Dudas, consultas sobre despidos, impagos, divorcios, asistencias a detenidos, a internos recluidos en prisión… El turno de oficio, en el que trabajan 4.700 abogados, atiende cada año a 300.000 madrileños. Pero también hay asuntos mediáticos, como el caso de El Rafita o el del criminal argentino Adolfo Scilingo. Ahora, este servicio corre el riesgo de […]
Dudas, consultas sobre despidos, impagos, divorcios, asistencias a detenidos, a internos recluidos en prisión… El turno de oficio, en el que trabajan 4.700 abogados, atiende cada año a 300.000 madrileños. Pero también hay asuntos mediáticos, como el caso de El Rafita o el del criminal argentino Adolfo Scilingo. Ahora, este servicio corre el riesgo de desaparecer por la deuda de la Comunidad Autónoma.
Nuria llevó su coche a un taller y se lo devolvieron con una avería que le ha costado 2.000 euros reparar. Ahora, quiere saber si puede denunciar a los responsables y, en ese caso, si tiene derecho a un abogado de oficio. Su caso es uno de los aproximadamente 80 asuntos que cada día llegan al Servicio de Orientación Jurídica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En total, más de 170.000 consultas al año (cerca de 15.000 en la oficina situada en el TSJ) que van a parar a las mesas de los 350 letrados adscritos a este servicio en toda la Comunidad.
Aquí se hace una labor muy social -explica la coordinadora de este servicio, Isabel Lorente-. Escuchamos sus problemas, les decimos en qué situación están y si tienen derecho a la asistencia gratuita». Es el caso de Nuria, aunque en los últimos años la mayor parte de las consultas que llegan aquí tienen que ver con despidos, impagos o desahucios y extranjería. «Pero también hemos asesorado a las víctimas del 11-M o a los afectados por la crisis de los controladores aéreos», matiza Lorente.
Este servicio -cuya esencia se remonta a las Siete Partidas de Alfonso X, de 1.256- se convierte así en una de las puertas de entrada a la justicia gratuita. Una puerta que cada año traspasan cerca de 300.000 madrileños y detrás de la cual esperan los 4.700 abogados que trabajan en el turno de oficio en la Comunidad.
Gómez es uno de ellos. Lleva 18 años atendiendo el teléfono para salir corriendo de casa a cualquier hora. «Si te llaman por primera vez para un asesinato, sales corriendo aunque sean las dos de la madrugada», señala. En su caso, aquella primera vez estuvo relacionada con un tráfico de drogas en San Blas. «Asusta mucho, pero también se hace con mucha ilusión».
Esa llamada -y con ella todo el proceso- nace en una sala plagada de teleoperadores en la sede del Colegio de Abogados, en la céntrica calle Serrano de la capital. Desde allí, según van llegando los asuntos, los operadores contactan con los 80 abogados que están cada día de guardia -24 horas al día y 365 días a la semana- siguiendo un estricto orden de lista. «Sabes que si eres de los primeros en la lista y estás en Madrid te va a tocar salir de noche seguro», subraya la letrada.
La comisaría más temida durante estas esperas es, de largo, la de Leganitos, en el centro de Madrid. «Es, sin duda, la más activa -explica Gómez-. Sobre todo para asuntos de robos y hurtos». Pero no sólo de robos vive el turno de oficio. Un elevado porcentaje de los casos que caen en manos de los abogados se refieren a seguridad vial y a la violencia de género, aunque estos últimos tienen un servicio independiente que cuenta con letrados que han recibido formación específica en esta materia.
En estos casi 20 años, sin embargo, ni ella ni sus compañeros habían vivido una situación tan preocupante como la actual, con el turno de oficio en peligro de extinción por los impagos de la Comunidad Autónoma. Esto ha provocado que los letrados estén cobrando las asistencias del turno de oficio con una media de un año de retraso. «En ese momento no piensas en el dinero, sino en el cliente, aunque es inevitable que luego, cuando llegas a casa, pienses en cuándo vas a cobrar ese trabajo», lamenta Gómez.
La situación es tan preocupante que incluso algunas asociaciones han pedido una huelga ‘salvaje’ que paralice por completo el turno de oficio. Se trata, en concreto, de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (Apaem), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y la Asociación Libre de Abogados (Ala), que el pasado mes de noviembre se manifestaron para exigir la expulsión de la consejera de Justicia, Regina Plañiol, del Colegio de Abogados
«Si no se ofreciesen estos servicios, se dilatarían aún más los procesos y sería un caos -explica la directora del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados, Marisol Cuevas-. En asistencia al detenido, jamás un abogado se ha negado a hacer una asistencia. Estaríamos incumpliendo un mandato constitucional», advierte.
Cada abogado, según explican desde la institución colegial, debería cobrar 180 euros por estar de guardia, mientras que la tarifa por un recurso de alzada, por ejemplo, es de 120 euros. No es mucho dinero, pero al cabo de un año esas intervenciones pueden suponer unos ingresos de entre 8.000 y 10.000 euros en un despacho profesional. «Nadie vive del turno de oficio -puntualiza Sara Gómez-, pero son ingresos importantes en un despacho y, sobre todo, te da mucha experiencia y asuntos interesantes».
Es el caso, por ejemplo, de El Rafita, que cayó en manos de un abogado de oficio, o del militar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 620 años de prisión por la represión durante la dictadura argentina. «Son casos que ocupan miles de folios, con vistas día y noche y de gran complejidad por los que los letrados cobraron, como mucho, 2.000 euros», lamenta. Y es que uno de los caballos de batalla de los abogados de oficio es borrar la imagen del letrado joven, sin experiencia y un poco torpe que tan arraigada está en la sociedad.
La realidad, según explica la responsable del SOJ, es muy diferente. «Como mínimo tienen que tener una experiencia de tres años -especifica-, aunque en la práctica tienen una media de 40 años de edad y más de 15 años de experiencia profesional».
Otra de las quejas históricas de los letrados del turno de oficio es que la actual legislación les convierte, además, en una especie de ‘cobradores del frac’ que tienen que perseguir a sus clientes para que éstos acrediten que tienen derecho a la asistencia gratuita. «Existe una Comisión de Fiscalización -explica Cuevas-, pero es el abogado el que tiene que pedir toda la documentación al cliente».
En la actualidad, el límite legal para contar con los servicios de un abogado sin rascarse el bolsillo está en los 14.910,28 euros anuales. De forma excepcional, no obstante, también pueden hacerlo quienes, pese a superar esta cifra, acrediten unas cargas económicas o familiares extraordinarias. Durante el pasado año 2010, un total de 134.496 personas solicitaron la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad.
Pero esta tarea de fiscalización, teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de los clientes tienen un bajo índice de alfabetización, se convierte en una complicada misión. «Hemos encontrado casos que rellenan la casilla correspondiente a sus ingresos poniendo ‘Ni un duro'», recuerda Marisol Cuevas.
Es el caso, también, de uno de los últimos clientes que ha tenido Sara Gómez, un indigente de la Gran Vía que se enfrenta a cuatro años de cárcel por pelearse con un inmigrante coreano que instala su mesa para vender bocadillos en esta céntrica avenida. «No sabía ni firmar», recuerda Gómez. Pero, además, en caso de que el cliente no reúna las condiciones para recibir la asistencia jurídica, también es el abogado quien tiene que pedirle el dinero.
Ahora, todos estos servicios se ven amenazados por la omnipresente crisis económica y la deuda de la Comunidad, que mantiene contra las cuerdas a los abogados de oficio. Sin este servicio, Nuria tendría que haber pagado unos 150 euros sólo por consultar su caso. El propio decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández-Gil, ya advirtió de esta realidad hace poco más de un mes. «Nunca dejaremos que alguien pase un día en un calabozo porque no tiene abogado, pero el sistema acabará quebrando si esto sigue así».