ser pilo paga u otro sistema, incluido Icetex.
Bajo esos espejismos, 85% del aparente subsidio de matrícula, que canaliza el Icetex, a través del crédito educativo, con cargo final al presupuesto-nacional, va mayoritariamente a engrosar ingresos de los negocios de la educación privada unjiversitaria.
La decisión sobre matrícula gratis, desde el próximo año, puede ser un fiasco, si no hacen una reglamentación de esa ley, fundamentada en el mérito académico, de cada uno de los aspirantes, y la dirigen hacia la formación técnico-científica. Pero si no esta acompañada por una reforma académica integral, para mejorar la pésima calidad actual, no se pueden esperar buenos resultados.
El modelo económico-político impuesto a las naciones dependientes y sometidas, dispone de instrumentos controlados por los poderes económicos transnacionales y nacionales, disfrazados o camuflados por la demagogia de las democracias de papel.
El negocio de los dueños del poder: la pobreza y la miseria, también les da oportunidades para lograr más utilidades. Los déficit fiscales endémicos, imponen privatización de lo público y dominio pleno de la contratación pública corrupta. Esas prácticas se agudizaron en Colombia, a partir de la Apertura Económica ordenada mediante el consenso de Washington. Este instrumento de dominación geopolítica, se agudizó a partir de la vigencia de la constitución del 91, que auspició la aprobación de nuevo marco jurídico nacional, para facilitar e impulsar las privatizaciones.
La pobreza y la miseria son el caldo de cultivo del conflicto social-económico-político, especialmente en los países en desarrollo.
La solución del conflicto socioeconómico-político de cualquier nación, no se puede lograr sin desarrollo socioeconómico integral y un marco jurídico que facilite y garantice equidad socioeconómica aceptable, tales como tributación fiscal progresista, en la que el que más tiene debe pagar más. Y es aquí donde las reformas socioeconómicas se tornan imposibles, como lo evidenciamos con las reformas del presidente Petro.
El conflicto socioeconómico-político, los dueños del poder y la riqueza, lo convierten en oportunidades de negocios, a través de leyes disfrazadas de humanismo, como se percibe con la reforma a la salud, la salarial y pensional, etc., y la tolerancia a la comercialización y tráfico de armas, producción y comercio de alucinógenos, circulación financiera y lavado de activos, todo disfrazados de legalidad.
La inmoralidad, la irresponsabilidad, el desgobierno, el caos institucional, la anarquía y politiquería en el poder, crean oportunidades para obtener ganancias, para que círculos cercanos al poder, capitalicen más.
La democracia para las mayorías nacionales solo va hasta el espectáculo electoral, que en muchos casos, se convierte en compraventa de votos. Es lo que han definido y tipifican, los gobiernos de Colombia, durante más de 200 años.
Ese es el panorama sombrío que tiene que afrontar un gobierno, con mentalidad progresista, que trate de lograr reformas a través del Órgano Legislativo. No hay duda. Los colombianos lo estamos experimentando.
Bajo tales condiciones, el gobierno debe recurrir ante el Constituyente Primario y el uso de los Mecanismos previstos en la Constitución del 91, para poder lograr las reformas socioeconómicas
que, con absoluta justificación demanda la comunidad nacional, para lograr mejores condiciones de vida, y de desarrollo nacional, en el mediano y largo plazo.
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