Igual que si estuviéramos presenciando una de esas películas de sobremesa de domingo con los dos equipos de intrépidos exploradores compitiendo desesperadamente por ser los primeros en alcanzar el polo, la cima de la montaña o lo que sea, y colocar su propia bandera… …pero, en este caso, entre las propias instituciones del Estado y […]
Igual que si estuviéramos presenciando una de esas películas de sobremesa de domingo con los dos equipos de intrépidos exploradores compitiendo desesperadamente por ser los primeros en alcanzar el polo, la cima de la montaña o lo que sea, y colocar su propia bandera…
…pero, en este caso, entre las propias instituciones del Estado y con cámaras en directo.
De un lado nuestros magistrados y altas autoridades del poder judicial acelerando los trámites en tiempo récord inmediatamente después de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional hiciera pública su oferta de asilo a Garzón en la Haya, con Varela redactando su auto de apertura en las horas siguientes y la magistratura más franquista -lo de conservadora es un eufemismo- presionando para la convocatoria de una sesión extraordinaria a toda velocidad y con un punto único: suspender a Garzón. Dentro de la iniquidad de todo esto casi me parecen los más genuinos: la España verdadera, la de la venganza personal, no merece menos, y si en Moncloa, o Zarzuela, se horrorizan con todo esto que les den tila, que la independencia judicial para ajustar cuentas es lo primero.
De otro lado, nuestro Gobierno metiendo el acelerador a los trámites del informe favorable del Ministerio de Exteriores para quitarse de encima la patata caliente que se llama Garzón. Que se vaya a La Haya unos mesecitos -prorrogables añito a añito después- a ver si las cosas se calman. Después del papelón que ha hecho con su ley de la vergüenza histórica y la progresiva toma de conciencia sobre toda esta injusticia que confirman las encuestas por culpa del caso Garzón, lo que le faltaba era que el juez tuviese el mal gusto de perder el billete de avión a Holanda y se quedase en España suspendido…
¿Quién da más?
Más de un familiar con su padre o su hermano en una cuneta quisiera para sí toda esa premura. Esto no va, nunca ha ido, de la recuperación de la memoria histórica porque de haber sido así lo que habría supuesto, desde el minuto uno, habría sido la normal aplicación en nuestro país de los tratados internacionales ratificados por España y los deberes de verdad, justicia y reparación.
De lo que esto va, y ha ido desde el principio, es de la indecencia de un sector dirigente del PSOE que creía poder hacer caja -urna más bien- acercándose con cuatro chascarrillos, vacíos y cara a la galería, a un auténtico pozo sin fondo de atrocidades y dolor de las familias que el «Estado de derecho» franquista perfectamente continuado entre nosotros se había esforzado al límite en tapar, rocambolesca doctrina Scilingo del Tribunal Supremo rechazando Nuremberg contra el artículo 7.2 del Convenio Europeo y todo lo demás incluido.
El PSOE se pasó de la raya buscando votos a costa de todo y el franquismo judicial es imposible que se pase porque es lo que es y los 35 años de olvido de las miles de fosas en nuestro país dejan en evidencia que de la raya estos ni oyeron hablar.
Así que, con la tontería, un PSOE sin rumbo y cuyo comportamiento, perla tras perla, produce vergüenza como pocas veces antes en sus 100 años de historia, fue a mentar la soga en la casa del ahorcador travestido de honorable justicia con zapatos de plataforma… y como tal ha actuado de la única forma que resultaba lógico esperar…
Con menos se descubrió el champán
Garzón se irá a la Haya o se quedará, suspendido, tras la reunión del Consejo General del Poder Judicial. Si de unos o de otros dependiese las incómodas víctimas del genocidio de Franco seguirían exáctamente en su sitio, las «sentencias» vigentes, las propiedades robadas y todo lo demás. Y eso seguirán intentando ambas partes con idéntico esfuerzo: hurtarles sus hasta 10 derechos humanos pendientes y los concretos deberes de Estado de «verdad, justicia y reparación».
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro «El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad» y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/noticia/34753/OPINI%D3N/contra-reloj.html
rCR