El cuarto Puerto de Europa. Es preciso que la ampliación de la infraestructura de Valencia se lleve a término con todas las garantías ambientales; son el titular y el subtítulo del editorial del diario El País publicado el pasado 27 de diciembre.
Tal vez una parte del interés del texto fuera la síntesis que realizaba de la diversidad de posiciones, tanto institucionales como ciudadanas; así, “el proyecto tiene el respaldo de los principales partidos (PSOE, PP y Vox) y del mundo empresarial, y la oposición -fundamentalmente por una cuestión medioambiental- de Compromís y Podemos y de colectivos ecologistas y vecinales”.
Además, subrayaba el editorial de El País, “la derivada política es el desencuentro en el seno del Gobierno entre los socialistas y su socio, Sumar, plataforma en la que está integrada Compromís, que acudirá a los tribunales para frenar el plan”.
El pasado 21 de diciembre, el BOE publicó un anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes -en manos del PSOE-, sobre la actualización de los precios del Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia. El presupuesto base de licitación detallado para la construcción es de 660,3 millones de euros (IVA incluido).
En la reunión del pasado 5 de diciembre, el Consejo de Administración de la APV aprobó -entre otros puntos- la propuesta de “actualización de precios”; el presupuesto anterior, que contó con el visto bueno de la Autoridad Portuaria en diciembre de 2022, se situaba en 542,6 millones de euros (incluido el IVA).
La información fue aportada por la presidenta de la APV, Mar Chao, quien estuvo acompañada -en la rueda de prensa, tras la la reunión,- por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP (el partido conservador gobierna en coalición -en la capital valenciana- con la formación ultraderechista Vox).
Se da la circunstancia que -entre enero y diciembre de 2022- Chao ejerció como responsable de transporte multimodal de la compañía Inditex, que tiene como accionista principal al empresario Amancio Ortega.
Constituida en 2019 e integrada por el colectivo Per l’Horta; Acció Ecologista Agró; Ecologistes en Acció; El Litoral per al Poble; Juventud X el Clima y la plataforma València Saludable, entre otras entidades, la Comissió Ciutat-Port denunció el pasado 5 de diciembre que el Puerto de Valencia “ocultaba un incremento de casi 120 millones de euros de gasto en la (futura) Ampliación Norte”.
El incremento previsto, argumenta la Comissió en una nota informativa, se realizaría mediante la fórmula actualización de los precios (sobre el presupuesto inicial) y hasta alcanzar los 660 millones de euros.
Además el aumento tendría lugar, según la plataforma ciudadana, “sin siquiera haber incorporado la totalidad de las 21 condiciones impuestas por la Dirección General de la Costa y el Medio Marino del Ministerio de Transición Ecológica, en su informe del 18 de noviembre de 2022”.
“Se trata de una más de las trampas de un traje a medida”, en concreto a favor del gigante naviero MSC con sede en Ginebra (Suiza), y que opera a través de la empresa Terminal Investment Limited -TIL- (la nueva infraestructura, según la descripción oficial, tendrá una superficie de cerca de 137 hectáreas y 2.000 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar cinco millones de contenedores).
Pero no sólo se trata del citado aumento de costes; la Comissió Ciutat-Port (cuyo manifiesto contra la ampliación portuaria fue suscrito por un centenar de colectivos ecologistas, vecinales y sindicales) afirma que las “previsibles” modificaciones del proyecto inicial (”que pudieran sugir”) podrían elevar la cifra a más de 800 millones de euros.
El pasado 19 de diciembre el Gobierno de España autorizó -a iniciativa del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, del PSOE- la licitación de las obras de construcción del muelle de contenedores de la terminal norte, por valor de 656,7 millones de euros (IVA no incluido).
La nota gubernamental destaca el papel de la empresa privada en el macroproyecto portuario: “Con la ejecución de la obra, la APV pondrá a disposición de los operadores una nueva terminal de contenedores innovadora, flexible y sostenible, que permitirá operar a los mayores buques de última generación (portacontenedores MEGAMAX de hasta 430 metros de eslora)”.
El Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez valora la denominada colaboración público-privada, con una inversión global que superaría los 1.600 millones de euros y el reparto de funciones; la APV se hará cargo de la construcción del dragado, el muelle y el relleno consolidado, mientras que la multinacional MSC ejecutará las inversiones en la superestructura, instalaciones y material móvil.
Frente a los intereses defendidos por el capital privado y los partidos políticos (mayoritarios), colectivos ciudadanos y ecologistas recuerdan que continúa en trámite el recurso que la Comissió Ciutat-Port planteó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la ampliación.
Y añadieron, en el comunicado del 5 de diciembre, que continúa vigente el Auto del TSJ de la Comunidad de Madrid (diciembre de 2022), por el que se acordó la suspensión cautelar de la Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica “que permitía a la APV ser juez y parte -en materia ambiental-” respecto al megaproyecto (adoptar la decisión sobre la necesidad -o no- de una nueva Declaración de Impacto Ambiental -DIA)-.
Además de la destrucción de empleo (entre otros factores, por los procesos de robotización y automatización); el impacto territorial (en las playas del sur de la ciudad, el Parc Natural de L’Albufera y L’Horta); o los riesgos para la salud pública (por la contaminación ambiental y acústica; “la principal causa de la contaminación del aire que se respira en Valencia procede del puerto”), la Comissió alerta de otras amenazas.
En concreto, la aprobación del proyecto constructivo “generará expectativas y derechos en la empresa beneficiaria (MSC), que no dudará en exigir exorbitantes indemnizaciones (en caso de que) los tribunales declaren la nulidad del la actuación”, concluyeron los portavoces.
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