En este ensayo se analiza el significado de recorte social en el contexto sociohistórico, la injusticia para personas desempleadas mayores de 52 años, las medidas positivas y negativas en el decreto, el que el coste de las mejoras de unos se financia con la reducción para otros, así como el fiasco parlamentario, la ruptura en la izquierda y la necesidad de su recomposición.
Significado de recorte social
La palabra recorte social tiene una gran carga simbólica y sociopolítica negativa. Adquirió su pleno sentido actual a través de la masiva experiencia popular en el ciclo de 2010/2014, contra la estrategia de austeridad gestionada por el bipartidismo gobernante, primero del Partido Socialista y después de una forma más brutal del Partido Popular. Su significado expresa las medidas socioeconómicas y de derechos sociales y laborales de carácter regresivo contra las mayoritarias capas populares. Estaban derivadas de la imposición de una gestión neoliberal de la crisis socioeconómica y política basada en la estrategia de ajuste y austeridad promovidas por los poderes económicos e institucionales europeos, con ruptura del contrato social y democrático y con su aplicación particular más agresiva a los países del sur europeo, entre ellos España.
Ese significante fue asumido críticamente por una mayoría social progresista en fuerte pugna por la definición del carácter de las políticas públicas con otro significante promovido por los poderes fácticos y sus aparatos mediáticos: reformas, que tiene una connotación positiva, de mejora o simple adaptación neutra. Sin embargo, en la conciencia popular se consolidó esa expresión, recorte -social y democrático-, como valoración negativa de ese hecho masivo y profundo de imposición de medidas que conllevaban un retroceso o un empeoramiento en esas condiciones sociolaborales y políticas.
La disputa cultural conllevó una pugna por las responsabilidades políticas de esa gestión, la crítica y el desborde a aquella representación política del bipartidismo y la exigencia de otra política de justicia social y más democracia. Así, se conformó un amplio espacio alternativo de fuerte contenido transformador de progreso y una nueva representación política, que culminó en Unidas Podemos y sus convergencias y aliados y su actual rearticulación en torno a Sumar/Podemos.
Por tanto, ese diagnóstico de recorte social tiene un fuerte contenido crítico y ético y se vincula con una actitud de indignación y rechazo popular en un proceso de masiva activación cívica, articulación de la resistencia democrática y una alternativa de modelo social basado en el bienestar público y el respeto a los derechos humanos.
Durante el siguiente lustro (2015/2019) se mantuvo esa dinámica estructural regresiva aunque sin mayores medidas adicionales, se conformó una mayoría electoral progresista que pugnaba por el cambio, y solo se convirtió en mayoría gubernamental tras la renovación socialista con el sanchismo y su giro político y de alianzas hacia la izquierda, con un plan económico más expansivo, con un escudo social y avance en derechos sociolaborales, y en coalición con Unidas Podemos. Así, este último lustro (2020/2024), con otro marco económico, político y geoestratégico, se han empezado a revertir esos recortes sociales y democráticos con otra política económica más expansiva…hasta ahora.
Hay nubarrones en el horizonte europeo -y mundial-, en particular sobre los ajustes fiscales y, sobre todo, en el campo político con la ofensiva y probable ascenso de la extrema derecha reaccionaria y la amenaza de involución autoritaria y segregadora.
En España, la mayoría democrática y plurinacional ha frenado esa deriva institucional derechista, se pretende encauzar el conflicto catalán -ley de amnistía-, se han aprobado -con el voto favorable de Podemos y la abstención de Junts- los dos planes socioeconómicos contra la crisis y es previsible un acuerdo con los presupuestos generales que consolide unos mínimos compartidos en la política social, económica y fiscal que garantice la continuidad de la legislatura, al menos a medio plazo.
En ese marco de pacto progresista y plurinacional de la investidura de Sánchez, con cierta garantía de estabilidad gubernamental y parlamentaria frente a la estrategia derechista, se ha producido el desencuentro sobre el decreto del subsidio de desempleo, entre Podemos y el Gobierno de coalición, que ha provocado su no aprobación parlamentaria, con el correspondiente conflicto político, en especial con Sumar que protagonizaba su contenido.
No se trata de un desajuste normativo más o un tema secundario. Y aunque es una medida parcial en esa trayectoria compartida frente a las derechas reaccionarias, está rodeada de una fuerte controversia en la que se dilucida un doble componente. Por un lado, su carácter de recorte social a un sector vulnerable y, por tanto, su papel como mal precedente para una dinámica de progreso, en defensa del interés de las capas populares y el bienestar general. Por otro lado, su impacto en los procesos de legitimación de los actores políticos, en particular entre el promotor, el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza, que busca consolidar su hegemonía representativa en el espacio a la izquierda del PSOE, y la dirección de Podemos y su capacidad de iniciativa política una vez salido del grupo parlamentario conjunto y su apuesta por demostrar su representatividad en las elecciones europeas con un perfil diferenciado y, según ellos, no reconocida en su pertenencia a la coalición.
En definitiva, se trata de evaluar el hecho en sí mismo, el carácter (in)justo del recorte incorporado en el decreto -la reducción de la cotización de los mayores de 52 años, con minoración de su futura pensión-, la valoración comparativa entre esa medida negativa -o justificada- del decreto, y otras medidas positivas, reconocidas por todas las partes -excepto por las derechas-, y los motivos y efectos político-electorales de esa falta de acuerdo entre la dirigencia de Sumar (y PSOE) y la de Podemos.
La injusticia para personas desempleadas mayores de 52 años
El subsidio de desempleo no tiene carácter contributivo, se percibe al agotarse la prestación contributiva de paro y siempre cuando la persona reúna la condición de no tener más del 75% del SMI en otras rentas y ser despedida; pero se referencia con el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), aprobado en 2004, con un valor similar entonces al SMI, de 460 euros. Actualmente está congelado en 600 euros -casi solo la mitad que el SMI-, por lo que el subsidio asciende a 480 euros. Como se ve es una fórmula intermedia con las RAI (Renta Activa de Inserción), cuando debería referenciarse mejor con el SMI, ya que estamos hablando de un estatus con vinculación al mercado de trabajo, o sea a la población ‘activa’, parada con disponibilidad para el empleo.
Dicho de otro modo, inicialmente su importe era similar al 80% del SMI; pero, con aquel cambio normativo y el incremento sustancial del SMI en los últimos cinco años -el 46%- se produjo un gran distanciamiento de ambos, con una gran desventaja comparativa del subsidio. Hoy ese 80% del SMI son 907 euros, que debiera ser la referencia para el subsidio de paro en una reforma progresista ambiciosa, y que ya fue truncada hace veinte años.
En este caso, la propuesta del decreto y su carácter ambivalente estaba sometida a la presión neoliberal -la lógica del Ministerio de Economía- para individualizar la responsabilidad del paro y justificar sus menores derechos y, al mismo tiempo, considerar obsoletas a las personas mayores de 52 años para su recuperación para el empleo, sin políticas activas adecuadas y el mantenimiento de unos ingresos mínimos de carácter meramente asistencial, con reducción de sus pensiones futuras; o sea, deriva hacia un complemento como el de las rentas mínimas de inserción de las CC.AA., ahora también parcialmente absorbidas por la RAI o el IMV, con pérdida de sus referencias y derechos sociolaborales y de pensiones públicas como personas trabajadoras activas.
Las prestaciones de desempleo se pusieron en vigor con el gobierno republicano, se confirmaron en 1961 y se ampliaron en 1985. Como se sabe, en 2007, el primer Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, ante esa pérdida de derechos por la desvinculación con el SMI y su escasa remuneración, la no suficiencia de la cotización para acceder a las pensiones mínimas contributivas y la traslación generalizada a los complementos a mínimos -conseguidos por la gran huelga general del 14 de diciembre de 1988- decide ampliar la cotización con cargo al Estado del 100% al 125% del SMI (no del IPREM).
O sea, a pesar de la reducción y el asistencialismo del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, se les reconoce el derecho a una pensión contributiva suficiente. Es una compensación solidaria de la Seguridad Social sobre la expectativa de una pensión básica -que debiera si no ser complementada a mínimos-, en este caso tras la vida prolongada de hasta quince años de un subsidio escaso, en torno a la mitad del umbral de la pobreza (en 2023: 10.888 euros anuales: 907 euros mensuales en 12 pagas); o sea, prácticamente, en pobreza severa.
Pues bien, el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, en su gran recorte sociolaboral de 2012, redujo esa cotización pública para la pensión hasta el 100% y retrocedió la edad de acceso a los 55 años. Pero fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en 2019, se revirtieron esas dos medidas, o sea, se confirmaron la cotización por el 125% del SMI y los 52 años para su acceso, que es donde nos encontramos… hasta el intento de esta nueva reducción.
Veamos en qué consiste la modificación para los nuevos perceptores, a partir del uno de junio de 2024, con una merma gradual de cinco años, a un 5% anual, hasta su pleno vigor en 2028. Es decir, los actuales perceptores, un total de 700.000 no se verían beneficiados ni perjudicados. El decreto tenía impacto a partir de junio de 2024; su anulación no revierte ninguna mejora significativa de prestaciones.
Medidas positivas y negativas en el decreto
En el decreto de modificación del subsidio de desempleo se combinan tres tipos de medidas, más significativas.
Las primeras, positivas. Para menores de 52 años, con derecho a percepción -hoy unos 264.000 -38% del total-, se incrementaría el importe de 480 euros hasta los 570 euros (95% del IPREM) durante los primeros seis meses y a 540 (90%) los seis meses siguientes, manteniéndose en los 480 euros (80%) durante el resto del periodo hasta un total de 21 meses. Es un incremento limitado pero real.
El segundo tipo de medidas también es positivo, la ampliación de la cobertura a varios colectivos, los más significativos: desempleados temporales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura -de esas zonas ya están incorporados-, trabajadores transfronterizos -particularmente de Ceuta y Melilla-, menores de 45 años o sin responsabilidades familiares. Las previsiones ministeriales, en este caso, es que se podrían acoger hasta 400.000 personas, algunas de ellas con reconversión desde el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o las RAI (Renta Activa de Inserción).
Además, en este bloque podemos añadir otra reforma significativa, valorada como positiva. La prioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos, normalmente con mejores condiciones laborales respecto de los convenios estatales. Negociada por la parte socialista del Gobierno a instancias del PNV, reconoce una capacidad contractual provechosa para los sindicatos nacionalistas -vascos y gallegos- con representatividad en sus comunidades autónomas, y que se ve con recelo por los dos grandes sindicatos confederales que mantenían la prevalencia negociadora estatal. Es un motivo específico relevante para el apoyo al decreto por los grupos nacionalistas, cuando su ausencia constituyó una razón para la oposición de algunos de ellos a la reforma laboral de 2021.
No obstante, el tercer tipo de ajustes para personas mayores de 52 años con derecho al subsidio de paro, previsto también para junio de 2024 para los nuevos perceptores, es negativo. Veámoslo. Hoy, el 62% del total, unas 436.000 personas, está en esa situación y se mantendría con la misma percepción de 480 euros para todo el periodo, en este caso indefinido hasta la jubilación ordinaria que, en la plena aplicación de la actual normativa, en 2027, sería a los 67 años; o sea, esa baja percepción duraría hasta quince años. Actualmente, tienen el derecho a la cotización a la Seguridad Social por parte del Estado, para el cómputo de su pensión, del 125% de SMI (no del IPREM); con el incremento de 2024 el 100% se sitúa en 1.134 euros mensuales en catorce pagas, llegando su 125% a 1.417 euros, que (a valor constante) constituiría la base reguladora de sus próximos y últimos quince años de vida laboral.
Así, cotizando por el 100% del SMI los últimos quince años del subsidio de paro, tal como proponía el decreto, la diferencia de la menor cotización es de 3.962 euros anuales que, contando con el conjunto de una vida laboral completa, se traduciría en una reducción de 132 euros en cada paga (1.848 euros anuales, hasta un 10% menos).
En el año 2023 la pensión media de jubilación es de 1.378 euros, más la revalorización aprobada del 3,8% para 2024 se situaría en 1.430 euros. Una persona desempleada con sus últimos quince años de subsidio de paro, con unos ingresos inferiores del 50% del SMI, y el resto de vida laboral con cotización por el SMI, apenas saldría beneficiada, en el mejor de los casos, en torno a ese 10% de su pensión. ¿Es un agravio comparativo que desincentiva el empleo el estar quince años en pobreza severa y luego tener una pensión bastante inferior a la media con una carrera laboral completa?
Es difícil que una persona, aun con un salario mínimo de 1.134 euros renuncie a su empleo, durante quince años seguidos, por un ingreso de 480 euros, menos de la mitad, aunque sea por una expectativa de tener una pensión algo superior. Y ello sin contar que muchas han padecido otras situaciones de precariedad, como la penalización del importe de la pensión por menores años de cotización -hasta un 35% menos por solo veinte años cotizados- y por un empleo a tiempo parcial -ambas de mayoría de mujeres-, cuya base reguladora podrían quedar por debajo de una pensión mínima y tendrían que acogerse a complementos a mínimos para acceder a una pensión básica.
Dicho de otro modo, la disminución de ese 25% de la cotización adicional adelantada tendría que compensarse en muchos casos con esos complementos a mínimos con ocasión de la jubilación; la diferencia es que, de momento, el Estado aplaza ese pago, y ese mayor complemento futuro se convierte en la auténtica barrera para evitar la pobreza de las personas pensionistas.
Por último, recordemos que el auténtico agravio comparativo es para ese segmento, el más desfavorecido, por la utilización y congelación del IPREM como referencia para el subsidio de desempleo, cuando lo lógico sería mantener su vínculo con el SMI, como hace veinte años.
La permanencia de ese colectivo durante esos quince años en la pobreza severa, casi solo en la mitad del umbral de la pobreza, situado en 10.888 euros anuales, 907 euros mensuales en 12 pagas, hasta ahora se paliaba parcialmente con una expectativa de recibir una pensión de jubilación menos escasa, en el caso de tener todas las condiciones de duración de la cotización, durante el resto de su vida, en torno a una media de 21 años de esperanza de vida a los 67 años -20 años para los hombres y 22 para las mujeres-. Es esa compensación la que se pretendía retirar, dejando en mayor desamparo público a ese colectivo vulnerable.
En realidad, sí existe un privilegio en la contribución y recepción de las pensiones públicas, pero tiene que ver más con las élites profesionales y directivas, por dos condiciones de las que no se habla. Por un lado, su superior esperanza de vida -más de 25 años-, con una diferencia de diez años respecto de las personas precarias -15 años-, precisamente quienes suelen permanecer más en el subsidio de desempleo. Por otro lado, por la ausencia de destope de la cotización máxima que les permite no cotizar a la caja común por todos sus ingresos.
El coste de las mejoras de unos se financia con la reducción para otros
Como adelantaba, la modificación regresiva introducida en el decreto es la reducción de un 5% anual en la cotización a la Seguridad Social para la pensión hasta su fijación en el 100% para el año 2028, o sea, 1.134 euros (a valor constante) al considerar el Gobierno que ese importe derivado de sus derechos actuales es excesivo, al haberse revalorizado significativamente (el 47%) estos últimos cinco años el SMI, y suponer una sobre cotización injustificada, que los privilegiaba frente a las personas empleadas con el SMI.
En resumen, aparte de la posición negacionista del recorte, gradualmente relativizada ante la evidencia de esas reducciones de las cotizaciones para la pensión pública, existen varias justificaciones oficiales para esa rebaja, entre ellas la llamada sobre cotización estatal injustificada o inmerecida y el agravio comparativo con las personas ocupadas con SMI que cotizan solo por su importe, lo que podría suponer un desincentivo para la búsqueda y permanencia en el empleo o un apoltronamiento en el desempleo. Pero veamos el impacto económico que se refleja en la propia Memoria Económica que acompaña a la propuesta de decreto.
En el año 2028, cuando estuviese la normativa aplicada totalmente, la valoración presupuestaria básica que se realiza es que sus efectos fiscales serían neutros, es decir, la mayor inversión presupuestaria en las mejoras se compensaría con el ahorro público derivado de las medidas restrictivas. El recorte de las cotizaciones para la pensión de los mayores de 52 años, perceptores del subsidio, supondría 468 millones de euros anuales de reducción del gasto social al no ingresar en la caja común esa diferencia del 25%. Y según cálculos propios, el incremento de gasto social derivado del aumento limitado de 90 euros en el primer semestre y 60 euros el segundo semestre para los nuevos perceptores menores de 52 años -teniendo como referencia los datos actuales- llegaría hasta 237 millones; tenemos esa diferencia de 231 millones para el resto de medidas positivas de ampliación de beneficiarios.
Ello contrasta con el cálculo del total de los 400.000 perceptores adicionales que oficialmente se dice que podrían beneficiarse y cuyo costo podría llegar hasta los 2.500 millones de euros anuales -según investigadores de FEDEA-. Sin embargo, ante la prevención oficial por la contención del gasto social, las fuentes gubernamentales insisten en que el saldo fiscal neto -incrementos menos reducción- sería cero, tal como está cuantificado en la Memoria Económica de la nueva normativa; ello supone que esa hipotética ampliación perceptora se quedaría sin financiación, o bien su promesa de esa cantidad de nuevos perceptores está inflada y su impacto está embellecido.
Por tanto, el grueso de las medidas positivas del subsidio a menores de 52 años y la ampliación de su cobertura a otros colectivos, se financiarían con el recorte impuesto a los mayores de 52 años. Se produce un desplazamiento del gasto público de un colectivo social vulnerable -con la expectativa de su vuelta al empleo y con una duración determinada- a otro también (más) vulnerable -acentuando su carácter asistencial, indefinido y fuera del mercado laboral-. Se opone al criterio global de progresividad fiscal, de ampliar los recursos de los sectores pudientes hacia los más desfavorecidos, junto con promover un mercado de trabajo más digno, en el que todavía hay 2,7 millones de personas desempleadas, de ellos un millón de larga duración, con protección social insuficiente e inadecuadas políticas activas.
En consecuencia, el intercambio de ventajas y desventajas entre colectivos vulnerables es segregador, el Estado cargaría sobre ellos la responsabilidad de la situación de paro y la insuficiencia protectora, cuando una reforma progresista para la gente parada exigiría un plan ambicioso de recursos públicos y cohesión social.
Los efectos culturales de ese intercambio desigual es la estigmatización -por los supuestos privilegios- de un colectivo en pobreza severa, con duración hasta quince años, al que se le retira la compensación de una expectativa de una pensión mínimamente digna. Se olvida que el objeto de la Seguridad Social, como institución protectora y solidaria, es la protección pública suficiente, incluido los complementos a mínimos -auténtica barrera contra la pobreza- y más allá de la estricta contributividad para garantizar una vida digna, especialmente para las personas desempleadas de larga duración.
Esta idea tradicional del Estado social es contraria a la lógica neoliberal y reaccionaria de promover la competencia entre distintos grupos populares por recursos públicos escasos. Por tanto, más allá de la reducción cuantitativa de las prestaciones, la consecuencia política e ideológica negativa es la implementación de una segregación adicional con la pugna competitiva entre los distintos escalones de personas desfavorecidas. Es el caldo de cultivo para la insolidaridad popular y la manipulación de la demagogia ultraderechista.
Es usual en muchas negociaciones, incluido en los convenios colectivos, intercambiar ventajas y desventajas que afectan a las mismas personas; así se evalúa la comparación de lo positivo y lo negativo y se hace un balance global para inducir su aceptación o rechazo del conjunto. También se produce la aceptación de acuerdos con avances limitados dependientes de una interpretación posibilista de la correlación contractual de fuerzas, si no hay fuertes expectativas de mejoras. Pero no es el caso. Aquí, el decreto afectaba de forma desigual, con algunos retrocesos y en competencia entre distintos colectivos, y conllevaba un carácter insolidario. Ese recorte es social y divisivo, y además tiene implicaciones políticas y también éticas e ideológicas.
El fiasco parlamentario, la ruptura en la izquierda y la necesidad de recomposición
En la negociación preliminar en el seno del Gobierno entre el ministerio de Economía -Calviño/PSOE- y el ministerio de Trabajo -Díaz/Sumar- para elaborar el decreto sobre el subsidio de desempleo hay un choque entre dos orientaciones con un supuesto empate problemático. Por un lado, en los primeros, existe la presión neoliberal por reducir el gasto social, especialmente de las pensiones públicas, desincentivar la suficiencia del subsidio de desempleo y consolidar la cultura de subsidiaridad de la protección social. Por otro lado, en los segundos, con la demanda popular de fondo, trataban de mejorar esa protección pública y aspirar a una mayor legitimidad cívica por su actuación gubernamental en esta materia.
El resultado normativo fue este empate insatisfactorio, un acuerdo contradictorio entre la mejora de unos colectivos vulnerables a cambio del empeoramiento de otros. Pero, desde el punto de vista político, el fiasco de su fracaso parlamentario denota, como afirman fuentes gubernamentales socialistas, la incapacidad negociadora de la vicepresidenta Yolanda Díaz con la dirección de Podemos para llegar a un acuerdo razonable, como han conseguido ellos mismos respecto de los otros dos decretos anticrisis consensuados.
Queda pendiente para la próxima etapa la negociación de otro equilibrio, mediando el diálogo social que promueve el Ministerio de Trabajo. Aunque el propio Partido Socialista, tras haberle endosado el marrón de liderar esa posición ambivalente, y visto el fiasco precedente, avanza su pretensión intermediadora, en particular con Podemos para superar el desacuerdo con la modificación del decreto. El reto es consensuar una salida de fondo progresista con la reafirmación de lo positivo y la eliminación de lo negativo.
En su conjunto, el fracaso parlamentario del Gobierno ha ido acompañado de una polarización del relato sobre su sentido, sus causas y las responsabilidades de cada actor para defender sus respectivos intereses de legitimación político-electoral. La mayoría de medios ha querido trasladar la responsabilidad del conflicto exclusivamente a intereses espurios o venganzas personales de la dirección de Podemos. Se desconsidera el contexto de la persistente estrategia para su aislamiento político y su objetivo para afianzar su espacio político-electoral, considerados ilegítimos; pero, sobre todo, se esconde la razón objetiva en que se asienta esa discriminación concreta hacia los nuevos perceptores del subsidio para mayores de 52 años y su profundo significado.
No obstante, según insinúan fuentes socialistas, la realidad expresa los límites de la estrategia negociadora y de capacidad articuladora de la dirigencia de Sumar, con su empecinamiento en la exclusiva bondad del decreto y su irreformabilidad sustantiva, así como su desconsideración hacia la representatividad e interlocución con Podemos, al que consideraban incapaz de ofrecer resistencia parlamentaria o, en su caso, acentuar su debilitamiento.
El choque ha sido durísimo. El balance para las izquierdas es desastroso: perjudica la credibilidad gubernamental para implementar su política sociolaboral, dejando ver que existen claroscuros en sus políticas y sus alianzas. La lección es la necesidad de un mayor proceso dialogador e integrador de todos los grupos parlamentarios del bloque democrático-plurinacional, en particular el de Podemos -aparte del de Junts con la amnistía-, cuestión que parecía admitida por la dirección socialista tras su salida del grupo parlamentario de Sumar, marcando una diferencia respecto de la estrategia antipluralista por su marginación.
Así, indirectamente, sale favorecido el Partido Socialista con un talante público más pragmático y menos sectario, consciente de la prioridad de garantizar un acuerdo con todas las fuerzas de la investidura para avanzar en derechos sociales y neutralizar las duras ofensivas de las derechas. Y, por otro lado, se ha incrementado el distanciamiento entre ambas fuerzas a su izquierda, restándoles influencia transformadora.
En definitiva, frente al supuesto objetivo de la mejora global del subsidio de desempleo, los datos oficiales -mirados desde el punto de vista fiscal como prevención del incremento del gasto público- demuestran que no se incrementa la inversión pública para las personas desempleadas. Lo que se produce es un desplazamiento; se reduce a un colectivo desfavorecido y se incrementa a otro. Pero el balance político e ideológico no es neutro.
Desde el punto de vista progresista, de la solidaridad, la cohesión social y la defensa de una vida digna, especialmente, para las personas desempleadas, implementar esa merma de esas pensiones futuras y esa división social no es un avance sino un retroceso político, social y cultural. La no aprobación del decreto, sin que su tramitación como proposición de ley tuviese la garantía de retirar ese recorte, no anula la posibilidad de adoptar las medidas positivas que se iban a aplicar a partir de junio de 2024. Al contrario, ofrece la oportunidad mediante un acuerdo social y político global, incluido Podemos, de una mejora sustantiva de la protección a las personas desempleadas y pensionistas, con una reorientación discursiva en beneficio del interés compartido y una legitimación de los actores sindicales y políticos, cuya pugna competitiva se ha puesto de manifiesto.
Las izquierdas demostrarían que son capaces de dialogar y adoptar medidas beneficiosas para un colectivo especialmente vulnerable y, en general, para las capas populares, ensanchando el campo de una izquierda alternativa y útil para la sociedad en un reequilibrio menos desfavorable frente a la creciente hegemonía socialista y del bipartidismo. Y, sobre todo, constituiría una palanca fundamental para consolidar el bloque democrático y plurinacional y asegurar una orientación democratizadora y de progreso social. Todo ello está condicionado por los distintos intereses corporativos de cada espacio político por ganar representatividad, particularmente en las elecciones europeas, eslabón de realismo político para encarar la recomposición relacional de la izquierda transformadora y el pulso legitimador progresista frente a las derechas. El objetivo compartido debiera ser, frente a la amenaza de involución derechista, garantizar la continuidad de la estabilidad gubernamental con el avance de derechos y el proceso reformador de progreso.
Antonio Antón es sociólogo y politólogo
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