El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan Económico Financiero destinado a acatar la regla de gasto de Cristóbal Montoro. Seis concejales de Ahora Madrid se abstuvieron de aprobarlo con su voto. Pablo Carmona explica por qué tomaron esta decisión, que ha abierto la crisis interna más importante de la trayectoria del partido.
Pablo Carmona (Madrid, 1974) es, como él mismo recuerda en esta entrevista, uno de los fundadores de Ahora Madrid. Es, además, concejal de los distritos de Salamanca y Moratalaz y ha trabajado en la comisión de Hacienda codo a codo con Carlos Sánchez Mato, el concejal cesado el lunes, 18 de diciembre, por Manuela Carmena.
Junto a su compañera de proyecto, Montserrat Galcerán, Rommy Arce, de Anticapitalistas, y los tres concejales de Izquierda Unida Madrid, Carmona salió del pleno del Ayuntamiento para no votar el Plan Económico Financiero. Esto ha abierto una crisis que desborda el proyecto de Ahora Madrid y se extiende a todo lo que se ha conocido como política del cambio.
¿Cómo se explica que se haya llegado a la situación de que el plan salga aprobado por parte de Ahora Madrid y por el Partido Popular?
Lo primero que debemos entender es que el nuevo Plan Económico Financiero (PEF) es fruto de un acuerdo o compromiso entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid, razón que explica el voto a favor de ambos grupos. Sin ese acuerdo político entre una parte de Ahora Madrid y el Partido Popular y sus términos, no podemos entender la razón de ser de este cuarto PEF ni de su aprobación, porque hay que recordar que los tres anteriores fueron tumbados.
¿Por qué no habéis votado a favor del plan económico financiero? ¿El PEF es igual a recortes o, como se ha dicho, no va a afectar al gasto social?
El PEF dibuja un escenario con más de 530 millones de recortes. Además, esos recortes son triplemente dañinos porque se concentran en primer lugar en las mejoras laborales del personal público, con un recorte de 20 millones de euros, sobre las inversiones que tras más de un año de elaboración de proyectos se habían concentrado en 2018 y que sufren un recorte de cerca de 250 millones de euros y sobre una buena parte del gasto social y la creación de nuevos servicios públicos que debían lanzarse entre 2017 y 2019.
¿Por qué irse del Pleno y no votar en contra?
En nuestra posición hemos tratado de mandar un mensaje firme que está dirigido a Montoro, pero que también tiene claras implicaciones dentro de nuestro grupo municipal. Nuestra salida del pleno ha sido un posicionamiento contra los recortes del PEF y contra el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, porque creemos que daña las cuentas de Madrid e impide que desarrollemos las inversiones básicas a las que nos hemos comprometido, algo que iremos pagando semana a semana con proyectos centrales de nuestra legislatura que se van a dejar de hacer.
¿Cómo creéis que van a reaccionar los votantes de mayo de 2015? ¿Y la base del proyecto?
Creo que este tipo de decisiones son las que afectan indistintamente a votantes y no votantes de Ahora Madrid. Desde luego que los primeros deberían haber tenido mayor participación en una decisión de este calado, tal y como estamos viendo en candidaturas como Barcelona en Comú y como señalábamos en nuestro programa, donde para grandes decisiones se abren consultas y se ofrecen las explicaciones oportunas. Pero, en general, se van a hacer evidentes distrito a distrito las inversiones que se verán afectadas por este marco presupuestario de recortes, sobre todo porque todas ellas han sido anunciadas y publicitadas.
El argumento manejado en estos días es que la opción de no presentar el PEF solo conducía a la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
La intervención de una entidad pública consiste en que desde el Ministerio de Hacienda se dirige las cuentas de la administración intervenida. Desde mi punto de vista, y a todos los efectos, podemos considerar este PEF una intervención de nuestras cuentas en la medida en que es el Ministerio de Hacienda el que ha marcado las líneas a seguir y cerrado algo tan clave en una legislatura como es la inversión en nuevos equipamientos sociales, deportivos, culturales y educativos que estaban programados y no se podrán hacer.
La alcaldesa, Manuela Carmena, ha afirmado que los proyectos se podrán realizar en su mayoría por las Inversiones Financieramente sostenibles (IFS) que sí permite la ley.
Las Inversiones Financieramente Sostenibles no se pueden usar en el tipo de proyectos que estamos hablando, el decreto que las regula fija una serie de condiciones que impiden poder por ejemplo construir con ellas un polideportivo o una escuela infantil, estas inversiones son útiles para reformas y reparaciones de vías públicas y parques, pero nunca para grandes intervenciones de zonas verdes o urbanas.
¿Cuál era la alternativa?
Las alternativas eran muchas. Por ejemplo, a día de hoy nadie puede garantizar que el Ayuntamiento de Madrid incumpla la regla de gasto de 2017, pues hasta el mes de febrero no se produce la liquidación de nuestras cuentas, donde se determinan estos parámetros. Esto se produce porque a lo largo de 2017 fijamos Acuerdos de no disponibilidad de Crédito por valor de 238 millones euros entre los meses de abril y mayo y de 173 millones más en noviembre que ajustaban nuestras cuentas a la norma. Este baile de cifras no significa otra cosa que retirar parte del presupuesto de la circulación para cumplir con la regla de gasto y a este debemos sumar el pleito abierto que llevó a las medidas cautelares de noviembre de 2017, que paralizaron más de 270 millones de inversiones.
A estos ajustes de 2017 se sumó el tercer PEF que fue tumbado por el Ministerio con una interpretación retorcida y fuera de la ley de la Regla de Gasto. Como se puede ver, el debate no gira en torno a la estabilidad de las cuentas, pues Madrid cuenta con recursos más que suficientes, sino en torno a argucias técnicas que no han tenido otro objetivo que paralizarnos y entorpecer nuestra labor hasta hacerla inviable. De fondo, el problema es político.
¿Cómo se debía plantear ese conflicto político?
Las alternativas al plan de Montoro pasaban por continuar con la batalla política en los tribunales -ya que en el acuerdo para este PEF se retiran todas los pleitos de un lado y de otro-, y dibujar un escenario de prórroga presupuestaria para 2018. Es clave entender que a lo largo de 2018 habrá muchas iniciativas a nivel estatal, la más relevante la presentada por Unidos Podemos en el Congreso, que persiguen eliminar las trabas de la ley, pero que tendrán un trámite largo y un resultado incierto.
Por este motivo, lo más complejo es asumir que estamos ante una batalla política y que el contexto de organización y crítica para tomar posiciones de fuerza a nivel público son claves, de entrada el acuerdo rema en una dirección contraria. Lo hace por la propia figura del acuerdo con el gobierno de Rajoy para aplicar los recortes y lo hace porque pone la responsabilidad de su aplicación en las manos de Ahora Madrid.
En un escenario de prórroga presupuestaria hubiésemos recorrido un proceso en el que sería el Ministerio de Hacienda la parte actora de estos mismos recortes, del lado municipal se presentarían los proyectos: una escuela, un centro de Madrid Salud, un polideportivo y el Ministerio sería quien cerrase el proyecto, abriendo así una batalla política a campo abierto y debatiendo sobre lo importante, que no son las cifras y los tecnicismos, sino sobre los recursos, las inversiones, los proyectos y las necesidades. Todas ellas con nombres y apellidos.
Es cierto que este escenario supone problemas administrativos importantes, pero que nadie piense que con el PEF aprobado y habiendo asumido desde el Ayuntamiento la carga de efectuar estos recortes el camino va a ser de rosas. Que nadie dude que el objetivo que busca el gobierno del PP no es que Madrid se ajuste a la regla de gasto, sino dañar por todos los medios a Ahora Madrid y al conjunto de la candidatura del cambio, esto no ha hecho más que empezar.
En definitiva, esto ha sido un paso precipitado y que ha aceptado las imposiciones de Montoro, mientras que existía la posibilidad cierta de cerrar el año cumpliendo con la Regla de gasto, comenzar el año con una prórroga presupuestaria y dar tiempo a los cambios que podían producirse a nivel estatal. Sin descartar entre las opciones lanzar otra PEF -aunque sin estos recortes-, e incluso un nuevo presupuesto.
Esta batalla está muy centrada en Madrid, parece que el resto de Ayuntamientos se ajustan a la norma e incluso han aprobado Planes Económicos Financieros, incluidos ayuntamientos del cambio como Barcelona.
Ese argumento no es cierto. Precisamente el verano pasado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que vigila el cumplimiento de las cuentas, publicó un informe advirtiendo que las previsiones de cierre de los grandes Ayuntamientos españoles no cumplían con las normas de estabilidad y sostenibilidad. Señalaba que cinco corporaciones no cumplirían con la regla de gasto (Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba y Gijón), algunos incluso como Palma de Mallorca no contestaron si quiera a la AIREF, Murcia seguía pendiente de un plan económico y financiero después de incumplir los propósitos de 2016, además según el mismo informe Barcelona y Zaragoza no iban a cumplir con el Objetivo de Estabilidad.
En ese mismo momento en el que casi todos los grandes Ayuntamientos estaban en esta situación es cuando comienza el ataque con especial fuerza a Madrid. Recursos, paralizaciones y exigencias de un nuevo PEF. No debemos olvidar que Madrid ha presentado ya tres PEF con diversas soluciones para ajustarse al gasto, todos ellos firmados por Carlos Sánchez Mato, con lo que es falso que se ha optado por la vía de la insumisión. Lo que ha sucedido es que el Ministerio no buscaba una solución técnica que permitiese a Madrid invertir el dinero, sino que quería una solución política que cerrase las puertas de la inversión en Madrid.
Todo es tan arbitrario que en el presente acuerdo para el cuarto PEF Montoro permite un incumplimiento a Madrid para 2017 de más de 100 millones de euros. La clave no está ni nunca ha estado en un problema de cumplir con la legalidad, sino en cumplir políticamente con los criterios que Montoro quiere imponer en Madrid. Nuestro caso es un experimento para él, por eso son tan difíciles las comparaciones.
Debemos entender que ha tomado a nuestra ciudad como campo de pruebas de las políticas de austeridad que deberá endurecer a futuro, según ya está obligando Bruselas. Nada mejor que tomar una administración grande como caso ejemplarizante que sirva además de aviso para otros ayuntamientos del cambio. El remate al disparate se ha producido en noviembre, cuando en un informe del Observatorio Fiscal de las Comunidades Autónomas se informaba que 12 de las 17 Comunidades Autónomas incumplirían la regla de gasto, poco más hay que añadir en este sentido.
¿Qué está pasando en Madrid después de este episodio?
En Madrid el problema no es que se haya desobedecido sistemáticamente, sino que nuestros argumentos técnicos no han convencido a Montoro. No estamos ante un proceso de desobediencia municipal, sino ante un ataque político claro y preciso para hacerse con los presupuestos madrileños. A Montoro solo le ha valido su propio PEF, el que significa rendirse y resignarse para no poder gastar recursos públicos disponibles y estables en las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. El PEF que finalmente ha impuesto a Madrid.
Lo que ha pasado en Madrid desde nuestro punto de vista es que el PEF que se nos impone traspasa todas las líneas rojas. Hemos podido leer en prensa la comparación, de escalas y contexto muy distintas, entre Carlos Sánchez Mato y Varoufakis con el caso griego.
Además de las distancias y sin entrar a valorar la catástrofe social que ha vivido Grecia por aquellos recortes, es cierto que hay semejanzas y diferencias. En ambos casos somos gobiernos nacidos de la presión popular y las movilizaciones en las que la lucha contra los recortes y las políticas de austeridad estaban contempladas como mandato político. Pero en nuestro caso el manejo de la decisión ha estado reducido a un grupo pequeño de personas mientras que en Grecia el debate no fue entre Tsipras y Varoufakis, el debate fue entre cumplir o no con lo marcado en un referéndum popular sobre los recortes, que nadie se lleve a engaños.
¿Significa esto que se rompe Ahora Madrid?
Estás hablando con uno de los fundadores del proyecto, no es tiempo de dimisiones ni de rupturas, sino de pensar el proyecto y en qué medida cumple con las expectativas que se tenían sobre él, sobre su programa político y sobre su forma de funcionamiento.
¿Qué efectos va a tener esto sobre Podemos a nivel estatal?
Creo que tiene mucha relevancia. Vivimos una incipiente fase de restauración política que vuelve a marcar sentidos comunes conservadores y reactivos, de nuevo el Régimen del 78 asoma la cabeza. El debate de cómo actuar para romperlos, para devolver otros modelos de cambio y transformación, de radicalización democrática deben tenerse sin maniqueismos de familias ni personalismos, sino con argumentos políticos.
Es algo que afecta de lleno al conservadurismo intrínseco que acompaña a la formación de partidos y candidaturas del cambio. Creo además que el debate sobre la Regla de Gasto no se entiende sin este contexto. Montoro se siente fuerte no porque la ley esté de su lado, sino porque tiene olfato político y conoce los límites del momento, sabe qué tipo de sentidos de responsabilidad -en el peor sentido de la palabra-, cabalgan el proceso de cambio y ha sabido explotarlos.