La insurrección obrera ocurrida en Asturias en octubre del año 1934, formaba parte de la Huelga general revolucionaria organizada por el PSOE en todo el país y que es, conocida con el nombre de la revolución de octubre del año 1934.
Sin embargo, solo relevancia en Asturias, debido fundamentalmente a que la CNT sí formaba parte en la Alianza Obrera propuesta por los socialistas de la UGT y el PSOE. En el resto de España está participación no se dio de la CNT y de ahí su fracaso.
Entre diciembre del año 1933 y octubre del año 1934, existió una inestabilidad política entre los radicales de Alejandro Lerroux y la política desarrollada por la CEDA a ello debe unirse la agitación de la izquierda ante la política de la derecha española.
Gil Robles era visto como el Dolfus español y los temores sobre un golpe fascista se acrecentaron tras una concentración que la CEDA celebró en Covadonga el nueve de septiembre del año 1934.
Tras aquel agitado verano, las Cortes Generales se reunieron el uno de octubre y ese mismo día la CEDA retiró su apoyo al gobierno presidido por Ricardo Samper.
Demandan la entrada en el gobierno, cosa que consiguió tres días después, cuando el cuatro de octubre se anunció la formación del gobierno radical –cedista, que es encabezado por el radical Alejandro Lerroux.
El día cinco de octubre, la UGT declaró la huelga general y Alejandro Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra.
Así pues, empieza el movimiento huelguístico e insurreccional decretado por el Comité Revolucionario socialista presidido por Francisco Largo Caballero y que supone un fracaso salvo en el caso de Asturias. Lo que sucede en Cataluña es distinto de este planteamiento.
La Alianza Obrera fue una idea surgida en Cataluña por iniciativa del pequeño partido Bloque Obrero y Campesino, y se extendió al resto de España por los socialistas.
El sector encabezado por Largo Caballero se hace con la dirección de UGT en enero del año 1934 e impulsa la idea de la Alianza Obrera, al considerarla un buen instrumento para sumar apoyos a su nueva estrategia insurreccional para alcanzar el socialismo.
La formación de una alianza por arriba también fue ofrecida a la CNT pero se negó a integrarse en ella, como ya había sucedido en Cataluña, porque la dirección confederal afirmó que la CNT por sí sola se bastaba para destrozar al fascismo.
No todos en la CNT estaban de acuerdo con el rechazo a la Alianza Obrera, como el miembro de la CNT, Valeriano Orobón Fernández, que en un artículo publicado en el diario confederal La Tierra hizo un llamamiento a la unidad entre socialistas, cenetistas y comunistas para alcanzar la democracia obrera revolucionaria.
Este cambio de actitud de ciertos sectores de la CNT sólo se concretó en Asturias, donde el treinta y uno de marzo del año 1934, la Federación Regional de la CNT firmó en Gijón el pacto con UGT-PSOE, que era la fuerza obrera hegemónica en Asturias. Sin embargo la dirección de la CNT de Asturias mantuvo este pacto a pesar de la amenaza de expulsión que le lanzó la dirección confederal.
El acuerdo fue firmado en Gijón por dos dirigentes socialistas y dos cenetistas, que no se consideró oportuno hacerlo público entonces, constaba de diez puntos y un preámbulo en el que se reconocía la necesidad de «la acción mancomunada de todos los sectores obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a efecto la revolución social» en España.
Las discrepancias surgieron cuando se intentó definir el régimen que iba a sustituir al capitalismo;
- Los socialistas defendían la formación de un Estado socialista a través de una República Socialista.
- Los cenetistas no estaban dispuestos a renunciar a uno de sus principios fundamentales, la negativa a construir cualquier tipo de Estado y propusieron la fórmula “Régimen de igualdad económica, política y social fundado sobre principios federalistas”.
La solución que se encontró finalmente fue cancelar el pacto inicial en el momento que triunfara la revolución social, dando libertad a cada organización para que defendiera sus proyectos sociales y políticos respectivos.
Esto quedó plasmado en los puntos 1 y 8 del acuerdo:
- Las organizaciones firmantes trabajarán de común acuerdo hasta conseguir el triunfo de la revolución social en España y llegar a la conquista del poder político y económico para la clase trabajadora, cuya concreción inmediata será la República Socialista Federal.
- El compromiso contraído por las organizaciones que suscriben terminará en el momento en el cual la República Socialista Federal quede constituida con sus órganos propios, elegidos voluntariamente por la clase trabajadora y por el procedimiento que haya preceptuado la obra revolucionaria dimanante del presente pacto.
Solo dos semanas antes de iniciarse la insurrección en Asturias se incorporó a la Alianza Obrera el entonces pequeño PCE, que hasta esa fecha había sido considerado un órgano de la contrarrevolución.
En los meses anteriores se habían incorporado al pacto dos reducidos grupos comunistas disidentes: el Bloque Obrero y Campesino e Izquierda Comunista.
Cuando se produjo la insurrección asturiana, los revolucionarios tomaron como consigna la sigla UHP, que significa “Uníos, Hermanos Proletarios”.
La preparación de la insurrección
El motivo de porque la revolución del año 1934 triunfara durante dos semanas en Asturias mientras fue arrasada sin mayores problemas en el resto de España, hay que buscarla en el hecho de que Asturias fue el único lugar donde la Alianza Obrera logró integrar a la CNT.
Si logró el éxito se debió a la minuciosa preparación de la insurrección que hicieron las organizaciones obreras asturianas, y singularmente la fuerza obrera hegemónica, los socialistas, lo que no sucedió en el resto de España.
Desde febrero a octubre del año 1934 hubo seis huelgas generales en la región que afectaron fundamentalmente a las cuencas mineras. Algunas de ellas fueron políticas” como la que organizaron en solidaridad con los socialistas austríacos aplastados por la dictadura del partido social-cristiano dirigido por Dolfus.
Otra la hicieron para protestar contra la concentración que la CEDA celebró en Covadonga el nueve de septiembre y que presidió su líder, José María Gil Robles, que era para buena parte de la izquierda obrera era el Dolfuss español.
Un elemento clave en la preparación de la insurrección eran las armas y parte de ellas los obreros las consiguieron robándolas pacientemente una a una de las fábricas de armas de Oviedo y de Trubia.
Otras las compraron a contrabandistas o las trajeron desde Éibar a través de una red creada por las Juventudes Socialistas y el sindicato del Transporte de la UGT de Oviedo. La dinamita la obtuvieron de las minas.
Todas las armas, compuestas por 1.300 fusiles, cuatro ametralladoras y explosivos se escondieron en catorce depósitos clandestinos que la Guardia Civil no logró descubrir. Había millares de pistolas que estaban guardadas en las casas de los obreros comprometidos en la sublevación.
Otro elemento clave en la insurrección fue la organización de las fuerzas paramilitares que encabezaran el movimiento. Así miembros de las Juventudes Socialistas y Juventudes Libertarias fueron entrenados previamente a nivel militar.
En octubre del año 1934, los socialistas contaban con unos 2.500 combatientes, los cenetistas con cerca de un millar y los comunistas con unos cientos, lo que supone que los revolucionarios asturianos contaban con una fuerza organizada de más de 3.000 hombres cuando iniciaron la insurrección.
Por último, los revolucionarios asturianos pudieron contar con el diario socialista Avance, que se convirtió en el órgano de prensa de la revolución que se estaba preparando.
Este periódico fue objeto de numerosas represalias por parte de las autoridades, pero eso no lo amilanó, y su tirada aumentó, conquistando gran número de lectores fuera del ámbito socialista, entre cenetistas y comunistas. Incluso se produjo una huelga en las minas cuando el gobierno intentó impedir la circulación del diario.
En Asturias se logró unificar el ritmo de desarrollo de un movimiento insurreccional clandestino, extraordinariamente preparado, con una estructura unitaria que concentró esfuerzos e impidió el desgaste en luchas internas.
Además, se produjo el desarrollo de un movimiento social que fue en aumento a lo largo del año y que llegó al momento insurreccional en plenitud de sus fuerzas.
El Estallido de la Revolución
Como en el resto de España, en tierras asturianas la huelga general revolucionaria se inició en la madrugada del cinco de octubre y los mineros pasaron rápidamente a la acción, haciéndose con el control de toda la cuenca minera.
Los centros de operaciones se situaron en Mieres y en Sama de Langreo y desde ambas localidades se coordinaron las acciones de los mineros que llevaron a la rendición de 23 cuarteles de la Guardia Civil en las primeras horas y el resto serían ocupados tras la huida de sus defensores en el día siguiente.
Esto era un éxito sin precedentes en la historia del antagonismo obrero y campesino contra la Guardia Civil, desde la fundación del instituto armado a mediados del siglo XIX.
A ello debemos añadir el triunfo de las milicias obreras en las inmediaciones de Oviedo sobre un batallón de infantería y una sección de Guardias de Asalto enviados desde la capital del Principado tras declararse el Estado de Guerra.
En Oviedo el movimiento insurreccional no triunfó en la madrugada del cinco de octubre porque un error técnico impidió que se produjera un apagón en la ciudad, que era la señal convenida para la movilización y para que entrara en la ciudad una columna minera del Caudal encabezada por el secretario general del sindicato minero.
El ejército y la guardia civil tuvieron tiempo de prepararse para defenderse concentrándose en los cuarteles y los puntos estratégicos de la ciudad.
Esto no impidió que las columnas de los mineros penetraran en la ciudad ocupando el Ayuntamiento. El día seis, el cuartel de carabineros y la estación del ferrocarril. El día siete, el cuartel de la Guardia Civil y el día ocho la fábrica de armas.
Sin embargo, los mineros no pudieron tomar los cuarteles de Pelayo y Santa Clara que quedaron cercados. La guarnición de la ciudad, compuesta por unos 1.000 soldados, poco pudo hacer frente a este cerco y se limitó a resistir los ataques de los obreros, en espera de que llegase una columna de socorro.
Fuera de la capital también se produjeron importantes acciones en las ciudades de la cuenca minera, especialmente en Mieres y Sama de Langreo. En otras partes de la provincia fueron atacados los puestos de la guardia civil, y también algunas Iglesias y ayuntamientos, etc.
En Gijón el movimiento insurreccional se vio condicionado por la falta de armas y de municiones. Hubo algunos disparos desde azoteas o ventanas hasta que el Comité Revolucionario optó por distribuir las pocas armas y municiones de que disponía entre cuatro grupos de una quincena de hombres cada uno, que se parapetaron tras las barricadas levantadas en los tres barrios obreros de la ciudad.
Cuando el día siete de octubre llegó al puerto de Gijón el crucero Libertad desembarcando un primer batallón de soldados de las fuerzas militares enviadas por el gobierno para sofocar la rebelión.
Los grupos armados gijoneses con el apoyo de un grupo llegado desde Sama de Langreo y de un camión blindado enviado desde La Felguera hostigaron a las fuerzas gubernamentales, que intentaban abrirse paso hacia Oviedo.
Fuera de las cuencas mineras y de las dos grandes capitales asturianas, hubo insurrecciones en el concejo de Pola de Siero, donde los comités revolucionarios de mayoría socialista atacaron y rindieron los cuarteles de la Guardia Civil.
Se distribuyeron armas y se organizó la defensa. En Trubia, los obreros de la fábrica de armas actuaron con rapidez y contundencia rindiendo a la guardia civil y a la guarnición militar que custodiaba la factoría
En Avilés, la revuelta se inició con un día de retraso por la falta de efectivos y de armas, y la acción más notable que consiguieron los insurrectos antes de la llegada a la ciudad de la columna del general López Ochoa fue hundir el buque Agadir en la bocana del puerto para impedir la llegada de unidades de la flota.
En Luarca, la localidad más poblada del oeste de Asturias, no hubo insurrección porque la guardia civil detuvo al comité revolucionario antes de iniciarse el movimiento.
A los tres días de iniciada la insurrección buena parte de Asturias ya se encontraba en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y La Vega que se pusieron a trabajar día y noche.
En toda la provincia se organizó un Ejército Rojo, que al cabo de diez días llegó a alcanzar unos 30.000 efectivos, en su mayoría obreros y mineros, además de los principales líderes sindicales y obreros.
Respuesta gubernamental
Desde el gobierno consideran que la revuelta asturiana es una guerra civil en toda regla, aún desconociendo que los mineros empiezan a considerar en Mieres la posibilidad de una marcha sobre Madrid. El gobierno adopta una serie de medidas enérgicas.
El cedista Gil-Robles comunica a Lerroux que no se fía del jefe de Estado Mayor, el general Masquelet. Son llamados a Madrid los generales Goded y Franco, que tenían experiencia al haber participado en la represión de la huelga general del año 1917 en Asturias, para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid.
Estos recomiendan que se traigan tropas de la legión y de los regulares desde el Marruecos español. La marina envía el crucero Almirante Cervera y el acorazado Jaime I, que participaron en el bombardeo de algunos núcleos costeros.
El gobierno acepta la propuesta de los generales Franco y Goded. El radical, Diego Hurtado, que era ministro de la Guerra, justifica formalmente el empleo de estas fuerzas profesionales, pues eran las únicas fuerzas militares españolas que habían entrado en combate en África.
Al gobierno le preocupaba que las muertes fueran de jóvenes peninsulares, que pudieran divulgar más tarde los hechos, creando problemas al gobierno, por lo que la solución adoptada le parece muy aceptable.
También se debió al factor miedo del uso de los regulares, formados por soldados marroquíes, que disfrutaron de gran autonomía de sus mandos para poder asesinar, violar y saquear a la población sometida.
El despliegue de las tropas para sofocar la sublevación se hizo por cuatro frentes. El primero en abrirse fue el frente sur con el avance el mismo día cinco de octubre por la tarde de varias unidades militares a través del puerto de Pajares procedentes de León y comandadas primero por el general Bosch y finalmente por el general Balmes.
Para detener su avance los insurrectos desplegaron una fuerza compuesta por unos 3.000 mineros y metalúrgicos organizados y armados desde Mieres, que teóricamente tenían que haberse dirigido a Oviedo, ya que los asturianos esperaban que la insurrección hubiese triunfado en la zona minera de León, impidiendo así el paso de las tropas gubernamentales desde la Meseta hacia Asturias.
Estos milicianos, bien organizados y conocedores de la orografía de la zona, logran cercar a las tropas de Bosch en Vega del Rey, quedando inmovilizadas hasta el diez de octubre.
Solo al día siguiente y tras duros combates, en los que los insurrectos utilizaron piezas de artillería gracias a la colaboración de un teniente de la guardia civil hecho prisionero, las tropas gubernamentales lograron abrirse paso hacia la cuenca del Caudal y hacia su capital, Mieres.
El segundo frente, el norte, fue abierto con el desembarco en Gijón a partir del siete de octubre de legionarios y regulares del ejército de África al mando del teniente coronel Yagüe, cuya llegada provocó la huida de la ciudad en busca de refugio de un importante sector de la población.
Tras vencer la resistencia que encontraron, aunque la huelga general en Gijón aún se prolongaría hasta el dieciséis de octubre, iniciaron su avance en dirección a Oviedo el diez de octubre.
El tercer frente fue el oeste abierto por el avance de la columna comandada por el general, López Ochoa procedente de Galicia que ocupó la fábrica de armas de Trubia.
Un cuarto frente se abrió por el este con el avance a través de Santander de una columna procedente de Bilbao al mando del teniente coronel Solchaga, que fue detenida por los vehículos blindados de La Felguera en El Berrón, no muy lejos de Oviedo.
Cuando se conoció en Oviedo el avance de las tropas gubernamentales por los cuatro frentes, unido a las noticias que llegaban sobre el fracaso del movimiento revolucionario en el resto de España, cundió el desánimo y en la noche del once de octubre, el Comité Revolucionario Provincial ordenó la retirada de la capital y se disolvió, cuando aún continuaba la batalla en el centro urbano y las tropas de López Ochoa entraban en la ciudad.
Sin embargo, la desbandada no se generalizó y en pocas horas se formó un nuevo Comité Revolucionario Provincial, compuesto mayoritariamente por jóvenes socialistas y comunistas, dispuesto a continuar la lucha, cuando a las tropas de López Ochoa ya se habían unido los legionarios y regulares de Yagüe, que comenzaron allí los primeros actos de violencia y pillaje.
Los combates continuaron durante los dos días siguientes, en los que las milicias obreras atacaron en Oviedo al enemigo desde posiciones elevadas y desde barrios obreros, mientras que las octavillas lanzadas desde aviones les instaban a la rendición, en las que se decía que la resistencia era inútil porque el movimiento revolucionario había fracasado ya en toda España.
Los resistentes se negaban a creer, aún dispuestos a «dar el último empujón al capitalismo moribundo«, como se decía en un manifiesto redactado por comunistas. Finalmente, el día trece de octubre Oviedo fue totalmente ocupada por las tropas gubernamentales.
Tras la caída de Oviedo los obreros se retiraron a las cuencas mineras, donde se formó el tercer y último Comité Revolucionario Provincial, con sede en Sama de Langreo.
El día quince, las tropas del general Balmes en el frente sur lograban vencer la última resistencia que les impedía el paso hacia Mieres, en la cuenca del Caudal.
Entonces el Comité Revolucionario Provincial decidió negociar la rendición y envió al teniente de la guardia civil Torrens, que había sido hecho prisionero por los insurrectos, para que se entrevistara con el general López Ochoa, comandante en jefe de los 18.000 hombres que había desplegado el gobierno para aplastar la sublevación.
En una segunda reunión, esta vez entre el general López Ochoa y el propio Belarmino Tomás jefe del Tercer Comité Revolucionario se fijaron los términos de la rendición de los insurrectos.
La entrevista tuvo lugar en Mieres. El general López Ochoa aceptó los términos propuestos por Belarmino Tomás, que consistía en que los marroquíes de los regulares y los legionarios no fueran en vanguardia de las tropas que ocuparan las cuencas mineras.
A cambio el dirigente minero le garantizó al general López Ochoa la entrega de las armas y prisioneros, aunque no la de los miembros del Comité Revolucionario.
El acuerdo alcanzado entre el general López Ochoa y el líder de los mineros Belarmino Tomás, puso furioso al teniente coronel Yagüe, al general Franco que dirigía las operaciones desde Madrid, y también al líder de la CEDA, Gil Robles, partidarios los tres de que la represión fuera brutal.
Durante las dos semanas que duró la insurrección pusieron en práctica, aunque con diferencias según las zonas, el objetivo de la Alianza Obrera que era “trabajar de común acuerdo hasta conseguir la revolución social en España”.
Los comités revolucionarios se formaron espontáneamente en cada localidad en los primeros días de octubre en cuanto se conoció la intención de la CEDA de entrar en el gobierno.
Para coordinarlos se creó el Comité Revolucionario Provincial, organismo con sede en Oviedo integrado por las organizaciones de la Alianza Obrera y presidido por el socialista, Ramón González Peña.
La violencia en la retaguardia
El Comité Revolucionario Provincial en su primer bando constituyó una guardia roja con voluntarios de todas las organizaciones obreras para conseguir el cese de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en un acto de esta naturaleza será pasado por las armas.
De esta forma, se pretendían atajar los saqueos de comercios que se habían producido tras el avance de las columnas mineras en los primeros días en Oviedo y también en Mieres y Gijón.
Los actos de pillaje y violencia no eran achacables a la organización revolucionaria, aunque allá donde los revolucionarios encontraron resistencia la lucha fue muy dura.
La guardia roja consiguió poner fin a los saqueos y mantener el orden pero no en todas las ocasiones pudo controlar los excesos de la justicia revolucionaria llevada a cabo por individuos o pequeños grupos que actuaron al margen del Comité Revolucionario Provincial y de la inmensa mayoría de los comités revolucionarios comarcales y locales.
Así, junto al trato correcto recibido por la inmensa mayoría de los encarcelados, la represión sangrienta también hizo acto de presencia.
Fueron asesinados algunos detenidos, como en Sama de Langreo en represalia por la resistencia ofrecida por guardias civiles y guardias de asalto a la insurrección obrera.
En el barrio de El Llano de Gijón, la actuación de la guardia roja logró impedir las ejecuciones, o como en Grado, donde se respetaron escrupulosamente las personas y los edificios religiosos. Llegó a haber casos de obreros que salvaron la vida a miembros de la burguesía que vieron sus vidas amenazadas.
Lo que más estremeció a la opinión pública española fue el asesinato indiscriminado de 34 miembros del clero, un hecho que no se producía en España desde hacía cien años.
Según el historiador José Álvarez Junco, estas muertes no obedecieron a un plan previo sino, que fueron más el resultado de la exaltación momentánea y casi accidental.
Por otro lado, la inmensa mayoría de sacerdotes y religiosos detenidos u obligados a realizar determinadas tareas recibieron un trato correcto por parte de los comités revolucionarios.
Fueron asesinados párrocos, significados en el pasado por supuestamente ser contrarios a los intereses obreros, o grupos de religiosos, como los ocho seminaristas de Oviedo, bajo el pretexto de haber colaborado con el enemigo en la batalla de la capital.
Consecuencias
Según el historiador Julián Casanova durante los combates que siguieron al levantamiento armado murieron 1.100 personas entre las que apoyaron la insurrección, además de unos 2.000 heridos. Hubo unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército; 34 sacerdotes y religiosos fueron asesinados.
Casanova coincide casi completamente con las cifras dadas hace tiempo por el historiador hispanista, Hugh Thomas, que situó el número de víctimas mortales en 2.000 personas: 230-260 miembros de las fuerzas armadas, 33 sacerdotes, 1.500 mineros en los combates y otros 200 durante la represión, entre ellos, el periodista, Luis de Sirval, quien señaló las torturas y las ejecuciones habidas durante la represión, motivo por el que sería asesinado por tres oficiales de la Legión.
En toda España fueron encarceladas entre 30. 000y 40. 000 personas. Miles de obreros perdieron sus puestos de trabajo.
Durante esta revolución gran parte de Oviedo quedó destruido. Resultan incendiados, entre otros edificios, el de la Universidad, cuya biblioteca guardaba fondos bibliográficos de extraordinario valor que no se pudieron recuperar, o el teatro Campoamor.
También fue dinamitada la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, donde desaparecieron importantes reliquias llevadas a Oviedo, cuando era corte, desde el sur de España.
Como resultado de los combates o por destrucciones intencionadas, también fueron destruidos algunos edificios religiosos en Gijón, La Felguera o Sama.
La represión de la sublevación llevada a cabo por las tropas africanistas fue muy dura e incluso se dieron casos de saqueos, violaciones y ejecuciones sumarias.
Al frente de la represión rápidamente destacó por su brutalidad un oficial de la guardia civil, Lisardo Doval Bravo, que desde entonces se convirtió en una de las bestias negras del movimiento obrero.
Otros militares que destacaron fueron el teniente coronel Yagüe comandante de las tropas africanas y el general López Ochoa, que recibiría el nombre del “Carnicero de Asturias”. El historiador Gabriel Jackson dice del teniente coronel Yagüe de la Legión, “que prefirió emplear un saludable terror como arma y no contuvo a sus tropas”.
Para el historiador, Gabriel Jackson no comparte esta opinión y dice sobre la actuación del general López Ochoa que “hizo lo que pudo para evitar los asesinatos y las violaciones, incluyendo el fusilamiento de cuatro moros culpables de atrocidades”.
Entre los hechos más sangrientos destaca cuando una noche, los legionarios se llevaron en una camioneta a veintisiete trabajadores, sacados de la cárcel de Sama. Sólo fusilaron a tres o cuatro porque, como resonaban los tiros en la montaña, pensaron que iban a salir guerrilleros de todos aquellos parajes y ellos correrían peligro.
Entonces procedieron a decapitarlos y ahorcarlos y les cortaron los pies, manos, orejas, lenguas, hasta los órganos genitales. A los pocos días, uno de mis oficiales, hombre de toda mi confianza, relata el general López Ochoa, me comunicó que unos legionarios se paseaban luciendo orejas ensartadas en alambres, a manera de collar.
Inmediatamente le mandé que detuviese y fusilase a aquellos legionarios, y él lo hizo así. Éste fue el motivo de mi altercado con Yagüe. Le ordené, además, que sacara a sus hombres de la cuenca minera y los concentrase en Oviedo, bajo mi vigilancia, y le hice responsable de cualquier crimen que pudiera ocurrir.
Para juzgar a los rebeldes estaban los tribunales de justicia decía el general López Ochoa. Destaca la represión de los Regulares del tabor de Ceuta: violaciones, asesinatos, saqueos. Mandé fusilar a seis moros.
Cuenta que tuvo problemas con el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo que era miembro de Partido Republicano Radical. Según el general López Ochoa me pidió explicaciones, muy exaltado: “¿Cómo se atreve usted a mandar fusilar a nadie sin la formación de un Consejo de Guerra? Yo le contesté Los he sometido al mismo Consejo de Guerra al que ellos sometieron a sus víctimas”.
Es asesinado en plena calle el periodista liberal Luis Sirval, por un oficial de la Legión, el teniente Dimitri I. Ivanov. El Gobierno había impuesto la censura sobre las noticias procedentes de Asturias, que hablasen de los métodos que se estaban utilizando en la represión.
Ante esto, un grupo parlamentario de investigación, integrado por los diputados socialistas, Álvarez del Vavo y Fernando de los Ríos y los republicanos radicales, Clara Campoamor y Félix Gordón Ordás acudieron a Asturias.
Entre sus conclusiones destacan la falsedad de las noticias difundidas por la prensa de derechas, de que se habían producido violaciones de monjas y de que a algunos niños se les habían arrancado los ojos. Además recogieron testimonios sobre tortura a los prisioneros.
Uno de los miembros de la comisión parlamentaria, Félix Gordón Ordás, elaboró un informe sobre las torturas sádicas que utilizaba el comandante Lisardo Doval.
Este informe fue enviado al presidente del gobierno Alejandro Lerroux, que en principio ordenó a sus superiores que contuvieran las actividades del comandante, y finalmente ordenó su inmediato traslado por insubordinación al haber entregado copia de las órdenes recibidas a destacados dirigentes monárquicos.
También fue a Asturias un grupo de parlamentarios de Gran Bretaña, que llegó a las mismas conclusiones que sus colegas españoles. Su informe, a pesar de las protestas del gobierno español, desató una ola internacional de simpatía hacia los mineros asturianos.
Los dos consejos de guerra contra los diputados socialistas implicados en la revolución, Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña, que se produjeron en febrero del año 1935, tuvieron un enorme impacto entre la opinión pública, incluso a nivel internacional.
El Partido Socialista Francés recogió miles de firmas para pedir la amnistía de todos los procesados y el diputado socialista francés, Vincent Auriol visitó al presidente del gobierno, Alejandro Lerroux en nombre de la Liga de los Derechos del Hombre.
Los tribunales militares dictaron sentencia de muerte, el día dieciséis de febrero del año 1935, para Menéndez y González Peña, seguidas a los pocos días de la misma condena para otros diecisiete miembros de los comités revolucionarios.
La decisión de presidente del gobierno Lerroux de recomendar al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, la conmutación de las sentencias abrió una grave crisis en el gobierno de coalición radical-cedista.
Tanto Gil Robles de la CEDA como Melquiades Álvarez del Partido Republicano Liberal Demócrata se opusieron y anunciaron que dejaban de apoyar al gobierno. Alcalá-Zamora, gracias al respaldo de Lerroux, conmutó todas las sentencias de muerte.
El gobierno suspendió las Garantías Constitucionales y buena parte de los periódicos de izquierda fueron clausurados, numerosas corporaciones municipales de partidos de izquierda fueron disueltas y los jurados mixtos recién instaurados durante el Bienio Reformista fueron suspendidos.
De las veintitrés penas de muerte inicialmente proclamadas como consecuencia de esta revolución, el presidente, Niceto Alcalá Zamora conmutó veintiuna.
Solo fueron ejecutados el sargento Vázquez que entre otras cosas, había volado un camión con 32 guardias civiles y Jesús Argüelles Fernández conocido por Pichalatu, que fue acusado por la muerte de ocho personas en las calles de Oviedo, aunque hay dudas de que esto fuera cierto.
El Consejo de guerra
En diciembre del año 1935 se celebró en Avilés un Consejo de guerra por los sucesos ocurridos en la localidad asturiana. La sentencia, publicada el dieciocho de diciembre, condenaba a los procesados Severino García Álvarez y Társilo Muñoz a cadena perpetua y absolvía a otros dos acusados.
Se ordena la disolución en todo el territorio nacional de las organizaciones obreras UGT y PSOE, que fueron los causantes del movimiento revolucionario y que los fondos que posean pasen al destino que señalen los Estatutos de dichas organizaciones o a poder del Estado
El mismo día que se conocía el fallo, el dirigente socialista Francisco Largo Caballero dimitía de su cargo de secretario general del PSOE.