La lucha contra la precariedad y la exclusión asumió a partir de septiembre de 2014 un nuevo rostro, las «sillas contra el hambre». Activistas y ciudadanos se concentran los lunes por la mañana en la puerta de los ayuntamientos para reclamar empleo, la renta básica, un «cheque» energético para la supervivencia, y guarderías y transporte […]
La lucha contra la precariedad y la exclusión asumió a partir de septiembre de 2014 un nuevo rostro, las «sillas contra el hambre». Activistas y ciudadanos se concentran los lunes por la mañana en la puerta de los ayuntamientos para reclamar empleo, la renta básica, un «cheque» energético para la supervivencia, y guarderías y transporte público gratuitos, entre otras medidas de emergencia. Uno de los epicentros de la iniciativa fue León, a partir de la huelga de hambre del ciudadano Ramiro Pinto, pero se fueron agregando ciudades como Burgos, Sevilla, Madrid, Mérida, Alcalá de Henares, Gijón, Valladolid, Valencia, Zaragoza o San Fernando.
Las reivindicaciones de fondo son, con ligeras variantes, muy parecidas en todas las ciudades. Una de las exigencias fundamentales desde primera hora es la renta básica universal. De hecho, en las plazas, frente a los consistorios, las «sillas del hambre» recogen firmas de apoyo a la ILP que propone una renta básica y universal en dos fases, la primera que garantice 645 euros mensuales para que ninguna persona se quede bajo el umbral de la pobreza; y en una segunda etapa, la extensión de este derecho a toda la ciudadanía. Asimismo, se recuerda que el Plan de Ayuda a los más Necesitados de la Unión Europea (PEAD) ha reducido de 14 a 9 los productos distribuidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja. Dos millones de personas dependen en el estado español de la ayuda de este programa de la UE.
«O los parados y quienes lo pasamos mal nos movemos, o no conseguiremos nada; ¿qué podemos esperar de los partidos y los sindicatos?», se pregunta Toni Carrión, uno de los promotores de las «Sillas del Hambre» en Valencia. Este activista volvió de las Marchas del 22-M en Madrid y se planteó que era necesario hacer algo. En verano colgó un escrito en Facebook con el fin de pasar a la acción. Conversó con Victoriano Fernández, activista de las «sillas del Hambre» en Alcalá de Henares, quien le habló de las huelgas promovidas por dos ciudadanos en León y Elche y el movimiento posterior. Pensó entonces en organizar algo similar en Valencia, ciudad en la que reside, y para ello contactó con gente del 15-M, las Marchas de la Dignidad y las plataformas de parados. Toni Carrión no inventó las «sillas del hambre», pero sí lo que ha bautizado como grupos de afinidad 7+1. Cada persona ha de recabar otras siete de confianza y a una más de otra ciudad. «Así nos aseguramos que nadie va a fallar en una acción de desobediencia civil no violenta», explica.
El primer lunes de septiembre las «sillas contra el hambre» se concentraron por primera vez en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Han recibido el apoyo de ciudadanos de la calle, de la PAH, la Red de Solidaridad Popular (RSP) y de manera especial de los Yayoflautas, aunque también de personas afiliadas a Izquierda Unida, CGT, Podemos y Compromís, entre otras organizaciones. A finales de noviembre «sillas contra el hambre» participó en la semana de luchas de las Marchas de la Dignidad. Varios activistas se encerraron en una oficina del SEPE (antiguo INEM) en el centro de Valencia durante media hora, hasta que la policía les comunicó que si no abandonaban este espacio, procederían a su detención. Después de una asamblea de diez minutos, se salieron de las oficinas. El grupo de Valencia ha entrado en contacto con núcleos de personas interesadas en Villarreal, Castellón, Onda, Nules y la Vall d’Uixó, para ayudar a que se extienda el movimiento.
El 29 de diciembre celebraron una singular «nochevieja» reivindicativa a las 12 de la mañana, hora a la que tomaron las uvas al ritmo de las campanadas de la Plaza del Ayuntamiento. Cantaron también villancicos que denunciaban la precariedad y la corrupción. El 5 de enero, muy cerca del monumental belén de la plaza, el oficial, simularon un desahucio en otro portal de Belén, el «alternativo». Se sumaron activistas de la PAH, las «sillas contra el hambre», las Marchas del 22-M y los Yayoflautas. Se recreó la ocupación por parte de los ejércitos romanos y la resistencia del pueblo palestino, hasta que un activista de la PAH anunció la paralización del desalojo.
Pero lo normal es concentrarse los lunes entre las 11 y las 13,30 de la mañana, repartir octavillas y recoger firmas por la ILP de la renta básica. Desde el primer momento se despliega una pancarta, con las principales reivindicaciones. Y antes de terminar, los activistas organizan una asamblea. En Valencia no se pide permiso a las autoridades para las concentraciones. «Sólo faltaría, afirma Toni Carrión, cuando únicamente pedimos trabajo o la renta básica…». La protesta transcurre de manera tranquila, sólo alterada el día que se interrumpió un discurso de Rita Barberá contra la violencia de género.
El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comundad Valenciana de Foessa, presentado en noviembre de 2014, señala que el riesgo de pobreza o exclusión social en el País Valenciano afecta a tres de cada 10 personas, y que la desigualdad ha crecido un 10% entre 2008 (el inicio de la crisis) y 2012. El 38,5% de los hogares valencianos afirman llegar con dificultades a fin de mes, frente al 36,7% de media estatal, según las informaciones recogidas por Europa Press. Además, el 80% de los hogares del País Valenciano manifiestan recibir ayuda o recurrir al «colchón» familiar.
En ese contexto las «sillas contra el hambre» reclaman pan, trabajo y techo. Más en detalle, un censo oficial de las personas en riesgo de exclusión; la paralización de los cortes de luz, agua y gas para quienes no puedan pagar; que se priorice la contratación (durante más de un año) de quienes no reciben ya prestaciones; guarderías gratuitas; formación sin ningún coste en los oficios necesarios para la ciudad, además de potenciar los trabajos de restauración, rehabilitación y los mercados artesanos; la entrega de un carné de transporte gratuito; la simplificación de trámites para que la burocracia no convierta en un «laberinto» las prestaciones municipales; por último, que se prohíban los repartos de ayuda y comida que fomenten la xenofobia. El programa reivindicativo termina con la consigna «ningún parado sin prestación».
En la plaza puede fácilmente trazarse un retrato de la precariedad. A Toni Carrión le despidieron del Carrefour emplazado en la Ronda Norte de Valencia hace cinco años «por no dar la imagen», le comunicaron. «La empresa prefirió a los dos compañeros más jóvenes», recuerda. Desde entonces, y ahora tiene 57 años, no ha vuelto a trabajar. Cobra un subsidio de 426 euros que se prolongará hasta su jubilación, con lo que ha de pagar una pensión de 90 euros a una de sus hijas y 120 euros del alquiler de la habitación donde vive. A alimentarse le ayudan hermanos y amigos, pero la situación no le resta fuerzas para la militancia. Además de en las «sillas contra el hambre», participa en las Marchas del 22-M, la Red de Solidaridad Popular y el 15-M (asamblea de Algirós). ¿Qué es lo que más lamenta de esta crisis? «Nos hacen creer que vivir en la miseria es lo normal».
Desde que se sacaron el primer lunes las sillas a la plaza, Dolores Manrubia, de 52 años, se turna con su marido. Se enroló en la PAH de Valencia, entre otras razones, porque en el juzgado ya le han notificado el desahucio. No puede pagar desde 2012 una hipoteca firmada con Cajamar «que estaba llena de cláusulas abusivas», afirma. Trabajó como autónoma durante una década y ahora no cuenta con ayudas ni subsidios. Si sobrevive es gracias a la pensión de su marido, con la que tienen que ayudar a dos de sus hijas (a su vez paradas y con hijos).
Sergio Nieto, de 42 años y en paro desde 2010, también colabora en el huerto de la RSP y siempre que puede en la paralización de desahucios. Sin prestaciones ni subsidios, vive con su madre, que le mantiene con la pensión. «Para que la gente salga a la calle ya no se me ocurren más ideas…». Plantea como alternativa organizarse en ecoaldeas, redes de soberanía alimentaria o el cultivo de hortalizas y animales. «Mucha gente que vive dentro del sistema se atrevería entonces a salir». María Isabel, parada de 51 años, se enteró de las convocatorias por Radio Klara. Durante los últimos cinco años se sostuvo con la pensión de su madre (600 euros). Vive en un piso de alquiler del que debe dos meses y recibe ayuda psicológica por la seguridad social. Como la mayoría de los concentrados, simultanea militancias. En el caso de María Isabel, en la PAH de valencia y el círculo Podemos de Benicalap-Campanar. Pero su situación ha encontrado recientemente un pequeño aliviadero: una gran superficie ha contratado a su hija por menos de 700 euros.
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