La modificación que el gobierno del Partido Popular pretende realizar a la Ley Orgánica de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo, revocando los escasos avances aprobados por el gobierno del PSOE hace tres años, nos impondrá un sistema aún más restrictivo que el que estuvo vigente entre 1985 y 2010. […]
La modificación que el gobierno del Partido Popular pretende realizar a la Ley Orgánica de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo, revocando los escasos avances aprobados por el gobierno del PSOE hace tres años, nos impondrá un sistema aún más restrictivo que el que estuvo vigente entre 1985 y 2010.
Solo podrán abortar aquellas mujeres que tengan los recursos económicos suficientes para poder ejercer este derecho en otro país donde la ley no sea tan restrictiva. Las mujeres trabajadoras, desempleadas, estudiantes, con menores recursos económicos, nos veremos obligadas a abortar en la clandestinidad bajo condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo nuestras vidas y nuestras libertades.
Lo más detestable es que este retroceso se hace bajo la estela de un falso e hipócrita debate: aborto sí o aborto no. Pero la realidad es testaruda. Los embarazos no deseados y los abortos, prohibidos o legales, existen, y precisamente en Canarias constituyen un problema de salud pública, que ha aumentado en las jóvenes de forma preocupante en la última década.
El aborto ejemplifica, en este momento y como nunca había ocurrido antes, una determinada visión del mundo que es la que está en el fondo del debate. Lo que aquí está en juego es el enfrentamiento entre dos concepciones concretas del mundo: no es el derecho a la vida, ni mucho menos la suerte de los embriones o de los fetos lo que se discute, sino una manera de entender el mundo, y particularmente, la posición que debemos ocupar en él las mujeres, y con ellas una determinada concepción de la(s) familia(s), de la sexualidad, de la reproducción, de la igualdad de género…
La decisión de abortar o no, sólo debe planteársela la mujer que se encuentre ante la posibilidad de continuar adelante o no con un embarazo, y lo hará desde sus circunstancias y sus principios éticos. Y ha de poder hacerlo, sin coacciones de ningún tipo y con condiciones de seguridad.
No se trata de discutir tal o cual supuesto, ni de enzarzarnos en disquisiciones sobre qué grado de malformación podría ser causa o no de un aborto. El debate real debe centrarse en cómo contribuir a respetar la autonomía de las mujeres, su derecho a decidir, cómo favorecer que los embarazos no deseados, y por tanto los abortos, disminuyan, y en cómo posibilitar que si una mujer se encuentra en la necesidad de practicarse un aborto lo pueda hacer en las mejores condiciones para su salud.
El derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social. Nos gustaría que ninguna mujer tuviera que abortar, nos gustaría que ninguna mujer se encontrara ante un embarazo no deseado. En consecuencia, estamos a favor del derecho al aborto como decisión libre y consciente de la mujer y también defendemos el apoyo a la mujer que libremente decide ser madre. La decisión de ser madres o interrumpir un embarazo pertenece al ámbito personal, a la ética privada de cada mujer y no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral, ya que las mujeres tenemos derecho a que se nos respete nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra libertad moral.
Tener una legislación que despenalice y legalice el acceso al aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, pero sí obliga al Estado a que incorpore y mantenga servicios de calidad, que no pongan en riesgo la vida y la salud de las mujeres que se enfrentan a esa situación.
El camino para reducir el número de abortos no pasa por restringir la ley que permite acceder a esta prestación. Es necesario abordar el problema de fondo: los motivos por los que se producen embarazos no deseados. Se deben poner en marcha políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Queremos una maternidad libre, deseada y decidida . Queremos que nuestros hijos e hijas vengan a este mundo siendo queridas y deseadas. Y exigimos al Estado recursos para garantizarlo. Pero si algo falla no queremos morir ni ser encarceladas, sino que exigimos el derecho a interrumpir la gestación en condiciones óptimas de salud, sin ser criminalizadas ni tachadas de malas mujeres. La maternidad no es un destino inevitable sino una decisión y una elección de cada mujer.
Insistimos, defendemos los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a decidir tener o no descendencia constituye uno de los derechos reproductivos básicos.
En este 28 de septiembre, día internacional de la despenalización del aborto, debemos defender en la calle, más que nunca si cabe, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para afirmar que las mujeres somos seres dignos, capaces de decidir, ciudadanas de pleno derecho, para reclamar el derecho a una vida deseada, digna y saludable, para reivindicar nuestra autonomía y nuestra libertad. ..; para exigir que, en derechos sexuales y reproductivos, NI UN PASO ATRÁS.
El próximo sábado nos vemos en la Jornada de lucha que se desarrollará de 10 a 13 h en la Plaza de los Bolos (Junta Suprema), en La Laguna y a partir de las 13 h. en la MANIFESTACIÓN que recorrerá las calles de la ciudad. No faltes. ¡Entre tod@s podemos impedir esta contrarreforma!
Mary C. Bolaños Espinosa. Colectivo Harimaguada
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