La Comunidad de Paz de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño (norte de Colombia), se constituyó el 23 de marzo de 1997; la iniciativa fue promovida por campesinos del corregimiento de San José, que decidieron no implicarse en guerra alguna ni colaborar con los actores armados en el conflicto interno (éste comenzó en los años 60 del siglo pasado).
Entre los antecedentes de la Comunidad de Paz, destacan las masacres de militares contra los líderes campesinos del corregimiento, en septiembre de 1996 y febrero de 1997; actualmente se mantienen los principios de diálogo transparente, respeto a la pluralidad, solidaridad, resistencia y justicia.
Arley Tuberquia, de 40 años, forma parte del Comité de Derechos Humanos de la Comunidad de Paz; también es campesino, que cultiva un lote colectivo de cacao para la exportación y -cuando llega la temporada- frijol y maíz; la entrevista se realizó el 18 de noviembre, antes de un acto organizado -en la sede de CEDSALA en Valencia -por la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia (CVSC); en el acto participó asimismo la integrante de la Comunidad y campesina, Ledis Arteaga.
P-¿Cómo se gobierna la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y de qué modo se toman las decisiones?
AT-La autoridad superior es la Asamblea General, de la que forman parte todos los miembros de la comunidad mayores de 12 años; a partir de esa edad, se recibe la ciudadanía comunitaria; en cuanto al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, es como una junta administrativa; nosotros hemos de tener esta figura porque la ley nos pide un representante legal, un secretario, un tesorero…
Nos identificamos principalmente con la Asamblea, que es la que adopta las decisiones de fondo, como un cambio de reglamento; en este órgano no se consultan, por ejemplo, las jornadas de trabajo comunitario, que puede organizar la directiva con los coordinadores de trabajo.
P-Desde que se constituyó la Comunidad de Paz, hace casi tres décadas, ¿qué masacres recuerdas especialmente?
AT-Todas. Las diferentes masacres contra la Comunidad, en estos 28 años, han supuesto el asesinato de 417 personas; en octubre de 1997, asesinaron en un mismo día a Ramiro Correa y a los líderes comunitarios Luis Fernando Espinosa y Fernando Aguirre; fueron eliminados por la guerrilla de las FARC.
El 21 de febrero de 2005 el ejército y paramilitares mataron a 8 personas de la Comunidad de Paz, entre ellas tres menores de edad; los presentaron como “guerrilleros”; ese día asesinaron al líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra; como vocero, era quien había mantenido reuniones con el vicepresidente de la República en la época de Uribe.
Unos años antes, el 8 de julio de 2000, un grupo paramilitar perpetró otra de las masacres en la vereda La Unión, en San José de Apartadó; separaron a la población y dispararon contra seis de los campesinos, lo que les ocasionó la muerte; a otro dirigente histórico, Rigoberto Guzmán, los paracos le dijeron que se arrodillara; como se negó, le obligaron a hacerlo y le mataron disparándole en los pies.
P-¿Continúan actualmente los homicidios, el hostigamiento y las amenazas?
AT-Sí, el 19 de marzo de 2024 murieron dos integrantes de la Comunidad en una finca de la vereda La Esperanza: Nayely Sepúlveda, de 30 años, y Edinson David, de 14; fue un crimen muy cruel a manos de los paramilitares; las amenazas están muy latentes, por ejemplo contra cuatro líderes comunitarios.
En concreto, contra Germán Graciano, que es el representante legal de la Comunidad de Paz; también contra Gildardo Tuberquia, subcoordinador de la Comunidad; contra Roviro López, que es miembro del concejo interno y coordinador de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra; por último, las amenazas de paramilitares contra mi persona.
P-¿Qué intereses tienen estos grupos ilegales en el municipio de San José de Apartadó, ubicado en la región del Urabá antioqueño?
AT-El interés de los paramilitares es de tipo militar, social y económico; en la zona hay carbón, oro, petróleo y roca caliza; asimismo es importante el agua de la Serranía de Abibe; los paramilitares están interesados en el control territorial, para adueñarse de toda la riqueza.
P-Tras años de persecución y violencia, que continúa en la actualidad, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió disculpas públicas a la Comunidad de Paz el pasado 5 de junio. ¿Cómo valoras esta decisión?
AT-Lo vemos de manera positiva; era ya el momento de que el Estado colombiano reconociera la responsabilidad por tanta muerte y tanto dolor causado; pero es triste que no puedan materializarse los mecanismos para impedir los crímenes.
P-¿Han denunciado esta situación los medios informativos?
AT-Los medios de comunicación hacen poco caso; se hacen eco cuando hay un muerto, y ya casi ni tanto; pero tampoco el Estado de Colombia presta atención, ya que ante esas amenazas no hay acciones estatales contundentes; contamos con una radio comunitaria, que tiene escaso alcance y utilizamos de manera muy local, ya que nos negaron la licencia de funcionamiento.
P-Por último, ¿qué ejemplos señalarías respecto a la presencia de las multinacionales en el territorio? ¿Y en cuanto al peso del narcotráfico?
AT-Entre otras empresas Chiquita Brands, una transnacional bananera; asimismo los intereses de la empresa Carbones del Golfo SA, o la construcción del Puerto Antioquía en la que participan diferentes multinacionales; esta infraestructura se implanta sobre cientos de hectáreas de tierras despojadas a los campesinos.
Respecto al narco, está el caso de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y su familia, que tienen una significativa influencia en el Urabá. Chiquito Malo es el comandante de la organización narcoparamilitar más grande del país, el Ejército Gaitanista de Colombia.
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