Finalmente el activista Diego Lores no fue juzgado el pasado 17 de enero. La acusación particular, un policía municipal de Vigo, retiró la denuncia contra este trabajador social que se significó en la lucha contra un macroproyecto del ayuntamiento vigués y del alcalde, Abel Caballero, del PSOE. Se trataba de trasladar un barco pesquero -el […]
Finalmente el activista Diego Lores no fue juzgado el pasado 17 de enero. La acusación particular, un policía municipal de Vigo, retiró la denuncia contra este trabajador social que se significó en la lucha contra un macroproyecto del ayuntamiento vigués y del alcalde, Abel Caballero, del PSOE. Se trataba de trasladar un barco pesquero -el «Bernardo Alfageme»- a una rotonda de la avenida Castelao, en el barrio de Coia. El archivo de la causa representa una victoria del movimiento popular. Pocos días antes del juicio, vecinos y activistas promovieron un encierro de 48 horas en la Parroquia do Cristo da Victoria, que preveía terminar con una manifestación hasta los juzgados. La Asemblea Aberta de Coia, que se enfrentó desde el primer día a la macroiniciativa municipal, reunió 1.500 firmas durante la última semana a favor de la absolución. Tras la suspensión del juicio, se celebró una gran asamblea, una rueda de prensa y una marcha hasta la rotonda de Coia, en la que se leyeron poemas y lanzaron barcos de papel, de diferentes colores, para celebrar la absolución.
La acusación particular había pedido tres años y medio de prisión para Diego Lores, además de 30.356 euros en concepto de responsabilidad civil por supuesta agresión a un agente. La Fiscalía no presentó acusación contra el joven, al no apreciar indicios de delito. Los hechos por los que se incriminó a este trabajador social de Vigo se produjeron el 15 de diciembre de 2014, durante una concentración de protesta por las obras de instalación del pesquero en la rotonda. Muchos de los argumentos a favor de Lores se plantearon en el manifiesto de apoyo hecho público por la Asemblea Aberta de Coia el pasado cuatro de diciembre, y que rubricaron más de un centenar de intelectuales y activistas. Sobre todo por el coste del proyecto, una parte de los vecinos entendió que se trataba de un «insulto» y una «provocación» a un barrio humilde. El dinero que el consistorio supuestamente no tenía para las ayudas de emergencia, alquileres o recibos de la luz de las personas empobrecidas, sí podía habilitarse para trasladar un bajel a una rotonda. El manifiesto recordaba además el cúmulo de «contradicciones» e «incongruencias» de la acusación particular en la instrucción del procedimiento. ¿Por qué fue Diego Lores el señalado? «Diego siempre fue una de las caras más visibles de la lucha contra la rotonda de Coia; su procesamiento no fue casual», concluyen fuentes de la asamblea.
Entre el 8 y el 14 de enero la Asemblea Aberta de Coia y Baladre (Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la exclusión social) impulsaron una semana de solidaridad con las luchas de Coia. El «encierro» solidario iniciado el 15 de enero en la parroquia denunciaba directamente el «montaje» policial con un fin palmario: «criminalizar la lucha vecinal y social en Vigo». Se organizaron charlas, talleres, actuaciones musicales y proyecciones de un «corto» de nueve minutos -«#MoitoPeixeRompeARede»- realizado por la Asemblea Aberta de Coia. Dos días antes, en una entrevista de Marcos Pérez Pena publicada en Diagonal, Diego Lores destacaba batallas similares, como la del Parque de la Bouza: «Era un lugar destinado a acoger edificios, y que gracias a la lucha vecinal se consiguió que fuera un espacio verde». Otro antecedente que ha servido para acumular fuerza son los años de trabajo en la Oficina de Derechos Sociales. «Sin ella no puede entenderse la lucha del barco», afirma Lores en la entrevista. Cansados de escuchar las mismas excusas en las dependencias municipales -falta de dinero para ayudas sociales-, «un día abrimos el periódico y el Ayuntamiento dice que se va a gastar 300.000 euros en meter un barco en una rotonda».
Pero la cuestión trasciende al pesquero, declara Diego Lores a Diagonal, ya que el proyecto «se enmarca en una ciudad que se está transformando y deja de lado a la gente». Abel Caballero, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde septiembre de 2015, no repara en medios: «Si tiene que utilizar la violencia, la utiliza; si tiene que usar el dinero de todos para propaganda y esconder la realidad, lo hace». Prueba de ello es la experiencia de Xurxo Romero, vecino del barrio de Coia. La Asemblea Aberta informó en marzo de 2015 que el juzgado de lo Penal número dos de Vigo condenó a Xurxo Romero el siete de enero de 2015 a un año de prisión por supuestos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad durante el desalojo de la rotonda; también a pagar 1.135 euros de indemnización a uno de los agentes policiales. En el vídeo «#MoitoPeixeRompeARede», este activista y miembro de la Asamblea recuerda lo que sucedido: «Uno de los policías que tenía detrás me dijo que iba a romperme la muñeca, después que me pegaría una hostia y me acordaría así de la policía; es el mismo que me agredió, y a la vez me acusó por presunta agresión». La Asamblea sostiene que a Diego Lores también se le incriminó tras una «mentira policial» y «denuncia falsa».
El audiovisual explica que el barrio de Coia fue engendrado en su día por una política urbanística «deshumanizada»; además padeció con virulencia los efectos de la droga en los años 80 y el impacto de la reconversión industrial; A partir de 2008 se cebó con la barriada la última crisis capitalista, pero los vecinos fueron capaces de articular respuestas, que la Asemblea Aberta de Coia define como «guerra de trincheras, de tiempos lentos y objetivos a medio plazo». Difunden recortes de prensa que caracterizan la gestión del actual alcalde de Vigo, la mayoría son de esta guisa: «El Valedor de Pobo culpa al Concello de retrasar ayudas sociales urgentes; ‘teñen como fin atender necesidades perentorias’, advierte en su informe». Los activistas venían denunciando la situación de colapso de los Servicios Sociales municipales, cuando el Ayuntamiento de Vigo anunció en noviembre de 2014 el traslado de una embarcación -de gran valor histórico- a la rotonda de la avenida Castelao. La misma sorpresa que los movimientos sociales era la que aparentaba, en una entrevista realizada en el programa «Vigo de Cerca», Abel Caballero: «¿Por qué no quieren un barco que se vea en la ciudad, qué es lo que no les gusta?», se preguntaba el alcalde en la televisión.
Respondía al primer edil la abogada y miembro de la Asamblea Aberta de Coia, Esther Lora, enunciando las necesidades acuciantes del barrio: gente que no tiene para comer, desahucios, cortes de luz, vecinos que no reciben las ayudas de emergencia social, retrasos en la tramitación de las prestaciones para gente sin recursos por falta de personal, particularmente en el departamento de Bienestar Social. En ese contexto de precariedad y exclusión, subraya Esther Lora, «el Ayuntamiento no puede gastarse 600.000 euros en transportar un barco a una rotonda». El alcalde del PSOE persistía en la provocación ante las cámaras: «¿Por qué no ponen una pancarta que diga ‘Vigo, la mejor política social de España’? ¿Por qué no la ponen allí en la rotonda, y en cambio ponen las cifras que se inventan ‘ellos’ para hacer política?» Uno de los ciudadanos que respondió fue Diego Lores: «Los datos de Hacienda, que son datos oficiales, dicen que Vigo es la quinta ciudad gallega en gasto social; y casi el número tres mil del estado». Añadía que los trabajadores sociales y los funcionarios de Bienestar Social del Ayuntamiento denunciaron -durante una semana en la calle- el colapso, la falta de personal y la privatización de servicios.
Pero Abel Caballero volvió a embestir: «Es que es cierto, son siete, están ahí y la ciudad se ríe de ellos; son siete dando un paseíto; convocaron una gran manifestación y creo que llegaron a ser 22». Con pancartas en primera línea que afirmaban «Xusticia Social: Nin cartos, na rotonda, nin estado policial» y voces que clamaban «Non pode ser, o barco na rotonda e as familias sen comer», las marchas fueron mucho más numerosas de lo que aseguraba el alcalde. ¿A causa del pesquero? «El barco es la anécdota», afirmaba Emilio Suárez, cura dominico de la Parroquia do Cristo da Victoria; se tomó la embarcación como emblema del despilfarro, mientras para los necesitados de Vigo no había dinero. Una de las fechas señaladas en la resistencia fue el cuatro de diciembre de 2014. Los vecinos se determinaron a parar las obras; pero el primer edil vigués terminó por recurrir a los GOA (antidisturbios municipales) para sofocar el movimiento de resistencia pacífica y desobediencia civil. Así, los agentes policiales respondieron con acoso, identificaciones, multas y detenciones. La Asamblea criticó que el Faro de Vigo -medio local de referencia- se posicionara claramente a favor del consistorio. «No iban a morder la mano que les daba de comer».
Con el conflicto en plena efervescencia, el párroco de la iglesia del Cristo de la Victoria, Juan A.Terrón, apuntó responsabilidades con nombres y apellidos. Dijo que el alcalde estaba generando «una situación de violencia en la ciudad y el barrio, que antes no existía». Hizo asimismo un llamamiento a los agentes de la policía local, para que fueran «conscientes de los efectos de las mentiras». Pero el proyecto no parecía fácilmente reversible. Abel Caballero prosiguió con su idea inicial, y el 18 de febrero de 2015 anunció que esa noche se trasladaría el pesquero, desde el muelle hasta la rotonda de Coia. Vecinos y movimientos sociales se concentraron para impedir la salida del barco, pero nada se logró ante el notable contingente de agentes antidisturbios de las policías nacional y local. A las dos de la madrugada el barco estaba emplazado en la rotonda. La pequeña victoria llegó el pasado 17 de enero…
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