El problema de fondo es que nunca la Constitución fue su problema. (Tampoco lo es el de la ciudadanía asediada por problemas inmediatos de escasa o ninguna solución en las últimas décadas).
Al día siguiente del Plebiscito, la clase política se encontró sin vencedores. Resultado inesperado para una clase con representaciones ilícitas carentes de credibilidad. Baste citar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmado poco después de iniciado el estallido social (noviembre 15 de 2019), moneda de cambio por la que Piñera logró completar su período. En posesión de un mandato espurio ungió los ensayos constitucionales de objetivos secundarios de cambio y sobre todo se cuidó de representantes populares.
El problema de fondo es que nunca la Constitución fue su problema. (Tampoco lo es el de la ciudadanía asediada por problemas inmediatos de escasa o ninguna solución en las últimas décadas).
La Constitución no resuelve problemas diarios, consagra principios que deben materializarse en leyes. Eso lo sabe la clase política y juega a ello. Traduce sus programas en lenguaje constitucional, mantiene viva la ilusión del Pueblo, culpa al gobierno de ineficacias y torpezas, pero no toca la estructura del Poder. Sabe que el andamiaje actual, y como fue concebido durante la dictadura, es parte del autoritarismo presidencial que cohesiona los centros de influencia y decisión.
Deshacer este resabio autoritario nunca fue un problema que ocupara la mente de los convencionales o constituyentes en los dos ensayos constitucionales del pasado (2022 y 2023). Por ello, nunca se buscó un equilibrio entre Poder Ejecutivo y Legislativo, pues derechas e izquierdas conviven en esta realidad, les interesa mantener un juego político donde aseguran su propia reproducción donde la pieza maestra del tinglado rechaza la participación ciudadana. Esa pieza maestra es la atribución que ostenta el Presidente para legislar, siendo el Poder Legislativo un mero co-legislador. En una democracia semi-representativa como la chilena, esto tendría algún sentido si se incorporara el Referéndum Revocatorio y la Iniciativa Popular de Leyes como contrapartida del autoritarismo presidencial.
Pero eso no interesa a la clase política. Ambos mecanismos forman parte de la participación directa de la ciudadanía en la gestión del Estado. Por lo cual no se entiende en un régimen autoritario donde la clase política se asocia a los poderes del Estado y a las canonjías que ofrece el poder. Un poder sin control, desarrolla prácticas de financiamiento ilícito de la política, corrupción, donde las campañas son financiadas por los dueños del capital.
Durante tres décadas, la democracia de los acuerdos y la ley binominal de elecciones (vigente entre 1989 y 2018) fueron las grandes coberturas en el reparto de cuotas de poder entre fracciones territoriales de la clase política. La gradualidad de los cambios, pieza clave del ejercicio del poder, dejó de lado la recuperación de Bienes Públicos esenciales para el desarrollo de la población, la riqueza minera, la pesca, los bosques, quedaron en manos del capital extranjero.
Hoy, con 25 partidos políticos representados en el Congreso, la repartija por el poder reemplaza a eventuales fuerzas por el cambio. La ciudadanía se refugia en movimientos barriales donde la vida transcurre en la lucha por la vivienda, la defensa del espacio ciudadano en contra de los portonazos, los asaltos a mano armada, los asesinatos, los secuestros extorsivos, los carterazos, los moto chorros…Pero también existen los movimientos nacionales por la educación, la salud en defensa de los cobros indebidos de las Isapres, las pensiones, la especulación…
Sin los pingüinos (2006, 2007) no se habría derogado la LOCE; sin el movimiento de la clase trabajadora, se hubiera mantenido la huelga dentro de la negociación colectiva. Ignorando a la clase política se ha consagrado la huelga ramal del sector público y el reconocimiento de huelgas extralegales. Un proceso de unificación de la jurisprudencia ha llevado al reconocimiento del conflicto por sobre lo que establece formalmente la Ley. Más aun, al margen de la incuria de la clase política, la Corte Suprema, ha resuelto que los cobros de las Isapres a los asegurados, son abusivos y deben ser devueltos. Todo eso al margen de la clase política. Extraña situación donde los tribunales de justicia reemplazan al Poder Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, sin un sujeto de cambios, la transformación política no es posible, menos aún si no existe un programa que identifique y lleve a cabo los procesos de reemplazo. Esa es la tarea de la clase obrera, pueblos originarios, pobladores, movimientos de mujeres, las asociaciones de desempleados, ONG, movimientos por los Derechos Humanos, grupos ecologistas, grupos por un comercio justo, etcétera. Todos ellos constituyen un contrapoder social –diverso en sus orígenes, heterogéneo en su realidad – expresando antes que la fidelidad a un partido político, la crítica al sistema. Ese es el primer paso, mediante el cual se genera un programa de poder, sustentado en alianzas sociales por objetivos de afirmación democrática y social de los pueblos.