Estamos en un momento crucial para el futuro de Galicia. El gobierno autonómico está totalmente decidido a promover dos grandes proyectos -mina de cobre de Touro y macrocelulosa de Palas de Rei- en la cuenca hidrográfica del río Ulla. Son la punta de lanza del modelo industrial que propugna el Partido Popular de Galicia (PP), un modelo que va a cambiar radicalmente el paisaje natural y cultural del territorio. Y lo hace ofreciendo sus riquezas en recursos mineros, en agua y en madera de eucalipto. Utilizando los viejos slogans de “progreso” y “puestos de trabajo” como forma de disfrazar la realidad y tapar las deficiencias estructurales como la contaminación generada, el elevado consumo de agua, la afección a sectores socio-económicos ya asentados o la implícita eucaliptización del territorio. Porque socioeconómicamente estamos hablando de una zona geográfica especialmente próspera, que ha fijado población, que tiene índices de paro muy bajos y un tejido productivo creado alrededor de los sectores primarios del mar y del campo, pero con la particularidad de haber sido capaces de generar una red, mayoritariamente, de empresas pequeñas y medianas que dan valor añadido a sus productos y reparten riqueza en el territorio. No estamos hablando de una zona deprimida económica y socioculturalmente.
Los impactos
La instalación de la macrocelulosa de Palas de Rei (Greenfiber S.L.)[i] substraerá 46.000m3/día del embalse de Portodemouros en el río Ulla y verterá 30.000 m3/día de auga -a 1,5 km del embalse- a 27°C con 22.300 toneladas/año de químicos y con afección también a la calidad sanitaria de las tomas de agua potable -río abajo- de 150.000 habitantes. La reapertura de la mina de cobre de Touro va a consumir 19.000 m3/día de la misma cuenca hidrográfica, va a contaminar con metales pesados los ríos Lañas y Brandelos, afluentes del río Ulla y va a generar una nube de partículas (PM10 y PM2,5) y contaminantes que afectarán la salud de la población y la viabilidad del Camino de Santiago.
Greenfiber S.L. (conocida popularmente como Altri) pretende ocupar 366 hectáreas (ha) para uso industrial e instalar dos factorías a solo 2 km del Camino de Santiago: una para elaborar 400.000 t/año de celulosa soluble, y otra que transformaría 200.000 t/año de celulosa soluble en fibra téxtil lyocell. Esa ocupación va a destruir hábitats de altísimo valor ecológico y paisajístico, incluidos en la propuesta de ampliación de la Red Natura, con poblaciones de especies protegidas.
La contaminación atmosférica ([ii]) es otro factor importante a tener en cuenta porque va a afectar -en función de las condiciones meteorológicas- a la salud de la población en un radio de 50 km, va a acidificar y contaminar el suelo de las explotaciones agroganaderas haciendo inviables las explotaciones en ecológico y también va a perjudicar seriamente al Camino de Santiago.
Altri es un proyecto que va a potenciar más la eucaliptización de la zona centro de Galicia, ya que necesita 60.000 ha de eucalipto (4000 ha/año x 15 años que tardan de promedio en crecer). Esta especie consume una elevada cantidad de agua (20 veces más que robles o castaños) y no parece sostenible plantar Eucaliptus sp en un escenario de cambio climático, una especie pirófita[iii] que va a incrementar el riesgo de incendios[iv] y que se prohibió en Portugal después de los que se produjeron en 2017, donde perdieron la vida 65 personas.
Una primera consideración metodológica puede ser útil. El río Ulla forma una unidad ecogeográfica con la ría de Arousa, no son realidades estancas[v], sino al contrario, están interconectadas muy íntimamente porque el río Ulla es el más caudaloso de los que alimentan la ría, con un caudal medio de 79,3 m3/s.
Parecería lógico, por lo tanto, que si queremos realmente evaluar el impacto de la celulosa de Greenfiber S.L. y de la mina de cobre de Touro, tendremos que hacer un análisis global, o sea, observar y cuantificar los efectos sinérgicos de ambos proyectos conjuntamente, sobre el río y la ría. Pero no va a ser así, porque se trata de minimizar y ocultar las consecuencias para la población y el medio ambiente.
Hay otra consideración general a tener en cuenta, ambos proyectos -la mina y la celulosa- pretenden disfrutar de 90 y 75 años de concesión respectivamente. Son proyectos que van a afectar a las próximas generaciones. Es algo muy serio que compromete nuestro futuro y que necesitamos ver con tiempo y tranquilidad, sin presiones y desde diversos ángulos de análisis. Esto, que entendemos que es lo más prudente y razonable, es lo contrario a lo que está sucediendo. La Xunta de Galicia declara los dos proyectos de interés estratégico (PIE)[vi] y esto acelera los procedimientos, impide un análisis sosegado y dificulta un debate social plural. Declarar PIE un proyecto es la mejor manera de que camine administrativa y ambientalmente de manera que tenga más ventajas.
Además, la longevidad nos obliga a realizar un análisis prospectivo del impacto que van a tener en el actual escenario de cambio climático. Esta cuestión, capital, para tomar una decisión correcta, no se aborda en ninguno de los proyectos. En el estudio Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España[vii] se evalúa ese impacto -hasta 2100- en el sistema hidrográfico Galicia Costa, al que pertenece la cuenca hidrográfica del río Ulla y que es competencia de la comunidad autónoma. Las conclusiones son claras para cualquiera de los escenarios posibles: tendencia decreciente de las precipitaciones, incremento de la evapotranspiración y disminución de la recarga de los acuíferos. En resumen: va a haber menor cantidad de agua disponible tanto en los ríos como en las aguas subterráneas. El verano será cada vez más extenso e intenso y las lluvias más concentradas en poco tiempo con medias térmicas en gradual ascenso.
Pero esta tendencia ya la podemos observar en la serie más reciente del río Ulla: el promedio del caudal mensual en el período 2009-23 durante los meses de junio a octubre, ambos incluidos, es menor de 6 m3/s. Precisamente fue este criterio el que adujo la consultora Pöyry, en calidad de experto independiente, para rechazar el traslado de la fábrica de celulosa de Ence de su ubicación actual en Lourizán (ría de Pontevedra) al río Eume, por tener éste un caudal medio de 6 m3/s[viii] .
Altri va a producir más pasta de celulosa soluble que Ence y, por lo tanto, tendrá un vertido mayor. Resulta curioso que esta consultora finlandesa Pöyry se fusionara con la sueca AF para convertirse en AFRY y poco después firmara un contrato con ALTRI en 2021[ix] para realizar los estudios preliminares y de viabilidad, seleccionar la ubicación en Palas de Rei al lado del río Ulla y además realizar los servicios de autorización ambiental y el diseño e ingeniería de la planta de celulosas.
Igualmente, Altri contrató los servicios de la consultora Acento[x] para conseguir ayudas públicas e intentar sortear las dificultades administrativas derivadas de la naturaleza del proyecto y su consecuente impacto.
Precisamente ALTRI firmó[xi], el 1 de octubre de 2021, un convenio con la recién creada sociedad público-privada Impulsa[xii]. Esta tiene mayoritariamente capital público (48,53%) pero el gobierno del Sr. Rueda, por algún motivo inconfesable, nos oculta el contenido del memorándum que compromete el uso de dinero público. El informe económico-financiero del Consello de Contas de Galicia sobre las entidades instrumentales de la Xunta, correspondiente al año 2023, señala que Impulsa Galicia “requiere una mayor transparencia y control”, argumenta también «la concurrencia de otros elementos en esta empresa como la promoción pública de esta iniciativa, la composición de los órganos de administración, la sede social en instalaciones públicas, la designación de directivos y el derecho de veto o bloqueo en las decisiones de la sociedad son indicadores de control público y/o influencia pública significativa»,
Porque este es otro aspecto a resaltar en el cambio de modelo productivo que está impulsando el Partido Popular en Galicia: se hace utilizando dinero público, sin transparencia y control y convirtiendo a la administración autonómica en portavoz de empresas multinacionales que quieren implantarse para beneficiarse de los recursos colectivos, llevándose su valor añadido para otros países y dejándonos la contaminación de por vida, pero todo esto se hace sin hacer públicos los compromisos adquiridos y reflejados en los documentos que firman en nuestro nombre y que pagan con nuestro dinero. Podríamos afirmar que esta política depredadora, que está llevando a cabo la Xunta de Galicia, se realiza mediante dos sociedades instrumentales público-privadas, la ya citada Impulsa (Abril, 2021) y Recursos de Galicia (Noviembre, 2023). Ambas tienen como denominador común tener un capital mayoritario público pero evitando llegar al 50% para eludir el control del Consello de Contas de Galicia a través de la Lofaxga[xiii]. Este cambio de modelo productivo se realiza -con ayudas públicas- para promover la instalación de eólicos y centrales de biomasa, para movilizar los recursos mineros y facilitar proyectos que requieran concesiones de agua. Es el modelo decimonónico de las industrias de enclave: detraen los recursos, no generan valor añadido, pagan sus impuestos en Madrid o en Chipre y nos dejan la contaminación y el impacto en el territorio. Es un modelo que actúa desestructurando el rural, incrementando la superficie de Eucaliptus sp /incendios forestales, provocando un descenso demográfico donde se ubica y destruyendo el modelo productivo agroganadero, de producción ecológica, de quesos, de miel, de marisqueo y bateas de mejillón, de caladeros de pesca afectados por las eólicas marinas en el POEM, etc. El modelo que defendemos los colectivos es el ecológico, el que defiende a nuestros sectores productivos y la transformación de sus productos con trazabilidad, el que reparte la riqueza en el país y además es realmente sostenible y nos garantiza la soberanía alimentaria.
La movilización ciudadana
La amplia movilización ciudadana surge del sentimiento colectivo de sentirnos profundamente agredidos, no solo en el terreno socioeconómico sino también afectivamente, en nuestro corazón. Primero fue la reacción masiva de alegaciones, tanto a la concesión de aguas como al proyecto, que superaron la capacidad administrativa de la Xunta quien decidió iniciar un proceso de exclusión de alegantes exigiéndoles que demostraran su condición de personas interesadas. Esto tuvo dos consecuencias, agredió a miles de personas y colectivos que se sienten de verdad afectados pero que se ven excluidos artificiosamente y ralentizar el procedimiento administrativo.
Podemos afirmar que el movimiento social se fue gestando desde 2022 y en estos tres años se ha ido consolidando como un movimiento plural, con credibilidad, con discurso, con amplia capacidad movilizadora. En la actualidad es un referente que aglutina a más sectores e idóneo para condicionar la nefasta acción de gobierno de la actual Xunta de Galicia. Porque además de ser una respuesta colectiva defensiva es un movimiento propositivo que está dibujando en la conciencia social una alternativa realista e integradora que disuelve las barreras y perjuicios existentes entre los diferentes sectores de la sociedad.
Después de la amplia participación ciudadana en las alegaciones y de los numerosos actos informativos y debates -siempre con la ausencia de la empresa y la Xunta que eludieron debatir-, fueron encadenándose las multitudinarias movilizaciones: en Palas de Rei -25/05/24-, rodeando San Caetano (edificio administrativo de la Xunta en Santiago) -30/06/24-, en la emblemática “praza do Obradoiro” en Santiago -15/12/24-, por tierra y por mar en A Pobra do Caramiñal (ría de Arousa) -22/03/25- y la última en la “praza do Obradoiro” en Santiago -14/12/25-.
A esta compleja situación descrita, responde el cambio en la estrategia comunicativa del gobierno de la Xunta del Sr. Rueda, que ha pasado de una actitud beligerante y altiva defendiendo inequívocamente las supuestas virtudes del proyecto y apareciendo públicamente de la mano de la empresa a una posición esquiva intentando poner el foco en que la ejecución del proyecto va a depender de lo que decida Greenfiber S.L. y de los técnicos de la Xunta. Detrás de este giro está el evidente coste político que puede tener la proximidad de la tramitación del proyecto a las próximas elecciones autonómicas de 2028 o que reciba el apoyo financiero público de un hipotético gobierno central fruto de la alianza PP y VOX.
La situación administrativa del proyecto
En la actualidad el proyecto continúa su tramitación administrativa con tres importantes vectores que condicionan su futuro.
El primero es la movilización social que no solo mantiene su impulso, sino que puede extender sus alianzas a otros sectores afectados por los nuevos proyectos mineros o la ubicación sobre caladeros de pesca de la eólica marina.
El segundo es la dificultad para obtener financiación pública de la Unión Europea y del Gobierno central.
El tercero es el problema administrativo y legal derivado de los contenciosos presentes -contra la concesión de aguas- y futuros -contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI)-.
La tramitación del expediente de la concesión de aguas está en un limbo administrativo y legal, pendiente del contencioso ya anunciado.
La tramitación del proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)[xiv] favorable pero condicionada que otorgó la Xunta justo antes de la manifestación de A Pobra do Caramiñal en la que participaron 600 barcos y más de 20.000 personas, a pesar de la lluvia y el viento. Contra la DIA no cabe recurso legal hasta que no emitan la resolución administrativa correspondiente, o sea la AAI.
Queda pendiente, por lo tanto, la resolución de la AAI que la consejera de Economía e Industria, Sra. María Jesús Lorenzana prometió que saldría pública en el pasado mes de junio. El motivo de su demora es claramente político y está relacionado con el cálculo de los tiempos y la presión de las movilizaciones. La resolución nos permitiría acudir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) mediante otro procedimiento contencioso-administrativo donde sí podríamos entrar en el debate de la DIA.
Está pendiente también la resolución por parte del MITECO de las alegaciones presentadas a la propuesta de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica -horizonte 2030- y su estudio ambiental estratégico, que finalizó su periodo de alegaciones el pasado 16 de diciembre. Este es un tema de cierta relevancia porque lo que está en cuestión es el acceso a la conexión eléctrica de la celulosa. Aquí alegan por un lado la Xunta y Altri intentando garantizar que el estado ponga a disposición de la empresa el refuerzo de la red con las necesidades técnicas para la potencia que necesita. Por otro lado, los colectivos sociales argumentamos, por razones ambientales, en contra de favorecer su conexión: la Plataforma Ulloa Viva, la PDRA, Adega, los sindicatos CIG y SLG, cinco cofradías de pescadores, la OPP-20 y doce agrupaciones de mejilloneros.
El futuro también lo decidimos desde la sociedad
Evidentemente, para imponer este modelo industrial depredador, el gobierno autonómico construyó un andamiaje legal que permite actuar con escasas garantías ambientales, en menos tiempo. Pretenden así evitar que la sociedad pueda organizarse y responder, pero, a pesar de esto, hemos sido capaces de construir un movimiento social que no sólo puede sentar las bases de un futuro para las generaciones venideras, sino que también ha cuestionado las decisiones poco democráticas de la Xunta de Galicia que perjudican a la mayoría social.
Por eso es fundamental tejer una red social transversal en la sociedad, que una a sectores diferentes que sean capaces de confluir en un movimiento social alrededor de un denominador común: la defensa del territorio y de los sectores productivos con un modelo alternativo, sostenible, que articule y autoorganice la sociedad, que transforme los productos de calidad con trazabilidad, que asegure que el valor añadido queda en nuestra tierra. Un modelo integrador, más humano, que garantice la soberanía alimentaria, luche contra el cambio climático y fortalezca nuestra identidad.
Notas:
[i]Altri participa en un 75%, mientras que Greenalia participa a través de la sociedad Smarttia y es el socio minoritario (25%). Greenalia representa una cierta vinculación con el PPdeGalicia a través de Beatriz Mato, exconsejera de la Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo (2009-2018). De hecho, el proyecto surgió de la mano del expresidente de la Xunta. De ahora en adelante utilizaremos indistintamente Altri, Greenfiber S.L. o celulosa
[ii]https://adega.gal/novas.php?id=1508&sec=7
[iii]Especie que sobrevive a los incendios forestales y propaga su semilla en las áreas quemadas, extendiendo su área de influencia.
[iv]Las hojas lanceoladas y curvadas del eucalipto adquieren con el fuego una forma helicoidal muy aerodinámica que se desplaza incandescente por la acción del viento y propaga el fuego a áreas lejanas del foco inicial..
[v] La Ría de Arousa forma parte indisoluble de la cuenca hidrográfica del río Ulla, por ser aguas costeras y de transición de la misma demarcación hidrográfica (art.1, Directiva 2000/60).
[vi]El proyecto de la celulosa (Palas de Rei, Lugo) fue declarado PIE el 29 de diciembre de 2022, por la Xunta de Galicia.
La mina de cobre de San Rafael (Touro-O Pino, A Coruña) fue declarada PIE por la Xunta de Galicia el 24 de junio de 2024.
[vii]CEDEX, Madrid, julio de 2017.
[viii] “(…) y el eventual vertido en el río Eume no es factible puesto que tiene un caudal medio de 6 m3/s, inferior a lo requerido para el vertido del efluente”. Localización y requerimientos. Industria global de celulosa Kraft. Mayo 2019, (pág.25).
[ix] https://afry.com/en/project/sustainable-textile-fibre-production-development-altri-spain. Cabe preguntarse que tipo de garantias económicas obtuvo Altri en el Memorandum con Impulsa, para firmar un contrato con Afry antes de realizar ningún trámite administrativo. El primer trámite realizado fue la solicitud de concesión de aguas en noviembre de 2022, expediente DH.A36.88645 aún sin resolver y pendiente de dos contenciosos anunciados por parte de ADEGA & PDRA y de la CIG.
[x]Acento public Affairs, consultora liderada por el exministro socialista José Blanco, gestiona desde 2022 las relaciones públicas, la imagen y representación ante administraciones para la consecución de financiación y eludir las dificultades técnicas del proyecto.
[xi]Investment in Galicia reinforces Altri´s sustainability strategy. 01.Octubre.2021. https://www.altri.pt/en
[xii]Sociedad para el desarrollo de proyectos estratégicos de Galicia S.L. Abril, 2021. Impulsa se disolvió en agosto de 2025 por decisión de la Xunta de Galicia. La presión movilizadora de la sociedad, el contencioso interpuesto por el sindicato nacionalista CIG y las fuertes críticas del Consello de Contas de Galicia pudieron influir en esta decisión. La Xunta justificó su disolución por la consecución de sus objetivos.
[xiii] Ley de organización y funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de Galicia.
[xiv]DIA firmada con fecha 14 de marzo de 2025, por un cargo político que posteriormente ascendió, lo que fue interpretado por algunos como un premio ya que había fuentes que indicaban la reticencia de los técnicos a autorizar la DIA.
Xaquin Rubido es portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA). Belén Rodriguez es secretaria ejecutiva de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA).