El sistema nacional de salud (Ley 100/93), en esencia y por sus resultados, fue motivado y estructurado para convertir un Derecho Fundamental Humano, en un negocio, de alta rentabilidad para beneficio de unos pocos particulares. Fue estructurado para acatar órdenes y compromisos contraídos al aceptar y aprobar el Consenso de Washington (1989), por los representantes de las élites en el poder público nacional.
Los Gobiernos, los Órganos de poder públicos y el marco legal que rige el actual Sistema de Salud, han facilitado sistemáticamente la privatización del Sistema de Salud y la satisfacción de objetivos de rentabilidad, acumulación y concentración del capital de la salud, en bolsillos de privados. Una Reforma integral del Sistema de Salud, debe corregirlo integralmente. Igual ocurrió y ocurre con los Fondos Privados de Pensiones, con el patrimonio nacional, con las concesiones viales, etc. El Régimen político-económico y sus representantes en el poder institucional son los responsables, del desastre socioeconómico.
Las deficiencias y precariedades, en oportunidad y calidad, del servicio de salud, desde el inicio, fueron evidentes.
La institucionalidad estimuló la privatización de la oferta asistencial en salud, hasta llegar al estado actual. 926 instituciones (IPS) son públicas y más de 11.600, son privadas.
En la estructuración del Sistema, hubo improvisación, perversidad, politiquería, clientelismo, corrupción y anarquía en la implementación del nuevo negocio de la salud. Las evidencias de los resultados, lo demuestran.
Hubo y hay diagnósticos acertados, sobre causas de las deficiencias operativas, administrativas, económicas y reguladoras del sistema existente, pero todos los gobiernos desde 1993, se han negado a corregirlas.
La crisis presente, demuestra que no fue posible optimizarlo con más de 200 decretos reglamentarios de la ley 100/93, con dos leyes reformatorias y una estatutaria (2.015).
El ordenamiento legal en que se fundamenta el Sistema de Salud existente, mantiene, cómplice e irresponsablemente, todos los factores que hacen inviable el Sistema de Salud.
La Ley 1122/2.007, fue aprobada dizque para mejorar la prestación de servicios al usuario. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud.
En ambos casos, los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito de las leyes que pretendían mejorar el Sistema.
Con la ley 100/93, pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 41, entre 191 países (OMS).
Y desde el 2013, el Sistema estaba colapsado y cooptado por la corrupción de toda índole, coadyuvada por la irresponsabilidad e impunidad institucional y continúa bajo el mismo espectro y amenaza.
El sistema es inviable, por irresponsabilidad del Poder Público o sea, del Régimen Político-Económico vigente, caracterizado por el favoritismo sesgado en favor de unos pocos explotadores del negocio y la corrupción administrativa, en EPS e IPS.
Creció la Cobertura por afiliación, pero sin atención con calidad, ni oportunidad.
El Sistema de Salud de Colombia, puede salvarse, manteniendo los ordenamientos positivos de la Ley 100/93, mediante una nueva ley que reestructure integralmente el Sistema de Salud vigente, bajo el criterio de que es un servicio para responder por un Derecho Fundamental Humano y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado.
La apropiación presupuestal para cubrir los costos del sistema, para el año 2024, superaron los $80 billones, suma suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado y costos racionales de insumos, administrativos, operativos y logísticos, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos, que lo requieran.
La irresponsabilidad de los Gobiernos, en el control y vigilancia del sistema, la impunidad judicial y la corrupción, toleradas por la institucionalidad, lo ha hecho inviable y lo convirtió en filón de los delincuentes de cuello blanco.
La apropiación ilegal de los dineros de la salud ha sido y es creciente, de diversas maneras. En el 2000, hace 24 años, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS). Sin resultados.
Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud, dizque para vigilar y controlar los actores del sistema. Las investigaciones, hasta hoy, no arrojan resultados.
La justicia esta corrompida hasta la médula y cooptada por la politiquería, el clientelismo y la corrupción.
Los saqueadores del Sistema, gozan de total impunidad. Los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS e IPSs privadas. En particular los de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo.
Uribe Vélez, en sus gobiernos, señaló como causa de la crisis financiera del sector la irresponsabilidad médica por los abusos del «no POS» y criminalizó el ejercicio de la profesión, por recetar medicamentos demasiado costosos, que él mismo ordenó desregular los precios, en los primeros seis años de sus gobiernos (2002-2008). Y el uribismo, desde todos los frentes, es el mayor detractor de la Reforma del Sistema de Salud, del presidente Petro, a pesar de ser una caricatura de Reforma.
Los gobiernos se han negado a hacer control y regulación efectivos de los precios de los medicamentos, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y diversos insumos, requeridos por el sector. Todos deben ser racionalmente regulados y controlados, dentro de lo establecido en el ordenamiento legal. Uribe hizo lo contrario. Los desreguló.
Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción, prevención y administración. No lo acataron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno.
Los gobiernos, obsecuentes con la irresponsabilidad de la clase política y los objetivos del mercado, son los únicos responsables de la pésima calidad del servicio de salud y del caos administrativo, operativo y económico que ahoga al Sistema.
El Sistema de Salud, fue privatizado sistemáticamente, a través de la integración vertical y de suministro de servicios. hoy, solo 926 IPS, son públicas mientras más de 11.600 IPS, son privadas.
La pandemia desnudó la precariedad del deficiente Sistema. 80% de sus trabajadores tienen vínculo por prestación de servicios, 48% tienen que adquirir por su cuenta los recursos logísticos de protección laboral y un alto porcentaje no recibe los decrecientes pagos de honorarios y/o servicios oportunamente, entre muchas otras falencias del Sistema.
El Gobierno actual tienen la obligación de actuar y ordenar investigar los responsables de toda la problemática relacionada con la salud.
Sin eliminar totalmente el dominio mercantil del Sistema, por parte del sector privado, cuyo objetivo exclusivo es la ganancia, no puede haber Reforma racionalmente social.
Si a través del Congreso es imposible lograr una Reforma integral racionalmente social, se tiene que recurrir al Constituyente Primario inmediatamente y convocar un referendo para lograr las Reformas integrales, que demanda el Sistema.
¿Por qué no procede Sr. Petro? ¿Se dejo enrodar por el torbellino de corrupción e inmoralidad que asedia su gobierno?
El actual gobierno, esta ante el imperativo de propiciar e impulsar la actuación del Constituyente Primario y así lograr las inaplazables reformas, que la extrema derecha impide tramitar en el Congreso. En el año y medio faltante, de ejercicio del poder, del presente cuatrienio.
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