La solución del problema fiscal-tributario nacional, debe articularse con equitativas políticas sobre construcción de equidad socioeconómica y desarrollo nacional integral. Y en consecuencia deben comprender políticas que garanticen generación de empleo, mejoramiento salarial, reducción progresiva de informalidad y racionales estímulos a la producción, productividad, competitividad y comercialización interna y externa.
La solución a los problemas de pobreza, no se deben resolver a través de subsidios del fisco nacional. Colombia ya está gastando, vía presupuesto, más de $100 billones en subsidios. Estas limosnas, aunque pueden ser algún alivio para muchos, en nada contribuye a la solución de la pobreza endémica. Se requiere desarrollo nacional integral.
La equidad salarial implica generación y formalización del empleo, crecimiento productivo y competitivo. Los índices de desempleo, informalidad e inequidad socioeconómica, de Colombia, están entre los más altos de la región y del planeta.
El Gobierno y el Congreso son los responsables de diseñar e implementar políticas concretas para garantizar mejor distribución y redistribución del ingreso y equidad socioeconómica y, por lo tanto, es imprescindible que se ocupe de lo laboral, salarial y pensional y del crecimiento industrial-comercial.
Desafortunadamente, el Congreso colombiano está infestado por una oposición de extrema derecha, torpe, mezquina, ruin, que nada le importa el desarrollo nacional y menos la equidad socioeconómica.
Los instrumentos legales que rigen el desproporcionado e inequitativo sistema tributario, salarial y pensional colombiano, son de dominio del gobierno y el congreso y del correspondiente control legal de la Corte Constitucional.
Las desproporcionadas mesadas salariales y pensionales de congresistas y magistrados, entre otros, en aras de la equidad y la justicia social, deben ser modificadas, lo mismo que el régimen general salarial y pensional nacional.
Según información estadística, 48% de los 23 millones de colombianos que tenían trabajo antes de la pandemia, en el sector informal el 52% recibía mensualmente menos de un salario mínimo, generalmente no tiene casa y mucho menos renta de capital y tienen que sobrevivir con ese ingreso.
La inequidad en el monto de las mesadas pensionales y en el régimen salarial vigente, es injustificada. El 80% del monto total de las mesadas pensionales mensuales va al 20% de los pensionados con mayor mesada. El 20% de las mesadas, le llega al 80% de pensionados.
De fuente oficial se sabe que el subsidio del estado (del presupuesto nacional) para pago de pensiones en 2.019, superó los $40 billones. Un 15% del presupuesto nacional.
El número de pensionados no supera un millón setecientos mil. En Colombia, solo el 25% de mayores de 60 años está pensionado, mientras en Argentina el 45%, en Chile el 55%, en Brasil el 75%, etc.
De 23 millones de trabajadores colombianos, aproximadamente 7.0 millones son cotizantes y no todos permanentes.
Son cifras verificables que confirman el inequitativo régimen pensional y salarial, que el gobierno y el congreso, hasta hoy han demostrado falta de voluntad política y responsabilidad social para restructurar y ordenar.
Es previsible que una reforma fiscal-tributaria, salarial y pensional, racionalmente equitativas, sean prácticamente imposible que logren aprobación en el Congreso, porque afecta intereses personales y de sectores interesados. Además, deben ser revisadas constitucionalmente y tener tropiezos, motivados por argumentos que pueden responder a intereses personales. Son factores previsibles que pueden malograr el necesario propósito de reforma fiscal-tributaria, salarial y pensional, vía Congreso.
Las Reformas Socioeconómicas, si el Congreso las torpedea y las niega, pueden lograrse a través del constituyente primario. Un referendo puede poner fin a la inequidad fiscal-tributaria, salarial y pensional, garantes de equidad socioeconómica progresiva.
El constituyente primario, mediante el uso de recursos constitucionales, debe ordenar:
1.-En Colombia, en el sector público oficial, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a trabajador o prestador de servicios, por concepto de salarios y complementarios, más de 20 salarios mínimos mensuales.
2-En Colombia, en el sector público Oficial, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, a nadie pueden pagar más de 10 salarios mínimos mensuales, por concepto de pensión y complementarios y en todos los casos, la liquidación de pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual, únicamente.
3-Todo colombiano en estado de invalidez económica y/o abandono familiar, a partir de los 65 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.
4.-En Colombia, el que más riquezas, patrimonio e ingresos tenga, racionalmente mayor tiene que ser la tributación impositiva al fisco nacional.
La consulta y decisión del Constituyente Primario es la única vía, para lograr institucionalizar equidad y racionalidad tributaria, salarial y pensional.
Consideración necesaria e incuestionable: Todos los trabajadores de altas y medianas remuneraciones salariales, durante su vida laboral, han recibido salarios que les pudieron permitir capitalizar y ahorrar. Tienen casa o casas propias y generalmente rentas de capital. No son pobres. Pueden vivir holgadamente con la mesada pensional que resulte de la reforma.
Es menester analizar las circunstancias, hechos y consecuencias, de las decisiones y ejecutorias, de los gobiernos de los últimos doscientos años, para entender las causas de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad y la violencia que campean en Colombia y que si no se tratan correcta y oportunamente, se catapultará la inequidad socioeconómica con sus reales consecuencias, atizadas en el presente, por la inevitable crisis fiscal, económica y social inducidas por la violencia, el desgobierno, la criminalidad, el desempleo y subempleo, y la oposición de los gremios económicos y dueños de las riquezas y el poder económico.
La institucionalización y racionalización de la equidad socioeconómica exigen decisiones de fondo, y es un reto histórico para el Gobierno, convocar referendos, los que sean necesarios e impulsarlos, como objetivos fiscal-tributario, socioeconómico y de justicia social supremos.
La equidad fiscal-tributaria, salarial, pensional y socioeconómica en general, deben ser soportadas y protegidas con disposiciones legales concretas y efectivas para blindar el ordenamiento legal contra la corrupción, la politiquería y la inmoralidad crecientes. Es un desafío que puede convertirse en realidad, con voluntad y responsabilidad política y social, del gobierno.
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