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El pueblo negro y el gobierno del cambio

Fuentes: Jacobin América Latina

Para que estos años de gobierno de cambio no queden en una victoria pasajera, el pueblo negro de Colombia está llamado a seguir movilizándose, apoyando las reformas y políticas sociales que apunten a combatir el racismo estructural y buscando siempre ir por más.

La elección del primer gobierno popular y de izquierda en la historia de Colombia no hubiera sido posible sin el apoyo decidido y sostenido del pueblo negro. Más allá de la votación masiva por el Pacto Histórico en el territorio-región del Pacífico colombiano el 19 de junio del 2022, cuando calles y ríos parecían un desfile colorido de esperanza, una verdadera fiesta electoral para conjurar décadas de mal gobierno, la jornada fue el resultado de una larga  historia de lucha social, intelectual y política del pueblo negro, y del trabajo organizativo de las comunidades y las organizaciones de base que han sabido hacer frente al despojo y al terror sistemático aupado por la oligarquía colombiana y los intereses transnacionales.

Aunque la participación del pueblo afrocolombiano en la construcción de la nación a lo largo de la historia ha tratado de ser invisibilizada, sigue presente en la memoria el aporte fundamental de la gente negra y mulata en los procesos independentistas en Cartagena, la lucha en los ejércitos liberales de mediados del siglo XIX y en el papel de la vanguardia intelectual y política del pueblo negro entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como da cuenta el trabajo del profesor Francisco Flórez[1]. En la historia reciente, con el recrudecimiento del conflicto armado en el Pacífico colombiano y la profundización del deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población del país tras décadas de políticas neoliberales, las organizaciones de base se erigieron como pilar esencial de la movilización social y de la disputa del poder atrincherado en las instituciones del Estado.

Durante la campaña por el plebiscito del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016, en ciudades como Buenaventura se hizo un arduo trabajo pedagógico en las comunidades y barrios, contrarrestando las mentiras de quienes han vivido de la economía de la guerra y el narcotráfico. Aunque el «No» ganó por una estrecha diferencia en el país, el «Sí» fue votado mayoritariamente en los territorios negros, dejando un espíritu de esperanza en el cambio que quedó representando en las palabras de un líder del Nariño tras conocerse la derrota: «Trabajaremos más, asumiremos la dificultad como reto, no renunciaremos, no borraremos el “Sí” de nuestros corazones. Salud y fuerza desde lo pequeño, que es donde construimos la paz y el amor». Palabras que cobran relevancia si se entiende aquello que planteó recientemente la filósofa argentina Macarena Mareyrespecto a la importancia de las luchas sociales frente al nihilismo del derrotismo de nuestra época: «La esperanza es precondición de la praxis, lo contrario de la resignación y la resiliencia». De ahí que toda conquista social viene precedida de la acción popular anidada en el «Sí de nuestros corazones».

Por eso, con ese espíritu que afirma la vida frente a las políticas de muerte, un año más tarde vendría el Paro Cívico de Quibdó y Buenaventura de mayo de 2017, motivado por la violencia ejercida sobre los cuerpos negros pero también por la extrema pobreza, la falta de inversión en educación, infraestructura y la escasez de agua potable en uno de los territorios más ricos en cuencas hidrográficas del mundo. Esta movilización tuvo un impacto nacional que prepararía el terreno para el Paro Nacional de noviembre de 2019 y febrero de 2020, en protesta por el deterioro en las condiciones de vida por las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. Una oleada de protestas y movilizaciones que llegaría a su punto más álgido con el levantamiento popular de 2021, fundamental para la elección del presidente Gustavo Petro.

¿Las herramientas del amo?

En el Encuentro personal y político del Congreso del Segundo Sexo, celebrado en Nueva York en 1979, la escritora y feminista afronorteamericana Audre Lorde hizo una importantísima intervención con un texto titulado «Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo»[2], en el que criticaba al feminismo blanco por la exclusión a las voces, experiencias y conciencias lesbianas, negras, empobrecidas y del Tercer Mundo. Esa carencia para afrontar las diferencias y convertirlas en potencialidades, planteó Lorde, era propia del pensamiento racista patriarcal. Las herramientas para examinar y cortar los frutos podridos del patriarcado estaban en las diversas manos de quienes habían sido excluidas de la casa del amo. En cambio, limitarse a trabajar con las herramientas de la casa, decía Lorde, «quizá nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas de juego pero nunca nos valdrá para efectuar un auténtico cambio».

Retomamos esta crítica de Lorde porque en los últimos años ha habido una serie de usos y abusos de su célebre frase, sacándola de contexto y vaciando su significado. Algunas interpretaciones, desde un autonomismo infantil, han planteado que disputar el poder por el Estado, ganar espacio en sus instituciones para poder transformarlas y ponerlas al servicio del pueblo, es usar las herramientas del amo. Tal vez primero habría que discernir cuáles son las herramientas del amo y cuáles son simplemente herramientas, que cambian su uso dependiendo de la conciencia y las manos de quien las empuña.

El ejemplo más claro de esto está en el pueblo haitiano, que se valió de las ideas de la revolución francesa (liberté, égalité, fraternité) para llevar a cabo la revolución más radical en la historia del continente. Hay una anécdota muy elocuente, recogida por Julius Scott, que cuenta cómo el general francés La Salle ordenó quitar la consigna «Vivir Libre o Morir» escrita en las gorras de uno de los batallones enviados para sofocar las revueltas en el Santo Domingo francés, pues esas palabras eran peligrosas «en una tierra donde la propiedad tiene como base la esclavización de los negros, quienes, de adoptar también la consigna, se sentirían impelidos a masacrar a sus amos y al ejército que por mar lleva la paz y la ley a la colonia»[3]. Razón no le faltaba al general, pues los antiguos esclavizados no dudarían en usar el machete —herramienta predilecta para el trabajo esclavo— para cortar, una buena noche, la cabeza del opresor.

Por supuesto ahora no estamos en el contexto de la revolución haitiana, pero ciertamente la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez ha permitido ganarle espacio al poder mafioso atrincherado en el Estado para construir una institucionalidad al servicio del pueblo. El Estado, empleado por décadas para oprimir, empobrecer y desterrar, ahora, bajo el gobierno del cambio y con el sostén popular, se convierte en una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más excluidas a pesar de las enormes dificultades y la férrea oposición de los grandes poderes económicos y sus medios de propaganda. Veamos algunos avances en este sentido.

La representación en el gobierno del cambio

Lo primero que el gobierno del cambio logró —estimulado, sobre todo, por el apoyo popular que obtuvo de parte de los pueblos originarios, comunidades y personas afrodescendientes— fue una adecuada representación de integrantes de esos grupos poblacionales en altas direcciones del Poder Ejecutivo, como en ningún otro gobierno o momento histórico de la vida republicana había tenido antes.

El papel estratégico que jugó la ahora Vicepresidenta Francia Márquez como referente durante las elecciones para movilizar la votación de las personas de la periferia territorial del país, animados por un referente legítimo de sus intereses más sentidos y heredera ella misma de una larga tradición de luchas negras y campesinas, se ha visto robustecido en el gobierno del Pacto Histórico, que ha tenido durante algunos tramos de su periodo constitucional hasta tres ministras y un ministro afrodescendientes, lo que representa el 20% del gabinete ministerial.

A pesar de algunas críticas —desarrolladas al calor de intensos debates en cafetines gentrificados en Bogotá— que leen esta representación como el símbolo de una concesión del Estado a los grupos minoritarios para «aparentar diversidad» (o tokenismo, para usar los términos de moda), lo cierto es que contar con esas personas en tan altos cargos del Estado ha sido un logro colectivo producto de la lucha histórica de los pueblos.

Algo que, además, contrasta con todos los gobiernos anteriores, que hasta tan solo comenzando el siglo XX comenzaron a nombrar ministras y ministros solitarios en gabinetes colmados por miembros de las élites políticas blancas y mestizas de la nación. Y esto, claro, solo para congraciarse con las exigencias que a este respecto hiciera la política de inclusión neoliberal de los Estados Unidos y permitir la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio o algún apoyo más del intervencionismo disfrazado de cooperación de la extinta USAID. Una política que sí estaba completamente encuadrada en eso que llaman tokenismo.

Ponerse al día en materia de reglamentación de derechos

Más allá de la representación, este gobierno ha intentado ponerse al día con las obligaciones sobre reglamentación de algunos asuntos estipulados en la Constitución y las leyes que habían devenido en letra muerta debido a la ausencia de normas específicas que desarrollaran sus preceptos y principios generales. Tal es el caso de la ley 70 de 1993, norma que reconocía el derecho de titulación sobre las tierras históricamente habitadas por el pueblo afrodescendiente, el ejercicio de la autoridad tradicional propia de dichas comunidades sobre esos territorios y el derecho al desarrollo económico, social, político y cultural en condiciones de dignidad.

Con el gobierno de Petro y Márquez, se establecieron decretos para precisar lo relacionado con el derecho y autoridad sobre los recursos naturales (decreto 1384 de 2023), se adoptaron mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de comunidades negras (decreto 1396 de 2023), se adoptaron mecanismos para la protección y seguridad jurídica de los territorios ocupados y poseídos ancestral o tradicionalmente por las comunidades afrodescendientes (decreto 129 de 2024). Y está en elaboración un decreto más, que aborda temas sociales, económicos, culturales y territoriales importantes para el reconocimiento y la defensa de los derechos específicos y diferenciales del pueblo afrodescendiente en Colombia.

Todas las normas mencionadas se llevaron a cabo de acuerdo a los estándares de Consulta y Consentimiento Previo libre e informado, lo cual marca un precedente de participación y respeto por el mecanismo de consulta que será crucial para procesos por venir en función de asegurar que estos avances no puedan echarse atrás o modificarse sin el concurso de las autoridades que participaron en su elaboración.

Innovación institucional para la equidad y la garantía de derechos

El primer gobierno de izquierda de Colombia promovió también la creación de una institucionalidad novedosa y ambiciosa con el fin de asegurar avances sustanciales en la reducción de las brechas de desigualdad e inequidad que están a la base de los problemas más sentidos de la sociedad, como el conflicto armado.

El Ministerio de Igualdad y Equidad, creado en enero de 2023 por el gobierno del cambio, tuvo como principal objetivo «contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional, de población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados, incorporando y adoptando los enfoques de derechos, de género, diferencial, étnico-racial e interseccional».

Aún estando todavía en las etapas iniciales desde su creación, el nuevo Ministerio ya ha dado frutos con programas como los de cuidado, que reconocen y promueven la dignificación de las labores de cuidado, el de jóvenes en paz, que subsidia y promueve el bienestar de jóvenes en riesgo de caer en la criminalidad, el de hambre cero, que promueve la producción y distribución de alimentos para los más humildes, entre otros.

También es importante resaltar que el actual gobierno ha apostado por una agenda de reparaciones al instalar una comisión de reparaciones históricas que, a través del diálogo y la participación en escenarios multilaterales alrededor de demandas históricas, resulta estratégica para proponer una visión que trascienda el periodo de gobierno y trazar una visión de futuro desde los reclamos por las deudas con los pueblos que han tenido que cargar el lastre de la trata, la esclavización, la segregación y la violencia armada.

Que no sea una victoria pasajera

La advertencia de Audre Lorde sobre los limitados cambios que se pueden lograr siguiendo las reglas de juego del amo, considerando su casa como única fuente de apoyo, resulta útil para pensar la política tanto en el plano nacional como en el internacional. En el primer caso, seguir las reglas de juego es no perseverar en las políticas del cambio y no afrontar con valentía otras que resultan fundamentales. Para el caso de los pueblos negros e indígenas, urge avanzar en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Hacer frente a la nueva escalada de violencia en Buenaventura, Quibdó y otros lugares de prevalencia afrodescendiente e indígena debe ser un asunto perentorio.

Si bien el gobierno colombiano ha liderado los debates para el cambio global en las políticas de drogas y ha dado golpes importantes con la incautación de cargamentos de droga, en los territorios aún faltan políticas claras que permitan sacar a los jóvenes del espiral de la economía del narcotráfico. En ese sentido, fomentar las economías populares y la gestión comunitaria de los bienes comunes y generar nuevas formas de producción de la riqueza que no pasen necesariamente por la exportación de materias primas debe ser una prioridad.

En el corto plazo, es de vital importancia triunfar en la consulta popular propuesta por el gobierno, lograr las reformas que un Congreso mezquino y arrodillado a los intereses económicos de la oligarquía ha saboteado durante estos casi tres años de gobierno del cambio. Mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras significa sentar las bases para un cambio en las relaciones sociales y productivas que permitirá mantener en el tiempo las transformaciones que el pueblo ha demandado por décadas.

En el plano internacional, por otra parte, estamos ante una reconfiguración geopolítica, un momento liminal que el presidente Gustavo Petro ha sabido leer bien al ponerse al frente de la CELAC, fortaleciendo lazos con los países de la región, alzando la voz por los pueblos del Sur global o denunciando las atrocidades que comete diariamente el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Este espíritu de dignidad y soberanía debe servir para abandonar definitivamente la casa del amo como única fuente de apoyo y dejar de mendigar recursos a los Estados Unidos y sus fundaciones, que siempre terminan por demarcar el campo de juego.

Celebramos también los puentes comerciales y culturales que desde vicepresidencia se han tendido con África, pero es fundamental acercarse más a los procesos antimperialistas de ese continente. El gobierno de Ibrahim Traoré y el giro anticolonial y antimperialista en Burkina Faso debería ser inspiración para un movimiento negro en Colombia cuyas dirigencias, en algunos casos, quedaron en los últimos años entrampadas en la agenda de un multiculturalismo neoliberal que hoy hace agua. Tal vez sea el momento de mirar más a África y menos a la Fundación Ford. El gobierno de Traoré, constantemente hostigado por intentos de golpes de Estado promovidos por los gobiernos norteamericanos y europeos, en los tan solo dos años que lleva en el poder, ha impulsado cambios estructurales para garantizar la soberanía sobre los recursos naturales, fomentado la industria textil y automotriz, ordenado la expulsión de las bases militares francesas, aumentado los salarios de los servidores públicos y los trabajadores y trabajadoras del campo, aumentando también la producción agrícola.

Ante semejante experiencia revolucionaria, llama la atención que por el momento no se hayan dado pasos para acercarse al gobierno de un país con el que podrían identificarse muchas cuestiones en común para hacer frente a la arremetida del fascismo imperialista. La historia de las revoluciones del Sur global nos han enseñado que solo desde una perspectiva internacionalista y solidaria entre los pueblos es posible avanzar hacia un mundo más justo.

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Para que estos años de gobierno de cambio no queden en una victoria pasajera, el pueblo negro está llamado a seguir movilizándose, apoyando las reformas y políticas sociales que en última instancia son fundamentales para combatir el racismo estructural. Por su parte, el gobierno colombiano no puede perder de vista dos cuestiones que apuntó Robin D.G. Kelly a propósito de la historia de las revueltas panafricanas: «Primero, mientras a los negros se les prive de libertad, humanidad y un nivel de vida decente, seguirán rebelándose. Segundo, solo hay esperanza de que tengan éxito si las revueltas involucran a las masas y tienen lugar en sus propios términos».[4]

Notas

[1] Francisco Flórez Bolívar. La vanguardia intelectual y política de la nación. Historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia 1877-1947. Bogotá: Planeta, 2023.

[2] Texto publicado años más tarde en el libro La hermana, la  extranjera. Artículos y conferencias.

[3] Scott, Julius. El viento común. Corrientes afroamericanas en la era de la revolución haitiana. Traficantes de sueños, 2021.

[4] Kelly, Robin. «Introducción» en James, C.L.R. Historia de las revueltas panafricanas. Katakrak: Pamplona, 2021, pp. 55.

Fuente: https://jacobinlat.com/2025/05/el-pueblo-negro-y-el-gobierno-del-cambio/