Representantes de las campañas contra los CIE y de organizaciones proderechos humanos acusan a los Gobiernos europeos de militarizar el mediterráneo para dificultar la inmigración con derechos. Controles de identidad basados en criterios racistas, militarización de las fronteras, malos tratos, encarcelamiento sin que medie la comisión de ningún delito, muertes en el intento por alcanzar […]
Representantes de las campañas contra los CIE y de organizaciones proderechos humanos acusan a los Gobiernos europeos de militarizar el mediterráneo para dificultar la inmigración con derechos.
Controles de identidad basados en criterios racistas, militarización de las fronteras, malos tratos, encarcelamiento sin que medie la comisión de ningún delito, muertes en el intento por alcanzar las costas europeas. En la frontera sur hay una «guerra no declarada» contra las miles de personas que intentan alcanzar un proyecto de vida en Europa. Patricia Orejudo, una de las integrantes de la comisión que documentó en julio la situación en la valla de Melilla cree que «como sociedad no podemos admitir» que la solución a los problemas que empujan a la migración a miles de personas «sea la militarización de espacios». La de Orejudo fue una de las intervenciones durante el debate Vivir y Morir en la Frontera, llevado a cabo el 17 de agosto en el Festival Rototom, que se celebra estos días en Benicàssim (Castellón).
Esa «guerra» larvada se produce en todo el Mediterráneo, como explicó la colaboradora de la red Migreurop y fotógrafa Sara Prestianni, quien explicó que la guerra que ahora mismo sigue produciéndose en Libia ha empeorado la situación de la población subsahariana en este país del Norte de África. Prestianni explicó que en los 25 centros de internamiento de extranjeros en Libia son habituales las torturas, las violaciones y el trabajo esclavo, en un contexto en el que no existe la seguridad jurídica ni sanitaria. Las personas migrantes son los «chivos expiatorios» de una situación en la que son consideradas monedas de cambio. Pero esta situación solo es posible con la supervisión de los países europeos, como denunció Prestianni, quien explicó que el Gobierno de Italia firmó el 3 de abril de 2012 un acuerdo con libia para control de fronteras que permite la situación. Junto a esto, la directiva de retorno y el Acuerdo Dublin 3 de refugiados políticos ha cerrado el grifo del reconocimiento de la figura del refugiado político en una coyuntura marcada por los conflictos bélicos en países de origen, como Mali, o de tránsito, como en el caso de Siria y Libia.
La externalización de fronteras a terceros países, Marruecos en el caso del Estado español, es parte de una política europea que funciona también mediante las tecnologías del control, un negocio millonario destinado a impedir la libre circulación de personas. La política de «subarrendar» el control a otros países tiende, a juicio de Mikel Aragúas, portavoz de Andalucía Acoge a «alejar del foco de la atención pública», los problemas que dan origen a la necesidad de migrar, dicho de otra forma, «pagar a un Estado para que nos cierre los ojos». Araguás señaló que, simultáneamente se explotan mediáticamente los «saltos» a la valla de forma que «sigue el proceso de deshumanización», se emplea una «política del riesgo y se aplican medidas relacionadas con el riesgo».
Frente al discurso alarmista, Araguás, Orejudo y el abogado Eduardo Gómez-Cuadrado, moderador del debate, defendieron políticas destinadas a desmilitarizar la frontera sur y permitir la libre circulación de personas. No en vano, como señaló Orejudo, este verano entrarán en España tres millones de extranjeros, pero solo unos pocos miles serán perseguidos, eventualmente golpeados, encerrados por sanciones administrativas en los centros de internamiento «peor que las cárceles», según Gómez Cuadrado, y finalmente, en muchos casos, expulsados.