Nace el primer Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en el Estado español. Su objetivo es transformar la realidad recogiendo historias reales a través de su canal de denuncia colectiva.
Son las cuatro de la tarde de un día entre semana. Berta lleva más de siete horas en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Durante el juicio, en uno de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la jueza no le ha permitido amamantar a su hijo de tan solo 12 días. El bebé llora mientras su señoría le pregunta a Berta por qué no habla el idioma llevando más de un año en el país. El caso de Berta no es único ni especial. En otra de las salas se encuentra Sabina, a quien una jueza le acaba de negar la orden de alejamiento. “Se ha considerado que yo no tenía miedo de mi agresor porque le envié un mensaje hace unos días”, cuenta Sabina. ¿Sabéis lo que decía el mensaje?: “Me has destrozado la vida, tengo tanto miedo que no puedo dormir”.
El pasado 15 de marzo en Barcelona se presentaba públicamente el primer Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en el Estado español. Desde entonces, a través de su canal de denuncia colectiva, este Observatorio ha empezado a recibir casos reales, como el de Berta o Sabina, que demuestran cómo la violencia machista, (re)producida desde las instituciones públicas, condiciona el rumbo de su vida. Y es que, ¿qué podemos esperar cuando, en algunos territorios, como es el caso de Badalona, se deniegan más del 70 por ciento de las órdenes de protección?
“En los juzgados, la violencia institucional machista campa a sus anchas. Ahora bien, esta puede estar presente en cualquier sector público”, comenta Marina Oliva, una de las integrantes del equipo gestor del OVIM, quien recuerda el caso de Sonia, una mujer migrante, con barrera idiomática, que acudió al hospital tras varias secuelas físicas en la rodilla producidas por la violencia machista ejercida por su pareja: “Se fue con mucho dolor porque el médico no tuvo ningún tipo de tacto al hacerle la infiltración de rodilla. El doctor sabía que ella tenía problemas de audición fruto de las palizas, pero en ningún momento lo tuvo en cuenta. Se explicó lo sucedido en recepción, pero justificaron que era su forma habitual de proceder”.
El Estado, a través de todas sus instituciones y servicios, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vida libre de violencias machistas. Por ello, cada vez que un servicio público discrimina, dilata, obstaculiza o impide el goce y ejercicio de los derechos humanos de mujeres e infancias, así como su acceso a derechos y a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las violencias machistas, se está produciendo violencia institucional machista. “Es precisamente esta la razón por la que nace el OVIM: para que las instituciones actúen con diligencia debida y garanticen el derecho a una vida libre de violencias machistas y discriminaciones contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, enfatiza Oliva.
Un trabajo en red
Impulsado por la Associació Hèlia y Almena Cooperativa Feminista, el Observatorio resulta de la amplia lucha histórica de organizaciones feministas de todo el país. En concreto, nace del proyecto Vecinas por Vecinas, de la la Associació Hèlia. Una red formada por voluntarias que realizan acompañamientos a supervivientes de violencia de género en juzgados, centros de salud, oficinas administrativas, etcétera. “Es a través de estos acompañamientos que me he dado cuenta de cuántos abogados con actitudes paternalistas y machistas existen, los cuales ignoran las vivencias de terror que experimentan las mujeres al testificar en un juicio o al ir a poner la denuncia”, cuenta Assumpta Rigol Cuadra, una de las más de 200 voluntarias que colaboran con la Associació Hèlia. Su compañera Helena Valls Pi ha detectado dos grandes problemas tras realizar los acompañamientos: “Muchas de las mujeres no tienen red porque el agresor las aísla. Además, el sistema policial no está lo suficientemente formado como para encarar este tipo de situaciones”.
Además de sus impulsoras, detrás de este Observatorio se encuentran más de 20 organizaciones de diferentes comunidades autónomas y cinco expertas a título individual. La mayoría trabajan con mujeres e infancias que viven violencias machistas, por lo que son testigos de cómo el circuito institucional falla, vulnerando sus derechos y revictimizándolas. “Para nosotras es fundamental ser parte del OVIM, pues creemos que la única forma de visibilizar, hacer seguimiento y estudiar los patrones de violencia institucional machista es a través del registro de casos”, comentan desde Motril María Belén Villalobos Gil y Mayte Rodríguez García, de la Asociación Damos la Cara Contra la Violencia de Género. En esta misma línea, Tania Sordo Ruz, de Colectiva 1600s de Madrid, remarca lo imprescindible de tener “un espacio seguro en el que relatar lo sucedido sabiendo que serás escuchada con respeto y sin juicios de valor”.
Por su parte, Nahxeli Beas, de l’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS) de Barcelona, comparte que el OVIM es “una vía para el reconocimiento social, jurídico y político de las violencias institucionales machistas y un logro de la lucha feminista por denunciar y visibilizar estos patrones sistemáticos de discriminación y de no acceso a la justicia de las mujeres”.
Son muchas las supervivientes que acuden a los servicios públicos esperando recibir una protección que nunca llega. Bien al contrario, en muchos casos se encuentran con un cúmulo de violencias que parten, siempre, de un abuso de poder. Esto le dice un abogado de oficio a una mujer agredida por su pareja: “Bueno, Marta, seré tu abogado durante los próximos dos años. Si te vuelven a pegar una paliza, me llamas”. Otra compañera cuenta cómo se enteró de su sentencia firme vía correo electrónico: “A mi abogada la vi el primer día, el día del juicio, y ya está, nunca más. La llamé dos veces, pero jamás supe de ella”.
Alianzas internacionales
Durante la presentación pública del Observatorio estuvieron presentes compañeras de Colombia, México y Mozambique. Para el OVIM es imprescindible generar espacios de encuentro para el conocimiento e intercambio de experiencias con mujeres, defensoras de derechos, organizaciones y movimientos feministas de todo el mundo. Lo importante “no es solo denunciar, sino también arropar durante el proceso, porque no sabemos si el agresor será arropado por el Estado”, recuerda María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en México.
Gracias a estas alianzas se espera un intercambio de buenas prácticas esencial para el futuro del Observatorio. “Necesitamos cooperar en equipo para acabar con un problema invisibilizado. En España, se conocen los casos mediáticos, pero la gran bolsa de víctimas ni siquiera se imagina”, lamentan desde Damos la Cara. En la misma dirección, Tere Sáez Barrao, de Lunes Lilas en Navarra, recuerda el papel imprescindible de “las periodistas amigas que a través de sus altavoces mediáticos trabajan para sacar a la luz todo esto”.
Dicen que aquello que no se nombra, no existe. Es quizá por esta razón que el Observatorio cuenta con un canal de denuncia colectiva pensado para recoger casos de violencia institucional machista. Su finalidad es vigilar estas violencias, así como exigir a los poderes públicos e instituciones que no se repitan estos hechos. Desde el sector judicial hasta el sanitario, pasando por sectores sociales, educativos, ocupacionales, culturales o de atención a mujeres, todos ellos son susceptibles de reproducir dicha violencia respondiendo a dos ejes de opresión: el machismo y el racismo. El OVIM trabaja bajo una mirada interseccional, cruzando los modelos clásicos de dominación, tales como la raza y el género, e incorporando la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad de género, la clase, la religión, el estatus de ciudadanía o el idioma. Y es que, como cuenta la voluntaria de Hèlia Valls Pi, “en casi todos los acompañamientos que realizamos, el racismo está presente de una u otra forma”. Por esto, no se puede entender el OVIM sin la mirada antirracista, porque “es gracias a esta que podemos señalar y desmontar los estereotipos de género impuestos sobre las mujeres migradas”, recuerda Sordo Ruz.
Pero el racismo no empieza ni acaba con las mujeres migradas. En el Estado español conviven realidades heterogéneas, como es la presencia histórica de minorías étnicas sistemáticamente silenciadas e invisibilizadas. Es el caso del Pueblo Gitano, al que no se le ha respetado su identidad romaní. “La legislación ha buscado, desde los inicios de la democracia, reeducar a las mujeres gitanas desde el sistema occidental blanco”, comparte Paqui Perona, de Veus Gitanes. Y añade: “Las políticas actuales continúan en la misma línea: bajo un racismo institucional que sigue presente en el imaginario colectivo”. Son muchas las mujeres gitanas que no acuden a los recursos específicos de violencia porque saben lo que les espera. “Las que acuden, después de agotar las otras vías posibles, se encuentran con una clara infantilización, así como una anulación de todo su recorrido previo”, concluye Perona.
Suma a la denuncia colectiva
Y ¿cómo funciona el registro para contar un caso? El canal de denuncia colectiva cuenta con tres formularios. El primero, para mujeres que han vivido un caso de violencia institucional machista. El segundo, para el entorno de una mujer que ha pasado por ello. El tercero, para organizaciones o activistas testigos de estas realidades. Cada historia individual cuenta. De hecho, estas contribuyen a la acumulación de datos, necesaria para generar conocimiento con el que poder hacer incidencia política hacia las instituciones públicas. La finalidad del OVIM no es otra que transformar la política pública a partir de las historias recibidas. “Necesitamos datos que puedan dejar constancia de la mala praxis de las instituciones. Tras vivir una violencia machista, el papel del Estado debería ser protegerte, no volverte a agredir”, recuerda Alba Moreira, otra de las integrantes del equipo gestor del Observatorio.
El camino es largo. Las violencias institucionales machistas no dejan de ser realidades incrustadas en todo el sistema: desde arrancamientos a madres protectoras hasta la aplicación del falso síndrome de alienación parental, pasando por las violencias ejercidas por la abogacía de oficio o las barreras idiomáticas insalvables. “No podemos olvidar que la responsabilidad última es del Estado y las instituciones públicas, quienes deben formar y concienciar a sus profesionales, así como establecer protocolos para prevenir, identificar y corregir las violencias institucionales machistas”, explica Júlia Vega, también del equipo gestor del OVIM. “Las instituciones y servicios públicos deben trabajar para todas las mujeres, y no solo para un único modelo de mujer universal”, termina Paqui Perona, de Veus Gitanes.
Con todo, el OVIM se posiciona como una pieza clave para conocer las violencias institucionales machistas en nuestro país y documentar casos paradigmáticos que permitan ilustrar patrones recurrentes. Un proyecto que, sin duda, necesita seguir tejiendo alianzas con la fuerza colectiva de todas nosotras.
Y tú, ¿te sumas?