Crear servicios integrales para acompañar y atender a las víctimas de violencia de género fue una de las urgencias reiteradas el pasado 5 de diciembre por expertas, profesionales de diversas disciplinas e instituciones y actores involucrados en la prevención y tratamiento de ese problema social en la nación caribeña.
Durante el Primer taller de evaluación de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, realizado en la capital cubana, se examinó parte de lo hecho y también lo pendiente, a un año de establecida la estrategia.
Se han dado pasos, pero aún quedan grandes desafíos, reconoció la viceprimera ministra Inés María Chapman, quien llamó a acelerar esos procesos de implementación, a la par de continuar la sensibilización y preparación para transformar la cultura patriarcal, de fuerte arraigo en la sociedad cubana.
En su condición de mecanismo de igualdad y para el adelanto de las mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha tenido un papel especial en la aprobación de la estrategia, subrayó Amarelle Boué, integrante del Consejo de Estado y presidenta de la organización femenina.
Esa normativa compromete a ministerios, organismos, organizaciones y actores sociales para garantizar la respuesta integral e integrada que requiere la violencia de género como problema de derechos humanos, señaló.
La complejidad de su abordaje radica, precisamente, en la respuesta articulada que necesita de las diferentes disciplinas y sectores de la sociedad, consideró.
Dijo que uno de los pasos que ratifica la voluntad política del Estado y el gobierno para atender desigualdades, desmontar estereotipos de género e impulsar la prevención y atención a la violencia, ha sido incorporarla cada vez más al marco legislativo.
A la vez, identificó retos como la capacitación de las personas involucradas en la prevención y atención a la violencia de género, la creación de servicios integrales para acompañar a quienes viven situaciones de ese tipo, el desmontaje de mitos arraigados en la sociedad y la correcta utilización de la estrategia, que siempre se formuló, dijo, en término de desafíos.
En otro momento, mencionó acciones concretas de los últimos años, como poder contar con tres instrumentos valiosos: la guía del parto respetuoso, otra con herramientas para la aplicación del enfoque de género en el sector jurídico y una guía básica para capacitar a quienes operan la línea telefónica de ayuda. También señaló que la mayor debilidad radica en la atención a las víctimas.
Pasos y pendientes
En el encuentro se informó que en el primer semestre del próximo año deberá quedar disponible en la web el Observatorio científico de Cuba sobre igualdad de género, con datos, indicadores y estadísticas en tiempo real, informaciones, análisis y resultados de informes e investigaciones.
Mayra Mena, de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), precisó que esa información se basa, fundamentalmente, en datos oficiales generados por la propia Onei, los ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, organismos, centros académicos, de investigación y otras instituciones.
Además de recopilar y visibilizar indicadores relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres, desde un enfoque de género, de derechos e interseccional, el observatorio permitirá monitorear las medidas contempladas en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.
Al pasar revista a lo hecho en los sectores de salud y educación, la policía y fiscalía, se dijo que hace falta mayor sensibilización y formación de policías, maestros, médicos, juristas y personal encargado de atender esta problemática y lidiar directamente con sucesos y víctimas. También entre quienes deben actuar para prevenir esos hechos.
En febrero de 2023 deberán concluirse cambios en los programas de estudio de primer año de la carrera de Ciencias Médicas, que incluirán contenidos de género y violencia en la formación de pregrado, para lograr profesionales capaces de detectar y tratar el problema, anunció Dagmara Cejas Barnet, directora jurídica del Ministerio de Salud Pública. Habrá que capacitar, igualmente, a quienes están ya en ejercicio profesional, acotó.
Además, se impone proseguir con la formación continua de policías, oficiales de carpeta e investigadores criminalistas, en aras de elevar la calidad de los procesos investigativos, tratamiento, ayuda y protección a las víctimas.
La policía debe seguir trabajando en la argumentación de las medidas cautelares y la adopción de otras de control sobre los victimarios, apuntó el teniente coronel Carlos Batista Isalgué, jurista y jefe de Departamento en la Dirección General de la Policía.
Otro punto clave es la puesta en común y aplicación de protocolos que guíen la actuación ante cada caso, a tono con las nuevas normativas y en interés de ganar efectividad y evitar la revictimización durante los procesos.
Igualmente, se planteó la necesidad de establecer mecanismos de detección y prevención en los espacios comunitarios, así como instrumentos de recogida de información y datos, que ayuden a esclarecer la dimensión del problema, establecer políticas y tomar decisiones.
Solamente en los servicios de atención personal a la ciudadanía de la Fiscalía se atendió, entre enero y octubre de este año, a 28.915 mujeres, que representaron el 55 por ciento de las personas que utilizaron esa vía.
Un total de 240 casos estuvieron relacionados con presuntos hechos de maltratos o actos violentos contra la mujer y vulneración de sus derechos y fueron radicadas 464 quejas y peticiones de mujeres que alegaron ser víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La violación del derecho a la integridad física y moral alcanzó el 40 por ciento.
De acuerdo con información ofrecida por Lay Trujillo González, jefa de la dirección de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República, en el ámbito familiar se denuncian maltratos físicos, verbales y psicológicos recibidos por adolescentes femeninas, mujeres, adultas mayores y otras en situación de discapacidad, provocados por cónyuges, ex cónyuges y demás familiares.
También se constata violencia económica, al negar la manutención a hijas e hijos y bienes comunes del matrimonio; inconformidad con la investigación de procesos penales por amenazas, abusos lascivos, robo con violencia e intimidación en las personas, lesiones y homicidio; así como desacuerdo con medidas cautelares incongruentes con la gravedad de los hechos, entre otras denuncias.
Igualmente, algunos casos dan cuenta de violaciones de derechos individuales vinculados con la integridad física y moral, la intimidad personal, la inviolabilidad del domicilio, a disfrutar de los bienes de su propiedad, entre otras.
Es ya, no mañana
Vencer resistencias y transformar subjetividades son caminos que hay que andar, pero pueden tomar más tiempo. Mientras, «hace falta tomar conciencia de que la violencia de género es un problema social, de derechos y de salud. No es para mañana, es para ya», dijo la socióloga Clotilde Proveyer.
En esa línea, abogó por trabajar por mandato, exigir, cumplir lo establecido y articular esfuerzos para acercar soluciones, ganar en agilidad y reducir la victimización.
La también coordinadora del equipo asesor del grupo nacional de la FMC para la atención a la violencia retomó acciones que urge implementar: los servicios integrales que acompañen a las víctimas y una línea única de atención telefónica, que pueda hacer un trabajo mucho más específico como primera vía de ayuda.
Llamó a que los organismos se asesoren con especialistas, «porque en el tratamiento de la violencia no basta con la buena voluntad, se requiere especialización», señaló.
La psiquiatra Ada Alfonso, del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), insistió en la importancia de contar con estadísticas actualizadas y sistemáticas, para conocer la magnitud del problema y contribuir a la actuación.
Ubicó en las escuelas un escenario vital para educar y prevenir con perspectiva de género e igualdad y donde hace mucha falta implementar el programa de educación integral de la sexualidad.
A juicio de Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas, el reto mayor es que la estrategia no se quede en lo formal y poder avanzar en la práctica y la realidad, donde los protocolos deben aplicarse y evaluarse.