Lo mas lógico sería el pensar que un juez, todo juez por lo cierto, tiene como prioridad la justicia. Un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, una persona que se encarga de que se cumplan y respeten las reglas. Persona que tiene autoridad, potestad y se encarga de […]
Lo mas lógico sería el pensar que un juez, todo juez por lo cierto, tiene como prioridad la justicia.
Un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, una persona que se encarga de que se cumplan y respeten las reglas. Persona que tiene autoridad, potestad y se encarga de que se cumplan las reglas que dictan o delimitan las leyes.
Un juez es, por definición, un funcionario público al que renumera el Estado y está encargado de administrar justicia de manera autónoma e independiente.
Los jueces, también por definición, son responsables de sus actos ministeriales civil y penalmente.
La autoridad de un juez es conferida por el propio Estado
Seguramente todo esto y mucho mas es conocido y sabido para continuar insistiendo en ello, saber que los jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción, son nombrados por el Gobierno y sirven a este muchas veces muy por encima de la propia ley a la que juraron defender.
Según la teoría de Montesquieu, la división de poderes de un Estado garantiza la independencia judicial y con ella la eficacia frente al poder ejecutivo.
Según la realidad moderna la dependencia de los jueces en sus órganos mas representativos y poderosos del propio poder ejecutivo les convierte de hecho en una apéndice mas del propio poder ejecutivo.
Así, jueces, gobierno y leyes son puestos al servicio del que manda y no siempre lo hace en pro o por el propio Estado.
La justicia en si es tan abstracta que necesita de la interpretación diaria de jueces, abogados y fiscales. La jurisprudencia forma parte de esas interpretaciones que hacen los diferentes tribunales en su quehacer diario, constituyendo en si la verdadera fuente de derecho.
Esto nos viene a decir que el intentar cumplir la ley es mucho más complicado de lo que parece. Pueden preguntárselo si no a los muchos abogados defensores que intentan hacer valer el derecho y la ley en la defensa de sus clientes.
Así, robar es un delito tipificado en cualquier código legal. La jurisprudencia nos dice que es penado o castigado mucho mas severamente un caco, que un estafador, que hay muchos ladrones libres y muchos mas que nunca serán juzgados.
Asesinar es otro delito. Pero el Estado y en nombre del estado puede matar por tantas cosas que muchas veces nos extrañamos de que todavía estemos vivos. Los grandes asesinos siempre lo han hecho desde el ejercicio del poder y muy pocos de ellos han pagado por ello. El retirar una estatua ecuestre que lo magnifica una vez muerto es una condena vergonzosa para quien ha asesinado a miles de hombres libres.
El secuestrar es delito. Y el Estado amparado en sus leyes y en sus jueces mantiene secuestrados, encarcelados, a miles de ciudadanos que le molestan, parias de la sociedad que ellos mismos han creado o militantes de opciones políticas que ellos mismos han ilegalizado. Mantiene encarcelados a muchos presos que según la legalidad vigente han cumplido condena y libera a otros que no llegan a cumplir ni lo mínimo legal establecido.
Así el robo, el asesinato, el secuestro, es penado solo si al Estado conviene o no es él quien lo ejecuta.
Si quieren un claro ejemplo lo pueden encontrar en la Guerra de Irak donde Estados Unidos, Gran Bretaña y España declararon una guerra unilateral contra el Pueblo soberano de Irak amparados en mentiras y razonamientos falsificados. El robo de todo un país y a todo un país, el asesinato sistemático de miles de sus ciudadanos y el secuestro, dentro y fuera de las propias fronteras de Irak es una práctica que ningún juez se va atrever nunca a juzgar.
Se condenaran, eso si, a los muertos, a los secuestrados, a los expropiados. Se juzgará y condenará a todo el pueblo iraquí que con su coraje continua haciendo frente a la máquina de guerra mas generosa que nunca ha existido.
A Pinochet se le ha acusado cuando ya no formaba parte del poder.
A Aznar le quieren juzgar, por una medalla egocéntrica que pagó con fondos de estado, pero no por apoyar esa guerra y cuya respuesta mas próxima son 192 muertos un 11 de Marzo en Madrid.
A Franco nadie va a poder juzgar.
¿Y quien juzgara a todos estos jueces que están desvirtuando la ley hasta cuotas inimaginables?.
Hace ya mucho tiempo que una periodista de El Mundo escribía que Garzón era un mal juez al que todos, PP y PSOE, le debían favores personales. Garzón, aunque huído, continua siendo juez titular de ese tribunal especial, heredero de aquel otro creado por Franco, y su sucesor Fernando Grande Marlasca, empeñado en cambiar sus apellidos, tiene todos nuestros votos para ser heredero legal de su mal hacer y de su favoritismo particular a quien le nombró.
Un buen auto basado en una mala ley ha de ser a la fuerza un mal auto
La Ley de Partidos es un engendro político reconocido por propios y por aquellos que la sufren, para aquellos que se dictó, y ello conlleva que todo auto elaborado o fundamentado en la misma ha de ser a la fuerza un mal auto.
La Ley de Partidos es una ley política que los partidos políticos del PP y el PSOE diseñaron para ilegalizar la opción política representada por Batasuna, todo auto que se ampare en ella ha de ser en consecuencia un auto político.
La separación de los poderes debería protegernos de esos malos autos y esos autos políticos.
Existe una figura judicial bautizada como «absurdo judicial», cuando un juez hace una valoración personal al interpretar o valorar pruebas o hechos susceptibles de llegar a serlo.
El dirigir todas nuestras criticas hacia el juez instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que ha firmado este auto e imposibilita el ejercicio de los deberes, según la portavoz del Gobierno Vasco, y derechos civiles y políticos de una parte muy importante de la sociedad vasca solo enmascara parte del hecho.
Culpar al Partido Popular o al Partido Socialista Obrero Español por ello desvirtúa la totalidad.
En democracia, palabra maldita por cierto que no define absolutamente nada de nada, que un juez recusado sea el encargado de revisar y validar o invalidar esta reacusación es una perogrullada, que un juez sobre el que hay una querella criminal por prevaricación continué ejerciendo como si tal, que un juez sea capaz de mofarse de la opinión publica y de la ley es mas que preocupante, que un juez, para terminar, esté por encima de la propia ley es una aberración.
El Gobierno, los muchos gobiernos que dicen representarnos y obligarnos, está obligado a tomar cartas en el asunto. El acatar y obedecer una mala ley les convierte en cómplices.
Lo que ayer eran derechos hoy no pueden ser, por mor de un mal auto, prohibiciones.
Lo que ayer era una ley restrictiva no puede ser hoy bandera de legalidad.
Lo que ayer eran derechos civiles, individuales y políticos no pueden ser hoy «colaboración con banda armada».
Un absurdo judicial es o puede ser menos perjudicial que un absurdo político y a fe que suena disparatado todo lo que está ocurriendo desde hace unos días en torno al llamamiento hecho por la izquierda abertzale, llámenle como quieran, acudir a una asamblea general en Barakaldo. Esto en si, mas que absurdo, es un auténtico esperpento.
El talante o la voluntad de avanzar pregonada por los presidentes J. L. Rodriguez o J. J. Ibarretxe va a quedar en «agua de borrajas» con la falta de coraje político de ambos si no deciden atajar autos como los del juez de la Audiencia Nacional que son, o deben de ser, ilegales por la propia vulneración de leyes de rango superior.
Seguramente a Fernando Grande Marlasca, como a su compañera de Audiencia Angela Murillo, le importan muy poco el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo inmerso en su pequeño mundo de leyes restrictivas y prohibitivas.
Seguramente al Partido Popular, a fe por los parabienes y los alborozos escenificados, autos y desplantes como el mencionado le hacen sentirse fuerte y herederos de la España única y grande. Seguramente.
Pero es mas que seguro que al Estado de Derecho que dicen defender en democracia hechos como este o jueces como estos le hacen un flaco favor.
Comprométanse políticamente y seguro que el rédito de su compromiso es tenido en cuenta por la masa electoral que les ha aupado en el poder que piden a gritos ejerzan.