La Conferencia Episcopal Española ha presentado el 14 de diciembre los resultados de la última declaración de la renta, en la que ha obtenido 358,7 millones de euros, casi el 12% de incremento sobre el año anterior. Proceden de 7,6 millones de donantes, número que también ha aumentado.
Esos aumentos se deben al crecimiento demográfico y de las rentas, y a que quienes señalan la X de la Iglesia son en general las personas con rentas más altas. Pero la realidad es que, en términos relativos, el número de los que marcan la casilla de la Iglesia disminuye: del 31,29% de 2022 se ha pasado al 30,99%.
Un decrecimiento que tiene su razón de ser en la progresiva secularización de la sociedad española, junto con la creciente demanda social de que la Iglesia se debe autofinanciar y pagar impuestos. Una exigencia democrática de cumplir con el compromiso que se firmó en los Acuerdos de 1979, pero que sigue incumplido por la parte eclesial y no ha sido exigido por los gobiernos de turno (PP y PSOE).
Por ello, Europa Laica sigue exigiendo la derogación de los Acuerdos de 1979 del Estado con la Santa Sede, y sus leyes derivadas. Y pide a las fuerzas parlamentarias que en los Presupuestos Generales del Estado para 2024, en elaboración, se incorpore una Disposición Adicional que suprima la Asignación Tributaria del IRPF a la Iglesia Católica. Porque han pasado 45 años y ya es inaplazable terminar con esta anómala situación de privilegio económico.
Mientras no se resuelva el problema de fondo, Europa Laica pide a los contribuyentes que no marquen ninguna de las dos casillas de la declaración de la renta: España es un país declaradamente aconfesional que no debe financiar a ninguna agrupación religiosa.