La Comisión Europea ha reconocido a Valencia como Capital Verde Europea durante 2024 (“el color de una ciudad sostenible de verdad”); en este contexto, el Palau de la Música acogió -el 25 y 26 de junio- la Conferencia Empowering cities-the climate neutral and smart cities mission in action, organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la institución comunitaria.
Entre las entidades colaboradoras de la capitalidad figuran la constructora FCC; Fundación Aguas de Valencia (grupo Global Omnium); la cadena de supermercados Mercadona; Naturgy (sectores eléctrico y gasístico); Power Electronics; PowerCo (filial productora de baterías de VolksWagen) y la Universitat Politècnica de València.
Ante la (oficial) distinción verde, colectivos sociales y ecologistas organizaron las Jornades alternatives “València capital verda a debat”; así, el 25 de junio programaron una concentración frente al Palau de la Música de Valencia y la actuación del humorista Xavi Castillo (Per una ciutat que ens permeta viure dignament a totes!).
El mismo día se celebró la conferencia Desafiaments de les ciutats del segle XXI. Una reflexió col·lectiva, a cargo del miembro de Ecologistas en Acción y las cooperativas Garúa y Entrepatios, Luis González Reyes; y la arquitecta, profesora ayudante doctora en la Universidad Politécnica de Madrid y coeditora de Biorregiones. De la globalización imposible a las redes territoriales ecosostenibles (Ed Icaria, 2023), Nerea Morán.
González Reyes enunció los problemas asociados a la movilidad, el transporte, y los consumos de energía en Valencia, Una semana después de inaugurar la Valencia cities climate week, la alcaldesa María José Català (del PP, que gobierna en coalición con el partido ultraderechista Vox”) valoró como “día histórico” la adjudicación del contrato para ejecutar las obras del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia.
El 1 de julio, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) -dependiente del Ministerio de Transportes, controlado por el PSOE- adjudicó las obras de la macroampliación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona; la constructora Bertolín y la compañía Jan de Nul Group.
La APV destacó que la infraestructura portuaria contaría, en caso de ejecutarse el proyecto, con una superficie de 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar hasta 5 millones de contenedores.
Formada por colectivos vecinales, ecologistas y sindicatos, la Comissió Ciutat-Port calificó, también el 1 de julio, la mencionada aprobación de “temeraria” y “negacionista”; entre otros motivos, “por los procesos judiciales abiertos ante diferentes tribunales” (por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -emitida el pasado 24 de mayo- anulaba la sustitución de Puertos del Estado por la APV como órgano sustantivo en la Declaración de Impacto Ambiental -DIA- del proyecto de ampliación portuaria).
Asimismo la Comissió ha advertido, tras consultar con diferentes especialistas, que la DIA de la actuación -emitida en 2007- “estaría caducada”; en consecuencia, podrían exigirse responsabilidades por los impactos “negativos” e “irreversibles” en el litoral y el Parc Natural de L’Albufera (tal como figuran las obras en el proyecto y sin una DIA actualizada).
Otro punto abordado en la conferencia fue la contaminación atmosférica; el informe La calidad del aire en el estado español durante 2023, de Ecologistas en Acción, señala que el 47% de la población en el País Valenciano (2,5 millones de personas) respiraron aire contaminado en 2023, por encima de los límites aprobados por el Parlamento Europeo para 2030.
“Las partículas PM10 y PM2.5 continuaron afectando principalmente a las aglomeraciones de Valencia y Elche y al área costera de Segura-Vinalopó”, agrega el informe.
Otra fuente de interés es la iniciativa ConBici Herramienta Climática, promovida por la Coordinadora en defensa de la bicicleta en España (ConBici); la iniciativa consiste en medir la concentración de PM2.5 en el aire, por parte de voluntarios que se desplazan por la ciudad en bicicleta; así, entre enero de 2022 y mayo de 2024, el 60% de las mediciones de PM2.5 en la capital valenciana fueron superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el citado estudio, València en Bici-Acció Ecologista Agró subrayan la necesidad de reducir las fuentes de emisión de NO2 (dióxido de Nitrógeno) en el centro de Valencia.
En cuanto a la movilidad, uno de los aspectos relevantes es el del transporte aéreo; la empresa estatal AENA destacó que el aeropuerto de Valencia registró en 2024 “el mejor abril de su historia”, con más de 945.000 pasajeros (incremento del 9% respecto a abril de 2023).
En un contexto de protestas ante el riesgo de turistificación, el pasado 9 de mayo directivos del gestor público aeroportuario informaron a altos representantes de la Generalitat sobre los planes de expansión en el País Valenciano: el inicio de la licitación del proyecto de ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche en el último trimestre de 2024, y –a continuación- se licitaría el proyecto para el aeropuerto de Valencia.
El comunicado sobre la ampliación de los terminales de los dos aeropuertos utilizaba la expresión “crecimiento sostenible en términos aeroportuarios”.
Las Jornades Alternatives abordaron, asimismo, la amenaza que representa la energía nuclear, contra la que se han manifestado colectivos ecologistas y ciudadanos; así, el 1 de junio, activistas de Tanquem Cofrents se movilizaron ante la sede de la multinacional Iberdrola en Valencia, propietaria de la central nuclear ubicada en el municipio de Cofrentes (1.120 habitantes).
Calificaron la energía nuclear como una tecnología “antigua”, “sucia”, peligrosa”, “cara” e “innecesaria”; de hecho, el 14 de enero la plataforma alertó que en la planta valenciana se produjo un “escape de agua del circuito primario”; el agua se hallaba en contacto con el combustible nuclear, añadieron, por lo que sería “altamente radiactiva”; en consecuencia, se produjo la parada automática (no programada) del reactor.
¿Posibles alternativas? En el libro Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana (Ed. Libros en Acción, 2015), Nerea Morán y José Luis Fernández Casadevante Kois escriben:
“El derecho a la ciudad sería un paraguas bajo el que impulsar modelos urbanos alternativos donde desarrollar distintos estilos de vida, que se materializarán en unas territorialidades diferenciadas, pues parafraseando a Paul Bourget, cuando no se habita como se piensa, se termina pensando como se habita”.
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