Gracias al Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés y a los abogados de SOS Racismo, ocho policías nacionales se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado 11 de abril. ¿El motivo? Varias vecinas y vecinos (que también iban como acusados) gracias a la ayuda del Grupo de Migración […]
Gracias al Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés y a los abogados de SOS Racismo, ocho policías nacionales se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado 11 de abril.
¿El motivo? Varias vecinas y vecinos (que también iban como acusados) gracias a la ayuda del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea de Lavapiés y su protocolo en caso de identificaciones, y con el trabajo de los abogados de SOS Racismo, consiguieron que se admitiera a trámite la denuncia a los agentes por identificarles sin motivo, sólo por pararse a mirar una redada racista. Las identificaciones, ilegales, tenían la clara intención de intimidarles y que se marcharan de allí para no presenciar la redada. Al final el juez absolvió tanto a vecinos como policías alegando que ante dos versiones tan contradictorias debía primar el principio de inocencia. Como punto negativo, a pesar de los intentos de la abogada de SOS de denunciar los controles discriminatorios por perfil étnico o racial, es necesario constatar que jueces y fiscales tienen pocas ganas de tratar estos asuntos. Por el contrario, es para celebrar el que ocho policías tuvieran que rendir cuentas por identificar sin motivo a varias personas, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, con recortes cada vez más grandes en nuestras libertades y las constantes identificaciones y multas que tenemos que padecer aquellas personas que intentamos salir a la calle a protestar y a decir lo que pensamos.
El pasado mes de noviembre, seis vecinos y vecinas de Lavapiés observaron en la Glorieta de Embajadores una redada racista por parte de ocho agentes de la Policía Nacional. Al detenerse a mirar y darse cuenta los agentes de ello, fueron identificados y denunciados por estos de malas maneras. Varios de los policías no iban identificados y uno de ellos llevaba la cara tapada. Tampoco se alegaron razones de por qué se producía esta identificación. Al sentirse varios de estos vecinos y vecinas intimidados, con la ayuda de los citados colectivos, decidieron poner una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla, ya que entendían que la identificación correspondía a una clara intención intimidatoria y una manera de represaliarles por estar y ver lo que la policía no quería que vieran.
Las denuncias fueron archivadas, pero un par de meses después a estas personas les llegó una notificación del juzgado. Tenían que presentarse a juicio. Estaban acusadas por desobediencia a la autoridad. En la denuncia, los policías habían inventado que estos vecinos les gritaron, que estaban entre ellos impidiéndoles hacer su trabajo y que se negaron a identificarse. A través de Migración Lavapiés y SOS racismo, quienes habían denunciado consiguieron que su denuncia se desarchivase y fuera incluida en el caso, por lo que los policías que les habían acusado pasaron a ser, a su vez, acusados.
Durante el juicio pudimos ver que cada vez que se mencionaban las redadas racistas, tanto juez como fiscal impedían que se pudiera hablar de ello. En un momento, tuvimos que oír como el juez llegaba a decir que «hablar de redadas racistas no procedía en un estado de derecho como el nuestro». También la actitud de la fiscal fue claramente parcial, siempre del lado de los policías y pidiendo la absolución para ellos, a pesar de que estos incurrieron en claras contradicciones, cada uno situando a los acusados en un lugar distinto, otros diciendo que no habían visto nada y alguno, con un poco más de vergüenza, admitiendo que cuando habían identificado a los y las vecinas, estas no habían puesto ningún problema. Entre declaraciones policiales contradictorias, los testimonios de las y los acusados, y una testigo, quedó claro que ni estas personas estaban entre la policía, ni les gritaron ni se negaron a identificarse. Los abogados de SOS que llevaron el caso solicitaron la grabación de la cámara de seguridad que hay en la glorieta de Embajadores. En ella se habría visto todo lo que pasó. Sin embargo la contestación del Ayuntamiento de Madrid fue que esas cámaras no grababan nada, sólo eran para ver las cosas en el momento en que sucedían. A pesar de todo esto, la fiscal, cambiando una primera acusación de desobediencia (200-250 euros de multa a cada uno) a una consistente en una falta de desorden público insistió, sin que sepamos muy bien basándose en qué, en proponer una sanción para los vecinos y vecinas (75 euros para cada uno). No obstante el juez, debido a las versiones contradictorias, ha absuelto a las dos partes. En este caso no ha primado la presunción de veracidad de la policía, cosa desgraciadamente bastante habitual y que permite la proliferación de falsas denuncias (como en este caso). La sentencia la acabamos de conocer el 14 de mayo, un mes después.
El Grupo de Migración y Convivencia de la A. P. de Lavapiés elaboró un protocolo de actuación destinado a que las personas que eran identificadas y denunciadas por ver una redada racista pudieran denunciarlo. Este protocolo surgió a raíz de constatar las continuas identificaciones y denuncias que la policía realizaba en estas circunstancias sin motivo alguno, con el ánimo de represaliar a aquellas personas que denuncian los controles discriminatorios. Lo normal es que esta denuncia se archive, pero en caso de denuncia policial (como pasó esta vez) sirve como testimonio. Sin embargo, el Grupo de Migración advierte que estas denuncias deben hacerse sólo en casos en la identificación sea indebida y que se debe contar toda la verdad de lo que pasó, sin alterar los hechos ni forzarlos como vemos que habitualmente hace la policía en sus denuncias. También, que antes de ponerla, uno debe asesorarse con un abogado (hay asesorías gratuitas a las que se puede acudir) o a través del Grupo de Migración de la Asamblea de Lavapiés, ya que en caso de no hacerse correctamente, puede acarrear más perjuicio que bien.
Durante el juicio, la abogada de SOS racismo preguntó a los policías qué estaban haciendo en la glorieta de Embajadores. Es curioso que en sus labores de «prevención» (como ellos lo llamaron) los únicos detenidos fueran varios senegaleses y un bangladesí por ley de extranjería, como figuraba en su propio atestado. La cosa cuadra más si atendemos a las palabras tanto de los y las acusadas como de otros testigos que vieron lo que sucedió: «Había una pareja de policías en la salida de la RENFE de Embajadores y más policías a la salida de la Casa de Baños (donde muchos migrantes que viven en pisos pateras acuden a asearse, ya que, dada la precariedad de su vivienda, no disponen de otro lugar para hacerlo). Estos policías sólo paraban y pedían identificación a personas negras, bangladesíes o latinas.
Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés
BLOG DEL GRUPO DE MIGRACIÓN: http://lavapies.tomalosbarrios.net/category/migracion-y-convivencia/
COMUNICADO DE LOS Y LAS AFECTADAS: http://lavapies.tomalosbarrios.net/2012/04/09/acudamos-todas-a-plaza-castilla-juicio-por-observar-redadas-racistas-miercoles-11-12-00h/
PROTOCOLO EN CASO DE IDENTIFICACIÓN. http://lavapies.tomalosbarrios.net/2012/01/09/%C2%BFque-hacer-si-la-policia-te-identifica/