Se trata de una resolución histórica. El jueves, 7 de agosto, el Consejo Constitucional ha enmendado una parte de la ley Duplomb, en especial el artículo más criticado, que abría la puerta a la reintroducción de los neonicotinoides, esos insecticidas que matan las abejas.
Por tercera vez en su historia, el Consejo Constitucional fundamenta su resolución en la Carta del Medioambiente, incorporada desde 2005 a la Constitución. Y lo hace de manera muy clara: “El legislador, al permitir que se derogue (…) la prohibición de productos fitosanitarios que contienen neonicotinoides u otras sustancias similares, ha privado de garantías legales al derecho a vivir en un medioambiente equilibrado y respetuoso con la salud, garantizado por el artículo 1º de la Carta del Medioambiente”, manifiestan los miembros del Consejo Constitucional.
A diferencia de una resolución anterior, de 2020, en que el Consejo había dado luz verde a una primera derogación de la prohibición de estos insecticidas, esta vez ha considerado que la derogación no estaba del todo delimitada: se había instaurado para todos los cultivos agrícolas, sin fijar un periodo determinado, y podía aplicarse para toda clase de usos y tratamientos.
“Lo que el consejo reprocha a la ley es que no haya especificado la finalidad concreta de la derogación”, explica Laurent Fonbaustier, profesor de derecho público de la Universidad de París-Saclay. “Con esta resolución, recuerda que una derogación establece una excepción estricta y que en este aspecto el legislador ha carecido de rigor y precisión”.
La conclusión del Consejo es un desaire para todos los defensores de estos insecticidas nocivos para los ecosistemas y la salud humana, con el gobierno a la cabeza, que habían aprobado, por boca de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, el retorno de estos productos, prohibidos en Francia desde 2018. Pero también es un fracaso mayúsculo para todos los diputados y diputadas, desde el bloque central hasta Rassemblement National (RN-extrema derecha), pasando por el partido Los Republicanos, que votaron a favor del retorno de estas sustancias, así como los sindicatos agrarios que las defendían a rajatabla, el FNSEA y la Coordinadora Rural.
Aunque su resolución se fundamenta en el derecho, el Consejo Constitucional se hallaba bajo una presión sin precedentes. La petición contra la ley Duplomb, lanzada el 10 de julio para exigir la abrogación del texto, recogió más de 2,1 millones de firmas, lo que demuestra que la sociedad está muy inquieta por las amenazas que pesan sobre su salud y la biodiversidad. El mundo de la ciencia y el de la medicina también habían levantado la voz contra los peligros que encerraba esta ley.
“Es una resolución estupenda”, subraya el constitucionalista Dominique Rousseau. “Recuerda el carácter constitucional de todos los artículos de la Carta del Medioambiente, en particular los principios de cautela y de prevención. Envía una señal clara al legislador: los próximos textos legales podrán ser enmendados”.
No todo ha sido censurado
De todos modos, el Consejo Constitucional ha dado el visto bueno a otros reveses medioambientales que contiene el texto, aunque no sin expresar algunas reservas.
Así, el artículo 5 del proyecto de ley, destinado a facilitar la construcción de megaestanques, suscita “reservas de interpretación” por parte delas consejeras y consejeros. Por un lado, las tomas de agua para llenar los estanques no podrán efectuarse en las llamadas capas freáticas inerciales, es decir, las capas freáticas que tardan en recargarse o en vaciarse; por otro lado, la “razón imperativa del interés general mayor”, inscrita en el texto para esos proyectos, puede ser impugnada ante los tribunales.
“Con esta reserva de interpretación, la presunción del interés general queda privada de su toxicidad”, piensa Dominique Rousseau, “porque ya no puede impedir los recursos contra los proyectos de estanques, mientras que ese era precisamente el propósito. Es una reserva que equivale a una censura».
El artículo 3, en cambio, que facilita la construcción de edificios de cría intensiva de ganado y también era objeto de fuertes críticas por parte de los grupos ambientalistas, “no pasa por alto” la Carta del Medioambiente y se declara “conforme a la Constitución”. Con excepción del artículo 8, considerado un caballero legislativo –es decir, que no guarda relación con el objeto inicial–, todos los demás se mantienen.
“Un victoria a medias”
Presente en la pequeña concentración de activistas que esperaban la resolución ante la verja del Consejo Constitucional, Fleur Breteau, portavoz del colectivo Cáncer Cólera y una de las figuras destacadas de la movilización contra la ley Duplomb estos últimos meses, se ha declarado “más bien satisfecha con esta resolución, que sin duda debe mucho a la movilización ciudadana, aunque no arregla todo, ni mucho menos. […] “Claro que nos complace que el Consejo Constitucional haya reafirmado el principio de cautela en el caso de la acetamiprida. Sin embargo, la lucha continúa porque quedan otras 288 sustancias activas en circulación”, asegura, y opina que la movilización debe continuar para impedir la promulgación del texto.
Para el portavoz de la Confederación Campesina, Stéphane Gallet, se trata de una “victoria a medias”. Si se alegra por la desaprobación de la acetamiprida y las reservas emitidas con respecto a los megaestanques, este responsable sindical piensa que “se mantiene el modelo productivista defendido por esta ley, en particular con el artículo 3 relativo a la autorización de la ganadería intensiva”. También presente en la concentración, Félix, de 34 años, quien ha coordinado acciones en torno a la petición ciudadana contra el texto, considera por su parte que las cuentas no salen: “Los que reclama esta gente es que se rechace la totalidad del texto. Por tanto, vamos a seguir movilizándonos por una agricultura diferente”.
En su exposición de motivos, el consejo retoma parcialmente los argumentos planteados por las peticiones de pronunciamiento que habían presentado tres grupos parlamentarios de izquierda y ecologistas. La censura del artículo 2 se basa así, principalmente, en el artículo 1 de la Carta del Medioambiente, según el cual “toda persona tiene derecho a vivir en un entorno equilibrado y respetuoso con la salud”, y en el que también se habían apoyado en gran medida las tres peticiones de pronunciamiento presentadas.
“Las resoluciones de 2023 sobre los vertederos de residuos nucleares y de marzo pasado sobre la ley de orientación agraria habían preparado el terreno”, recuerda Laurent Fonbaustier. “En particular, el artículo 1º de la Carta del Medioambiente se había hecho extensivo a las generaciones futuras, y esto volvemos a observarlo ahora con respecto a la ley Duplomb.”
“Esta resolución indica que el consejo está muy al tanto de que se tenga en cuenta el artículo 1º de la Carta del Medioambiente. Y al enmendar un artículo que daba un paso atrás con respecto a un derecho vigente, da un pequeño paso adelante en el reconocimiento del valor constitucional del principio de no regresión en materia medioambiental”, señala por su parte el profesor de derecho público Jean-Philippe Derosier, quien había supervisado la petición de pronunciamiento de la izquierda del Senado.
Estas últimas semanas la gente se preguntaba si la institución presidida desde el mes de febrero por Richard Ferrand podría rechazar el texto por motivos medioambientales, más allá del procedimiento controvertido por el que este había sido aprobado por el parlamento. La respuesta, por tanto, es que sí, y crea jurisprudencia: la protección del medioambiente ha sido confirmada como un principio constitucional.
Además de su alcance jurídico, la decisión del Consejo Constitucional ofrece una puerta de salida política a un texto que se había tornado realmente embarazoso para el ejecutivo. El jueves por la tarde, el Elíseo anunció que Emmanuel Macron iba a promulgar “lo antes posible” la ley así revisada.
Texto original: Mediapart
Traducción: viento sur
Fuente: https://vientosur.info/el-consejo-constitucional-frena-el-retorno-de-los-neonicotinoides/