En Cuba se han aplicado diferentes modelos de gestión económica, que van desde una superlativa estatización y centralización administrativa de la producción, los servicios, el abastecimiento y el comercio durante las tres décadas posteriores al triunfo de la Revolución, hasta años recientes, en los que se aprobaron medidas para alcanzar mayor autonomía organizativa y financiera de las empresas estatales y el incremento de los actores no estatales en la economía.
Durante los primeros años del proceso revolucionario solamente quedaron como propietarios privados unos 100 mil pequeños agricultores beneficiados por la Reforma Agraria y un reducido grupo de taxistas que prestaban ese servicio en autos adquiridos antes de 1959. Salvo los que ejercían la medicina privada anteriormente, las demás profesiones y oficios pasaron a ser ejercidas por trabajadores estatales.
En 1976, con el objetivo de perfeccionar la gestión administrativa, se implantó en todo el país un sistema de planificación y dirección de la economía basado en el cálculo económico, sin embargo, a pesar de disponer de abundantes insumos provenientes de países socialistas, las empresas no explotaron con eficiencia las capacidades instaladas por las inversiones y la mecanización y muchas de ellas, sobre todo las agropecuarias, operaron con pérdidas.
Para avanzar hacia formas superiores de producción, a partir de 1982 fueron creadas cooperativas de producción agropecuaria (CPA) mediante la asociación voluntaria de agricultores pequeños que unificaron sus tierras y demás medios de producción. Según el anuario estadístico de 2020, las CPA ocupan el 8 % de la superficie agrícola del país y el 37, 5 % está en poder del sector privado.
A partir de 1987, se llevó a cabo el proceso de ¨Rectificación de errores y tendencias negativas¨ que intentó eliminar deformaciones en la economía, entre ellas el desvío y uso indebido de recursos estatales y el pago de salarios por encima de los resultados productivos en muchas empresas. El derrumbe de la URSS y la desaparición del campo socialista interrumpieron dicho proceso e hicieron colapsar en los años 90 la economía cubana, se redujeron los abastecimientos externos en un 80 % y fueron paralizadas numerosas actividades productivas.
En 1992, en un documento publicado por el entonces Comité Estatal de Finanzas se reconocía que ¨El carácter formal de las relaciones mercantiles entre empresas, conlleva a que estas realicen su actividad económico productiva con independencia de los resultados de su gestión económica, siendo financiadas todas sus pérdidas por el presupuesto del Estado sean cuales fueren sus causas, ya sea de forma automática o a través de un mecanismo administrativo y a su vez captados por el presupuesto todas sus ganancias. En la situación actual, sin el financiamiento externo y precios justos para el intercambio comercial, los recursos que el país requiere para desarrollarse solo podrán obtenerse en la medida que seamos capaces de crear más valores que los invertidos en su producción.[1]
Durante el segundo semestre de 1993, se inició un proceso de reformas con el propósito de preservar las conquistas sociales alcanzadas, reactivar la economía e insertar el país en el nuevo contexto internacional, entre ellas, la apertura a la inversión extranjera, el desarrollo acelerado del turismo, la creación de tiendas para la venta de productos a la población, inicialmente en divisas y posteriormente en pesos convertibles.
Con el propósito de alcanzar un mayor crecimiento de la producción del agro se aprobó la conversión de la mayoría de las granjas cañeras y de cultivos varios en Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC), concebidas como cooperativas integradas por trabajadores que explotan en usufructo las tierras y los medios de propiedad estatal, que en la actualidad ocupan el 23 % de la superficie agrícola del país. Las expectativas que se abrieron con su creación, a la larga no se cumplieron y en materia de eficiencia económica dejaron mucho que desear al convertirse en apéndices de las entidades estatales a que se subordinaban, además porque los propios cooperativistas priorizaron sus intereses de corto plazo, en lugar del incremento productivo que necesitaba el país. En los años siguientes se les concedió una mayor independencia, pero continuaron teniendo muchas dificultades, debido a ello en los últimos siete años unas 200 desaparecieron y fueron reunificadas.
Para paliar la crisis de empleo por el cierre o la reducción del nivel de actividad de numerosas empresas estatales, a partir de 1996 se decidió ampliar la autorización para ejercer un grupo mayor de actividades económicas por cuenta propia.
Con el propósito de incrementar su explotación, a partir de 2008 comenzó la entrega en usufructo gratuito de tierras ociosas estatales a miles de productores individuales, muchos de los cuales regresaron a trabajar al campo desde las ciudades.
En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de diciembre de 2010 el Presidente Raúl Castro Ruz expresó: ¨Los clásicos del marxismo leninismo al proyectar los rasgos que debían caracterizar la construcción de la nueva sociedad, definieron —especialmente Lenin— que el Estado, en representación de todo el pueblo, mantendría la propiedad sobre los fundamentales medios de producción. Nosotros absolutizamos ese principio y pasamos a propiedad estatal casi toda la actividad económica del país. Los pasos que hemos venido dando y daremos en la ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia, son el fruto de profundas meditaciones y análisis y podemos asegurar que esta vez no habrá retroceso.¨
En 2012 comenzó la creación experimental de cooperativas no agropecuarias (CNA) con la intención de trasladar a la gestión cooperativa ineficientes establecimientos estatales de comercio, gastronomía y servicios personales, lo que no excluía la aparición de otras cooperativas por intereses no estatales. No obstante el burocrático proceso exigido para su constitución, al final se logró crear un poco más de 400 cooperativas no agropecuarias integradas por unos 17 mil socios, pero su incremento se interrumpió al detectarse en la gestión de algunas de ellas indisciplinas, violaciones de la legalidad, apropiación indebida de recursos, deficiencias en los registros contables e incremento excesivo de precios.
Entre abril del 2011 y mediados del 2020, la implantación del nuevo modelo económico fue lenta, cautelosa y contradictoria, al parecer por temor a dar pasos sin retorno con el sector no estatal.
En 2016 se aprobó la Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista aprobado por el VII Congreso del PCC en la que se previó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para realizar actividades productivas y de servicios. Su existencia fue refrendada por la Constitución de la República aprobada en abril de 2019.
Durante los años 2019, 2020 y los tres primeros meses de 2021, el PIB se redujo sensiblemente debido al reforzamiento del bloqueo estadounidense y los efectos de la pandemia de COVID-19. Con el objetivo de impulsar aún más el aporte a la economía nacional del sector no estatal, en agosto de 2021 se emitieron nuevas normas jurídicas que potencian la creación mipymes de propiedad privada y estatal y nuevas CNA y se eliminaron numerosas trabas antes impuestas al trabajo por cuenta propia (TCP). Las características de estos actores económicos se resumen en la tabla siguiente:
Con la finalidad de mantener la preponderancia del sector estatal en la producción y los servicios, incluyendo los que se prestan de forma gratuita a la población, se aprobó un decreto que establece un grupo de actividades que se consideran estratégicas y no pueden ser realizadas por actores no estatales. Para impedir la excesiva concentración del capital privado en manos de inversionistas nacionales, no se autoriza asociarse a más de una MIPYME de propiedad privada, aunque se puede ser a la vez socio de una cooperativa, pues en esta última es obligatorio trabajar para permanecer asociado.
Las MIPYMES y CNA pueden acceder al Fondo de Inversiones del Presupuesto del Estado, para obtener financiamientos de proyectos e inversiones vinculadas a los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y a créditos en divisas convertibles.
El Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social dio a conocer que desde septiembre y hasta el 3 de noviembre de 2021 se habían inscrito 11590 nuevos proyectos de TCP y habían modificado o ampliado sus actividades económicas otros 5527. Las actividades más representativas son las de alojamiento y gastronomía (4607), manufactura (3056), servicios de belleza y domésticos (2564), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (2326).
Por su parte, el MEP informó que hasta el 11 de noviembre se había aprobado la creación de 497 mipymes privadas, 11 estatales y 12 CNA y estimaba que se generarían en estas unos 7704 nuevos empleos. El 44 % de estos negocios eran nuevos y el 56 % reconvertidos. Muchos de los socios de las mipymes consideran que la adopción de sus nuevos emprendimientos en calidad de personas jurídicas les aportará una mayor estabilidad en sus relaciones económicas con las empresas y bancos y ventajas adicionales por la adquisición de los insumos a precios mayoristas.
Las mipymes y CNA tendrán mayor impacto en el nivel local, en actividades como la gastronomía, elaboración de alimentos y materiales de construcción, textiles, calzado, plásticos, productos de limpieza y aseo y la prestación de servicios a la población, también deberán incidir en las exportaciones y la sustitución de importaciones al encadenarse con los procesos productivos de otras empresas.
El sistema tributario aprobado aplica una menor carga fiscal a los cooperativistas y socios de las mipymes que a los cuentapropistas que obtengan mayores ingresos. Cuando estos últimos tienen trabajadores contratados o reciben ingresos anuales superiores a 200 mil pesos, aunque en su liquidación de ingresos personales pueden deducir de la base imponible todos los gastos justificados y un importe de 3260 pesos mensuales, cifra ligeramente superior al salario mínimo, deben aportar el 50 % de la utilidad del período cuando esta excede de 50 mil pesos, lo que los pone en condiciones de desventaja con respecto a los demás actores no estatales.
La inmunización de la mayoría de la población contra el virus de la COVID-19 permitirá una recuperación gradual de la economía cubana, en primer lugar del turismo, aunque seguirá gravitando sobre todas las formas de propiedad la insuficiente disponibilidad de insumos importados debido al bloqueo que el actual gobierno estadounidense persiste en mantener.
Aunque en Cuba el peso del valor de la producción agropecuaria en el PIB es menor del 3 %, su crecimiento en unidades físicas resulta decisivo para la alimentación de la población y la sustitución de importaciones de alimentos con destino humano y animal. En el sector agropecuario el rol principal le corresponde a las cooperativas y los agricultores privados, Han sido eliminadas numerosas trabas creadas por la excesiva centralización anterior, pero a pesar de los meses ya transcurridos persiste poco dominio sobre las nuevas medidas por parte de muchos de los involucrados e insuficiente proactividad de los dirigentes de base locales, que retrasan el despegue de la producción agropecuaria y el incremento de las áreas cultivadas. Aunque desde el 2008 se realizó una entrega masiva de tierras ociosas a miles de usufructuarios, al cierre de ese año las tierras cultivadas solo cubrían el 49 % de la superficie agrícola del país, debido fundamentalmente por falta de insumos.
Independientemente de la relevancia de la producción agropecuaria y del crecimiento y éxito de los nuevos actores del sector no estatal, seguirá siendo decisiva la participación de las empresas estatales en los resultados productivos y financieros en actividades tales como: minería, producción de azúcar, tabacos, cigarrillos y ron, abonos, piensos, pesticidas, productos farmacéuticos, baterías, neumáticos, electricidad, gases industriales, comercio exterior, comercio interior mayorista y gran parte del minorista, turismo, transporte aéreo, ferroviario y la mayoría del terrestre, comunicaciones, finanzas, bancos, inmobiliaria, suministro de agua y otras.
Cuando se decidió realizar la devaluación del peso cubano se estimó que hasta un 30 % de las empresas estatales podrían tener pérdidas en el primer año y se diseñó un mecanismo financiero para ¨calzarlas¨ monetariamente durante un período determinado, para no tener que cerrarlas y generar desempleo, bajo el compromiso de que estas tomaran medidas para reducir las pérdidas y ganar en competitividad. En la pasada reunión de la Asamblea Nacional, se informó que en los primeros 9 meses de 2021, el 22 % de las empresas estatales acumularon pérdidas por valor de 7,000 millones de pesos y que las demás habían tenido una rentabilidad promedio del 17 %, destacándose como aspecto positivola disminución del nivel de subvención del presupuesto del Estado a las mismas.
Teniendo en cuenta que el bloqueo se mantiene recrudecido por el actual gobierno estadounidense, que la pandemia ha creado serios problemas con las cadenas de suministro en todo el mundo y que por ello se están elevado los precios de las importaciones, resulta imperativo que despierten del letargo aquellas empresas que aún presentan pérdidas en su gestión y que también aquellas que hoy obtienen utilidades mejoren aún más sus resultados productivos y económicos.
Nota:
[1] CEF. Principales direcciones de trabajo para el perfeccionamiento de las finanzas. 1992.
Bibliografía
- Anuario estadístico de Cuba 2020. www. onei.cu.
- Gaceta Oficial Ordinaria Nro. 94 de 2021. Legislación sobre el TCP, las CNA y mipymes.
- Murillo Marino. Informe a la Asamblea Nacional sobre la tarea Ordenamiento. 27 de octubre de 2021.
- Villegas Chávez Rubén. El perfeccionamiento de las UBPC y el relanzamiento del cooperativismo dentro del proceso de actualización del modelo económico cubano. Ediciones complutense. 2016
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