Diversos hechos muestran que hemos entrado en una nueva etapa o fase del gobierno progresista. El pasado 8 de agosto se superó la mitad de su período. Y de acuerdo a las dinámicas políticas en Colombia, se entra en una especie de “recta final adelantada”, dado que las elecciones parlamentarias serán en marzo de 2026 y las presidenciales en mayo.
Significa, que en la mitad de 2025 arrancan las campañas electorales y, desde ahora mismo, los partidos políticos y los “grupos de presión” empiezan a definir su actitud frente al gobierno de turno. Tal parece que el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior ha funcionado positivamente frente a los partidos políticos; falta ver cómo reaccionan los gremios empresariales y otros sectores de la producción y las finanzas.
La forma como avanza la reforma laboral y la elección del nuevo contralor muestran que un sector de la política tradicional (conservadores y liberales, La U, una parte de los verdes y otros partidos pequeños) han comprendido que en esa “recta final” no pueden seguir con la estrategia del “bloqueo legislativo”, que también los ha desgastado a ellos frente a la población, y, además, ellos no van a renunciar a tener acceso al presupuesto y a la burocracia que maneja el gobierno.
No obstante, por lo que ha sucedido recientemente con las Cortes, especialmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se puede afirmar que en el frente de la Justicia las cosas son a otro precio. Allí es donde la Procuraduría puede servir de “contención” para neutralizar la “guerra jurídica” (lawfare) que ya está en plena arremetida. Tres decisiones judiciales recientes, la que autorizó al CNE a investigar administrativamente al primer mandatario; la que tumbó los contratos con las Juntas de Acción Comunal para construir vías regionales; y la que anuló nombramientos de comisionados a la CREG, dejan ver que el bloqueo y la “guerra jurídica” se agudiza en ese sector estatal, a pesar del “cuento” del Acuerdo Nacional.
Y lo mismo parece que va a ocurrir con algunos gremios empresariales ligados íntimamente con la oligarquía financiera. Ellos han cedido en “algo” frente a la reforma pensional, laboral, y posiblemente en la de salud, pero van a apretar con fuerza en relación con otros sectores estratégicos como la energía eléctrica, tanto en la generación (gas, petróleo, carbón, hidroeléctrica) como en la transmisión y distribución. Ya anuncian un “apagón financiero y físico” en el sector energético. Lo mismo, se empieza a tensionar todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura vial (concesiones), que es un área muy sensible para el gran capital. Así, el “bloqueo” posiblemente se transforme en abierta “guerra económica”.
Las alternativas posibles de frente a 2026
En Colombia los sectores populares y democráticos tenemos la tarea y la obligación de darle continuidad al gobierno de Petro. Surgen 3 alternativas posibles que dependen del desempeño del gobierno en los próximos meses:
1. La reelección del presidente Petro, que requiere de una reforma constitucional (lo cual es bastante improbable y, por tanto, sería un desgaste impulsar esa iniciativa);
2. La elección de alguien más moderado que Petro “en las formas” pero más revolucionario “en los hechos” (todavía no aparece una figura con ese perfil, pero podría construirse y se avizoran algunas personas que podrían dar la talla); y,
3. La elección de alguien más moderado que Petro en “los contenidos”, lo cual sería un gobierno muy cercano al “centro-santismo” (sería algo así como el “mal menor”; igual a la elección de Gregorio Eljach en la Procuraduría).
Todo depende del desempeño del gobierno en la recta final. Si es “mediocre”, si no enfrenta con inteligencia, “paciencia estratégica” y “tranquilidad democrática” la arremetida de la oligarquía, los intentos de crear “pánico económico” y la “guerra jurídica” a todo nivel, las derechas podrían construir una candidatura viable unificando a toda “centro-derecha” que podría competir con ciertas posibilidades de triunfo. Lo interesante del momento es que la derecha extrema (“uribista” y “ultra-uribista”) no tiene viabilidad en 2026, y eso es positivo.
Allí, en ese “centro-derecha” estarán todos aquellos que como el Moir (alias “Dignidad”) han convertido su odio a Petro en algo más que una actitud política y se les ha convertido en una obsesión sectaria. Y claro, se sumarán todos aquellos que ‒parcialmente‒ sienten o perciben que, a pesar de algunos errores y deficiencias, el proyecto progresista se está abriendo paso entre amplios sectores populares, y puede construir una hegemonía social y política hacia el futuro.
Persistir en “hacer un buen gobierno” sin dejarse provocar del bloqueo institucional, de la guerra jurídica y del pánico económico que impulsan en forma artificial los enemigos del gobierno progresista, es más importante que estar denunciando los “golpes de Estado”, que pueden ser intentos ciertos de algunos sectores de la extrema derecha incrustados en algunas entidades, como el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, pero que no es la estrategia del grueso de la oligarquía.
Hay que defenderse de todos esos ataques recurriendo a la experticia legal, a la madurez democrática, y también, en su momento oportuno, a la movilización social, pero hay que concentrarse en acciones contundentes como la entrega de tierras a los campesinos sin tierra, el apoyo total y práctico a las comunidades que sufren desastres, y sobre todo, políticas y recursos para avanzar con la industrialización y organización asociativa de los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad.
Si el gobierno es juicioso en esas materias, el pueblo se levantará a defenderlo en el momento justo, que muy posiblemente sea en las elecciones de 2026. La estrategia de “tensión” que parece ser del gusto del presidente Petro, implica caer en la trampa oligárquica, y lleva a que tanto los funcionarios como la gente (“opinión pública”), se concentren en la confrontación inmediata y coyuntural y, se pierda de vista que lo principal es “darle continuidad al gobierno progresista” en las elecciones parlamentarias y presidenciales venideras.
Y, además, cualificar mucho más al movimiento social y organizar “en serio” el Pacto Histórico. La “estrategia de tensión” se parece a la “primera línea” del estallido social. Eso desgasta y aísla, “mueve” a los sectores más fieles al “petrismo” pero nos aísla del grueso de la población. Ya tenemos bastantes experiencias en ese terreno.
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