La Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana publicó -en octubre de 2019, en el diario oficial (DOCV)- la Guía de aplicación del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA); detalla que 2.864 kilómetros cuadrados (12% del territorio del País Valenciano) reviste “peligrosidad de inundación”; en la actual DANA se han visto afectados 45 municipios del País Valenciano.
En el estado español, la población que vive en zonas expuestas al riesgo de inundaciones es de al menos 3,2 millones (cerca del 7%), lo que podría implicar unas pérdidas económicas (potenciales) de 122.132 millones de euros; se da “una mayor concentración de exposición a lo largo de la costa mediterránea”, según el estudio Una aproximación a la exposición al riesgo de inundación fluvial en España (Universidad de Almería, 2024).
Las inundaciones y el gran destrozo en el País Valenciano sucedieron el pasado 29 de octubre, con 219 víctimas mortales, por factores como las intensas lluvias y el desbordamiento de ramblas (El Poyo) y ríos (Magro).
En este contexto, cinco organizaciones ecologistas de Valencia emitieron –el 18 de noviembre- una alarma ambiental por los efectos de la DANA, ante la “opacidad y grave descoordinación de las Administraciones públicas”.
En la propuesta de las organizaciones figura la convocatoria de “reuniones de urgencia”, con el fin de valorar el impacto ambiental de la DANA; el balance de las afecciones tendría que incluir los espacios naturales y los residuos; las entidades piden además que en las reuniones se informe de las actuaciones que se están ejecutando y planificando.
En el escrito figura la rúbrica de Ecologistas en Acción-País Valenciano; Acció Ecologista Agró; Per L’Horta; Seo/BirdLife y Xúquer Viu.
El texto está dirigido a las direcciones generales del Medio Natural, Calidad Ambiental y Agricultura (de la Generalitat); el Consell Agrari Municipal de València; el Consell de L’Horta; la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE); la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; la Dirección General de la Costa y el Mar (Gobierno español); las Juntas Rectoras de los Parques Naturales y el Ayuntamiento de Valencia.
Entre las medidas adoptadas por la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, figura la designación como vicepresidente para la recuperación económica y social, del teniente general del Ejército de Tierra (en situación de retiro), Francisco José Gan Pampols; y del general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado, al frente de la Secretaría Autonómica (número dos en la vicepresidencia de Gan Pampols).
Además de una comisión informativa regular -integrada por los ministerios, la Generalitat y los ayuntamientos-, los cinco colectivos firmantes piden la reactivación de los organismos de participación ciudadana en materia ambiental.
Por ejemplo, el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA); la Comissió de Participació del Consell de L’Horta o el Consell Municipal de Medi Ambient de València (se hallan “inactivos” o son “solamente simbólicos desde el cambio del gobierno” en la Generalitat; hasta 2023 coalición entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas-Podemos; en la siguiente legislatura gobierno del PP, durante el primer año en coalición con Vox).
“Estamos recibiendo información fragmentada e insuficiente, sólo por los medios de comunicación”, criticaron las cinco entidades; añadieron que las Administraciones no están dando cuenta de cómo se adoptan las decisiones en materias como los residuos peligrosos; el agua potable; la zona marina protegida del Parc Natural de L’Albufera; el Parc Natural del Túria y L’Horta.
Quizá un ejemplo de la falta de transparencia se halle en varias informaciones publicadas por los periodistas de elDiario.es-Comunidad Valenciana; “Mazón adjudica 3,9 millones a dedo para reparar la presa dañada por la DANA a un constructor de la caja B del PP en Gürtel”, titularon Lucas Marco y Carlos Navarro Castelló el 18 de noviembre; se trata de la presa de Buseo, y la contratación por un procedimiento negociado sin publicidad con la firma Becsa SA.
Precisamente el último número (121) de El Ecologista (revista de Ecologistas en Acción) incluye un artículo de Luis González Reyes titulado Prepararnos para la próxima DANA; el activista e investigador destaca que las precipitaciones alcanzaron –en algunas zonas del País Valenciano- los 400 litros/metro cuadrado; casos anteriores se produjeron, en septiembre de 2023, en Libia; y en Grecia (tormenta Daniel, 1.000 litros/metros cuadrado).
Cuando ocurren descargas de esta intensidad, “hay que contar con que el agua será imparable y habrá que pensar más en retenerla que en evacuarla”, valora González Reyes; aboga –entre otras iniciativas de reconstrucción- por los bosques de ribera, pues “son determinantes en reducir la velocidad del agua en las riadas y permitir su expansión. Dicho en términos de sectores económicos: menos construcción y más silvicultura”.
El artículo puede complementarse con un análisis de Ecologistas en Acción Ante los trágicos efectos de la DANA (5 noviembre); recoge, como punto de partida, algunas de las estimaciones publicadas por el WWA (World Weather Attribution): los episodios de precipitaciones intensas son –actualmente- el 12% más fuertes y tienen una asiduidad que dobla la del clima preindustrial; el objetivo tendría que ser, en consecuencia, actuar de modo contundente contra el cambio climático.
“Ni un ladrillo más en zonas inundables, hay que reformular de arriba abajo las políticas de planificación/gestión del territorio”, concluye el texto de Ecologistas en Acción; y añade:
“Se cuenta desde al menos 35 años con leyes y planes (mejorables) frente al riesgo de inundación. Pese a ello, las comunidades autónomas, y muchos ayuntamientos, no sólo no han eliminado edificaciones en zonas inundables, sino que han seguido otorgando licencias de construcción (…)”; el Gobierno Valenciano aprobó –en enero de 2003- la versión inicial del PATRICOCA, que fue revisado mediante Decreto en octubre de 2015.
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