La empresa israelí Enlight Renewable Energy, que contribuye a la ocupación ilegal de Palestina, pretende construir un almacén energético en Huesca a pesar de la oposición vecinal.
– La empresa israelí Enlight Renewable Energy, que contribuye a la ocupación ilegal de Palestina, pretende construir un almacén energético en Huesca a pesar de la oposición vecinal.
– Amigas de la Tierra, BDS País Valencià, Ecologistas en Acción, la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovable, Alto Aragón por Palestina, la Plataforma 13 de marzo Aragón por la Racionalidad Energética denuncian esta situación y exigen que se deniegue el permiso de esta instalación.
Una empresa israelí de energías renovables con proyectos sobre territorio palestino ocupado está financiando instalaciones energéticas en España. Enlight Energy es una empresa con sede en Israel y con proyectos en diez países alrededor del mundo con inversiones por un valor de 26.000 millones de euros. A su vez, cuenta con el apoyo del fondo de inversión estadounidense Vanguard Group y las entidades financieras Credit Suïsse y JPMorgan Chase. Aterrizó en España en 2021 con la construcción de Gecama, el mayor proyecto de energía eólica del Estado con una potencia instalada de 300 MW en la provincia de Cuenca.
Ahora, la compañía quiere construir un sistema de almacenamiento energético de baterías de litio, que ya ha encontrado la oposición vecinal tanto en Abizanda, donde se quería instalar inicialmente, como en Samitier/Mediano (La Fueva, Huesca), donde se plantea su ubicación en la actualidad. A su vez está comprando derechos de conexión para megaparques fotovoltaicos en Valencia y Andalucía a través de la empresa Renovalia.
Estas transacciones forman parte de una burbuja especulativa que se está perpetrando en todo el territorio estatal sin importar su población a través de la compra-venta de derechos de conexión para megaparques energéticos que, en muchos casos, nunca llegan a construirse. Ante esta situación, la oposición vecinal no para de crecer frente a estos macroproyectos que suponen la destrucción del suelo, la tala de bosques y el desgaste de la actividad agrícola en el mundo rural. Agrupaciones como la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables o la Plataforma 13 de marzo Aragón por la Racionalidad Energética llevan años organizándose para resistir al acaparamiento de tierras de estas corporaciones que buscan canalizar inversiones, lucrarse y suministrar la electricidad generada a las grandes urbes sin dejar beneficios en las poblaciones afectadas.
El genocidio de Israel en Gaza
Todo este modelo y sus impactos ecológicos y sociales quedan ahora agravados por la presencia de una empresa israelí que dice promover la meta “cero neto” en emisiones, mientras construye en territorio palestino ocupado. En noviembre, un Comité de Expertos de Naciones Unidas concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Anteriormente, la Corte Internacional de Justicia ya declaró que este Estado está aplicando un sistema de apartheid que niega todos los derechos de la población palestina.
Israel lleva más de un año incumpliendo los sucesivos dictámenes, resoluciones y declaraciones de organismos internacionales que le han ordenado cesar los crímenes internacionales contra la población palestina. Tomando en cuenta todas las evidencias, el 21 de noviembre la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex-ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad debido a los ataques masivos, la hambruna deliberada y otros crímenes que la población de Gaza está sufriendo desde hace más de un año.
Enlight Energy ha construído el proyecto eólico más grande de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio ocupado según la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad. Se trata de una zona de gran interés militar y geopolítico para Israel porque desde sus alturas se divisa Damasco y es una de las fuentes de agua potable de las cuales se abastece el país, representando entre el 15 % y el 33 % del agua total que consume el Estado de Israel. La empresa también tiene dos proyectos fotovoltaicos en el llamado “Gaza Envelope”, la zona de seguridad de 7km alrededor de la frontera con Gaza.
“El Estado español no debe hacer acuerdos con empresas que tienen sede y trabajan en el país que ahora mismo está cometiendo un genocidio contra la población palestina, con más de 44.000 asesinatos oficiales, más de 100.000 heridos y miles de personas desaparecidas, siendo estas estimaciones muy conservadoras”, afirma Esther Monge Hernández, portavoz de BDS País Valencià.
“La transición hacia un sistema energético de bajas emisiones es necesaria y urgente. Pero no a costa de los derechos humanos y apoyando a una empresa que se beneficia de la ocupación ilegal de Palestina”, concluye Cristina Alonso, responsable del área de Justicia Climática de Amigas de la Tierra.