«Son las oligarquías de negociantes, de explotadores de la nación, son los accionistas de la patriotería oficial y lucrativa los que ponen el prestigio de la patria en que no rectifique sus errores, aún reconociéndolos.»
Y en la conducta fuertemente autoritaria del gobierno de Alessandri resaltó la expulsión del profesor de la Universidad de Chile, Carlos Vicuña Fuentes, por el sólo hecho de plantear su opinión sobre la mejor forma de resolver el conflicto que persistía con Perú sobre la posesión de Tacna y Arica, en un evento organizado por la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). El postuló la devolución de Tacna y Arica al Perú y la cesión de una faja de terreno a Bolivia, inmediatamente al sur, para una salida al mar de aquel país. Una idea que, de haberse aplicado en ese momento, podría haber significado la resolución definitiva de todas las dolorosas secuelas de la Guerra del Pacífico que aún continúan vigentes.
Sin embargo, aquello generó un virulento ataque en el Senado (22 de agosto de 1921) del conservador Francisco Huneeus, el cual fue compartido por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Barros Jarpa, quien señaló “que no se aceptará en ninguna forma el que los funcionarios públicos se arroguen el derecho de estar opinando, en discrepancia con el Gobierno, acerca del manejo de las relaciones exteriores (…) y no puede permitir que funcionarios públicos estén perturbando su acción con proposiciones más o menos atrevidas y más o menos inconscientes” (Carlos Vicuña.- La libertad de opinar y el problema de Tacna y Arica; Imprenta Selecta, Santiago, 1921; p. 20).
A ello, la FECH replicó con una Declaración en que cuestionó las expresiones de Barros como una “doctrina absurda”, la que “seguida de amenazas de medidas disciplinarias que se le aplicarían en cuanto profesor de Estado, manifiesta el propósito de imponer una coerción injustificable sobre la ideología de los ciudadanos” (Ibid.; p. 23). Posteriormente, el senador liberal-democrático, Enrique Zañartu, volvió a pedir –esta vez al ministro de Instrucción Pública, Tomás Ramírez Frías- el 31 de agosto, que “cuando se vierten ideas tan condenables (…) su señoría está en el deber de indignarse y decir que arrojará de su puesto a ese profesor, y que si las leyes existentes no permiten expulsarlo, presentará un proyecto especial para echarlo a la calle e infamarlo con esa medida de excepción”; considerando las opiniones de Vicuña como “verdaderos crímenes de traición a la patria” (Ibid.; pp. 44-5).
Finalmente, el rector de la Universidad de Chile, Domingo Amunátegui Solar, aduciendo que, como Vicuña era sólo profesor universitario interino, el ministro de Educación podía expulsarlo sin necesidad de un acuerdo del Consejo de Instrucción Pública. Y así, el 2 de septiembre, el Consejo de Gabinete acordó su destitución. Esta fue defendida por el ministro del Interior, el radical Héctor Arancibia Laso, primero en la Asamblea Radical, el 5 de septiembre, señalando que los ciudadanos “son libres de opinar como se les antoje: sin restricción alguna; pero no es en modo alguno aceptable que los funcionarios públicos, que son asalariados del Estado, que comen el pan del Gobierno, opinen en discrepancia con la política del mismo gobierno que los alimenta. Esto sería introducir en la administración pública los gérmenes de la más funesta indisciplina. Y si esta indisciplina administrativa es inaceptable en general, se hace ella gravísima cuando se trata de educadores que opinan contra la Patria. No es posible que los propios encargados de formar el alma nacional estén sembrando en las almas infantiles la semilla funesta del anarquismo y del desprecio por la Patria y sus instituciones” (Ibid.; pp. 124-5).
Y luego la defendió en la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, donde expresó que “el funcionario (público) debe subordinar su actividad al interés del Estado; y entre los deberes que a aquel incumben figura el de acomodar su acción al servicio público. El interés del Estado impone al funcionario la obligación de servirlo incondicionalmente. El funcionario que falta a este deber y a la lealtad hacia el Estado cesa de estar al servicio de su interés y, en consecuencia, éste tiene el derecho de poner fin a una relación que ha dejado de serle beneficiosa” (Ibid.; p. 185). Finalmente la Cámara –con el apoyo de los comités de todos los partidos de la Alianza Liberal y de la Unión Nacional- dio su aprobación a la conducta del Gobierno de exonerar a Vicuña. Honrosas excepciones, que se retiraron de la sala antes de la votación, fueron los radicales Domingo Durán Morales, Santiago Labarca Labarca, Pedro Rivas Vicuña y Ramón Ernesto Videla; los conservadores Ramón Herrera Lira, Tomás Menchaca Lira, Joaquín Tagle Ruiz y Héctor Zañartu Urrutia; los liberales Hernán Correa Roberts y Ernesto Escobar Morales; el liberal democrático Roberto Sánchez García de la Huerta; y el demócrata Nolasco Cárdenas Avendaño. Y la resolución de la Cámara fue aplaudida, a su vez, por El Mercurio (11-9), El Diario Ilustrado (10-9)y La Nación (10-9).
Lo más increíble de todo es que -como lo recordó Galvarino Gallardo en un artículo en La Nación del 7 de septiembre- los gobiernos y políticos chilenos habían tenido distintas opiniones respecto de los conflictos limítrofes con Perú y Bolivia, habiendo llegado incluso el gobierno y el Parlamento chileno en 1895 a suscribir un Tratado con Bolivia que le daba salida al mar cediéndole “el dominio y soberanía de los territorios de Tacna y Arica, si por arreglo directo con el Perú, o por el plebiscito prescrito en el Tratado de Ancón, los obtuviera Chile” (Ibid.; p. 149); y que “si Chile no adquiría Tacna y Arica, se obligaba a ceder a Bolivia la caleta Vitor hasta la quebrada de Camarones, u otra análoga” (Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973); Volumen II; Edit. Santillana, Santiago, 1983; p. 188).
Por su parte, Carlos Vicuña recibió la solidaridad de diversas organizaciones de profesores y especialmente de la FECH que en un manifiesto suscrito por su presidente Daniel Schweitzer expresó: “No es la primera vez que entre nosotros se conculcan las libertades públicas. Ayer no más eran los Tribunales de Justicia los que desconocían el derecho de publicar las opiniones por la imprenta ante la impasibilidad general. Y aún no ha sonado en el Parlamento una voz acusadora, ni hemos pretendido hacer efectiva la responsabilidad criminal de los prevaricadores, porque el año pasado los jueces todos realizaron en contra nuestra y en contra de los obreros asociados, la conspiración permanente de la injusticia. Hoy sólo acusamos. Hoy señalamos a la vergüenza pública los nombres de Ernesto Barros Jarpa y de Tomás Ramírez Frías, Ministros de Estado e inquisidores laicos; de don Juan Nepomuceno Espejo y Arcadio Ducoing, directores de establecimientos de enseñanza que falsifican documentos públicos, para amoldar sus informes al deseo del Gobierno; de Domingo Amunátegui Solar, Rector de la Universidad, que desprecia la libertad de conciencia e ignora, entre muchas otras nociones elementales, la ley sobre instrucción secundaria y superior, cuya aplicación le incumbe a diario” (Vicuña; p. 201).
Asimismo, Carlos Vicuña recibió la solidaridad pública de numerosas personalidades nacionales, independientemente de que compartieran o no el contenido de sus ideas. Así por ejemplo, Amanda Labarca le expresó: “Creo que negar a las minorías el derecho sagrado de pensar es un crimen de lesa humanidad (…) Si entrar al servicio del Estado de Chile, significara obligarse a pensar de acuerdo a la mayoría gobernante, los mejores servidores de la República estarían hoy fuera de sus filas, porque nadie que se estime puede vender por un mendrugo de pan su derecho a pensar libre, humanamente” (Ibid.; p. 205). A su vez, Armando Donoso le señaló: “¿Acaso un hombre, por el hecho de ser empleado público, deja de ser hombre, para poder emitir libremente sus opiniones (…) Yo aplaudo la actitud de Carlos Vicuña que, creo, puede enorgullecerse por haber caído en desgracia afirmando su dignidad moral de hombre. De corazón lo abrazo y estoy con él” (Ibid.; p. 211). Por otro lado, Carlos Alberto Martínez le escribió: “¡Desgraciado el país en que los empleados públicos, y lo que es más grave, los educadores, tuvieran que pensar y sentir al compás de lo que piensan y sienten los comediantes que llegan a las alturas! Con esa premisa; ¿qué porcentaje de cretinos tendría Chile?” (Ibid.; pp. 211-2). Similares expresiones de apoyo le brindaron, entre otros, Enrique Molina, Luis Emilio Recabarren, Manuel Magallanes Moure, Carlos Pinto Durán, Pedro Godoy Pérez, Pedro León Loyola y Roberto Meza Fuentes.
Sin embargo, la más impactante muestra de solidaridad le llegó de España, de la pluma de Miguel de Unamuno: “Me creo, señor mío y compañero, en el deber de dirigirle estas líneas para felicitarle por su noble patriotismo humano y protestar contra la medida despótica que le ha privado de su cátedra. Veo que el despotismo republicano no le va en zaga al monárquico. Si es que es republicano el poder que ha actuado contra usted. En un pueblo sereno y noble, como creo que es ese pueblo –el pueblo, entiéndase bien- de Chile la actitud de usted al emitir un juicio que usted estimaba de justicia, es algo que se agradece y se honra y hasta cuando se crea que se equivoque quien lo emita. Porque se pone el honor patrio en tener una voluntad nacional enderezada a fines de justicia. Son las oligarquías de negociantes, de explotadores de la nación, son los accionistas de la patriotería oficial y lucrativa los que ponen el prestigio de la patria en que no rectifique sus errores, aún reconociéndolos.
Procure siempre acertarla
el honrado y principal,
pero si la acierta mal
defenderla y no enmendarla
dice la cuarteta famosa de ‘Las Mocedades del Cid’. Y esa cuarteta me recuerda lo de ‘por la razón o por la fuerza!’. Nó, nó, nó y nó! Por la razón y sólo por la razón. Y por la justicia. El que añade: ‘…o por la fuerza!’ es que no cree en su razón. Sólo por la razón, sólo por la justicia. Por lo demás, la medida despótica de que ha sido usted víctima prueba que el poder que le ha exonerado a usted de su cátedra, no cree en la justicia de la política anti-americana y antipatriótica contra la que usted se ha pronunciado, no cree en la justicia de la prusianada que trata de mantener, no cree que sea civil ni humano siquiera el imperialismo de una oligarquía de negociantes.
Usted y los que con usted siempre están sirviendo al verdadero honor de Chile y tratando de redimir a ese noble y generoso pueblo del denigrante sambenito que sobre él cayó cuando se le llegó a llamar la Prusia de Suramérica. En resolver en justicia ese viejo pleito entre hermanos, entre consanguíneos de espíritu –la sangre de éste es la lengua- no va sólo la paz de América, la prosperidad de Chile y la sangre de los hijos de esa patria; va el honor, el verdadero honor de ésta, va el honor de Chile. Y va su civilidad, que es la civilización.
Lo felicito, pues, por su actitud civil y humana, por su patriotismo americano, que es el más hondo patriotismo chileno, por su humanidad –no en vano enseña usted humanidades!- y porque creo que la injusta medida de que usted ha sido víctima servirá para encender y alumbrar la conciencia de los que allí sienten que entre pueblos hermanos –y todos lo son entre sí- sólo se resuelvan los pleitos por la razón, nada más que por la razón. ‘Por la razón y por la razón’.
Le saluda
Miguel de Unamuno
Salamanca, 24-V-1921.