El Gobierno de la CAV ha enviado al Parlamento un informe para
impedir la admisión a trámite de la ILP para mejorar los ingresos de las
personas mayores pensionistas equiparándolas al SMI. Con esta decisión,
el Gobierno niega la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer su
derecho fundamental a la participación política, recogida en la
normativa de la ILP. Es inaceptable que se impida que el Parlamento
debata y vote una propuesta apoyada por más de 145.000 personas.
El
Informe del GV trata de justificar su posición dedicando 8 puntos (del
1º al 8º) a tratar de demostrar que la RGI contiene los mecanismos
necesarios para garantizar ingresos dignos a los pensionistas dentro del
marco de la asistencia social y solo uno, el noveno, en la que el GV
estima que el volumen del gasto (a causa de la ILP) podría poner en
riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Finaliza volviendo a
expresar su disconformidad con la tramitación, «… porque comporta como
es evidente un aumento de los créditos presupuestarios…».
El
informe se puede reducir a dos argumentos: el Sistema Vasco de Garantía
de Ingresos e Inclusión (la RGI) ya resuelve la reclamación de la ILP,
y… los Presupuestos no aguantan… «… el evidente aumento de
créditos presupuestarios…». En el primer argumento se extiende
reiteradamente, el segundo apenas ocupa un párrafo de cinco líneas.
Reafirmamos
que la RGI no responde a la realidad pensionista. En la Seguridad
Social hay 56.000 pensiones contributivas de vascas y vascos que reciben
complementos a mínimos, mientras en la RGI solo hay 16.000, en este
caso incluyendo las no contributivas.
En este artículo nos vamos
a centrar en el ámbito presupuestario. El Gobierno Vasco, sin aportar
dato alguno, afirma que la ILP pondría en riesgo la sostenibilidad de
las finanzas públicas. Veamos cómo se forman los presupuestos de la CAV.
Para empezar, digamos que los presupuestos no consisten en gastos, sino
en ingresos y gastos.
La recaudación fiscal, a través del
presupuesto, se destina a mantener los servicios públicos, el
funcionamiento de las instituciones y a la reducción de las
desigualdades que produce este sistema económico. Es evidente que lo más
importante es el capítulo de ingresos. Veamos la recaudación fiscal de
nuestra comunidad para darnos cuenta de dónde proceden esos ingresos,
cómo evolucionan a lo largo del tiempo y qué influencia tienen los
momentos de crisis como el de Lehman Brother (2010-2016) o el del
covid19 en 2020.
Para hacer una lectura objetiva cogeremos los
últimos 20 años, 2005-2024. En este tiempo el PIB vasco ha crecido en
torno a un 65%. Los presupuestos generales en dicho periodo también han
crecido en la misma proporción. En cambio, la recaudación por IRPF en
estos 20 años se ha duplicado, ha subido un 104% (3.400 M. en 2005 y
6.972 M. en 2024). La recaudación por el IVA también ha crecido tanto
como el PIB, un 64%. Pero la recaudación por el Impuesto de Sociedades
(IS) se mantiene en las mismas cantidades desde hace 20 años. Este
impuesto se fue de vacaciones fiscales hace décadas y aún no ha vuelto.
Entre el IRPF e IVA cubren el 75,6% de la recaudación y el IS cubre un
9,8%, el resto se cubre con otros impuestos. Podemos ver cómo desde el
2018 (exceptuando 2020 por el covid19) el incremento de la recaudación
fiscal es vertiginoso.
¡Está bien claro, no! Para qué explicar
algo tan evidente: La política fiscal se hace a la medida de los
intereses de la gran patronal. Todavía no podemos juzgar al actual GV,
pero el que presidía el señor Urkullu antes de aprobarlos se reunía con
Confebask y escuchaba atentamente a la Banca, a Iberdrola, Petronor,
etc. Sin duda, hablaban de quién tenía que poner los ingresos y en qué
emplear los gastos. Luego, una vez aprobados los presupuestos, cualquier
reclamación laboral o social «… desequilibra las cuentas…».
Los
créditos presupuestarios se sostienen con ingresos que cubren gastos, y
aquí se observa que quienes más tienen no ponen casi nada y que los
gastos destinados a luchar contra la pobreza son residuales. La política
fiscal vasca se ha convertido en un sistema de transferencia de abajo
arriba, de las rentas de trabajo a las rentas de capital.
No
podemos olvidar la mención que se hace en el punto 8: «… debería ser
abordada, en su caso, desde el ámbito competencial estatal». De nuevo
balones fuera, pero en los ejercicios de 2017 y 2018 el PNV usó otro
criterio en la negociación con M. Rajoy para aprobar unos presupuestos
estatales que incluían el 0,25% de aumento para las pensiones: votó a
favor. Es decir, las pensiones sí eran un asunto de la CAV y se usaron
como moneda de cambio… No es de extrañar que en el año 2018, cuando
estalló el movimiento pensionista contra el 0,25%, el PNV saliera
corriendo a Madrid para convencer a Rajoy que diera marcha atrás.
El
informe del GV es muy débil y rezuma un intento de frenar el auge y
despertar de los movimientos sociales y laborales en Euskadi. El GV
trata de hacer creer a la sociedad vasca que el Movimiento Pensionista
de Euskal Herria se ha equivocado de petición y de ventanilla. Pues no,
quien se equivoca es el Gobierno Vasco al burlarse con su decisión de
las más de 145.142 firmas que la apoyan. El discurso del Gobierno Vasco
sobre participación ciudadana en la elaboración de leyes es papel mojado
y propaganda.
Jesusmaria Soubies Garate es miembro de la Comisión Promotora ILP.