Cuando en mayo de 1981 François Mitterrand fue elegido presidente y se formó un gobierno francés con socialistas y comunistas, las autoridades españolas decidieron que cesaran, por el momento, las acciones de guerra sucia en Iparralde.
El ministro de Justicia, Robert Badinter, había sido abogado defensor de refugiados vascos y el Partido Socialista francés se manifestó absolutamente en contra de las medidas tomadas contra ellos cuando gobernaba la derecha. Por eso, las autoridades españolas entendieron que continuar atentando contra los refugiados iba a repercutir negativamente en algo esencial para ellas: el reforzamiento de la colaboración francesa contra ETA para hacer frente a una muy difícil situación en la que la moral de las Fuerzas de Seguridad era muy baja.
El diario «El País» narró lo que sucedió en 1982, antes de que empezara a gobernar el PSOE tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones: una delegación de altos dirigentes del partido se entrevistó secretamente en París con el primer ministro y el ministro francés del Interior, para conseguir que su colaboración en la lucha contra ETA se reforzara al máximo.
Según fuentes del propio PSOE citadas por “El País”, la estrategia a seguir por parte española fue elaborada por dos importantes miembros del partido, el entonces secretario general del PSE-PSOE, Txiki Benegas, y el presidente del PSOE, Ramón Rubial.
El general Cassinello lo tenía clarísimo. Aseguró que él también prefería «el terrorismo a la alternativa KAS, la guerra a la independencia del País Vasco». Y resumió su plan de acción en bien pocas palabras: «Es preciso hablar, moverse, confundir, captar, romper, contactar, negociar con las fracciones, romper el todo».
Eso era sin duda lo que ya estaban haciendo desde hacía años. Muy en especial desde que empezaron a aplicar el Plan ZEN, obra del propio Cassinello, que habló muy claro respecto a la reinserción: «Dudo que Francia hubiera adoptado una política de dureza con ETA sin el respaldo de la campaña de reinserción social». Por eso la potenciaron aún más y también se sirvieron de las ofertas de negociación que lo único que buscaron siempre fue lo expuesto por Cassinello: confundir, dividir y romper.
Fue en ese contexto en el que autoridades francesas y españolas llegaron a un acuerdo secreto, tal y como reconocieron Felipe González y un gran amigo suyo, el embajador francés en la época de los GAL, Pierre Guidoni.
Uno de los principales temas tratados fue la entrada de España en la Comunidad Europea. Otro, la compra de armamento y tecnología francesa. El Ejército español necesitaba carros de combate y los expertos militares se inclinaban por los americanos o alemanes, pero decidieron comprar los franceses, por una razón que dejó bien clara la revista «Tiempo», en un artículo titulado «Comprar tanques a Francia a cambio de reprimir a ETA».
Como explicó un jefe de carros de combate español, si los tanques franceses podían terminar con ETA, «harían algo fuera del alcance de cualquier otro tanque del mundo». Un argumento que siguió siendo válido durante muchos años, como lo prueban las sucesivas compras de armas y tecnología francesa.
En todo caso, nada más iniciarse los atentados reivindicados usando la sigla GAL, las autoridades francesas empezaron a tomar múltiples medidas contra los refugiados políticos vascos. Primero practicaron decenas de detenciones, confinamientos y deportaciones a países lejanos. Después, llegaron las extradiciones…
Con toda probabilidad, aquellas medidas estaban incluidas en el antes citado acuerdo secreto, alcanzado por las autoridades franco-españolas, y tanto Felipe González como Pierre Guidoni se sirvieron precisamente de dicho acuerdo como contundente argumento para rechazar de plano que las autoridades españolas tuviesen nada que ver con los GAL.
Es bien cierto que era ilógico que tras aquellos asesinatos estuvieran las autoridades españolas, si estas no contaban con el beneplácito francés para llevarlas a cabo. Ahora bien, si contaban con dicho beneplácito, todo encaja a la perfección. Por eso estoy tan persuadido de que aquel acuerdo secreto comprendía también la ejecución de acciones de guerra sucia que ambas partes consideraron necesarias para llevar a buen puerto la estrategia que diseñaron.
Al respecto, fue bien significativo el repentino cambio de actitud del principal dirigente del PS en Iparralde, el diputado Jean-Pierre Destrade, en relación a la campaña de atentados contra los refugiados vascos. Destrade pasó de acusar públicamente de una manera muy firme a la Policía española, a raíz de los primeros asesinatos de los GAL, a guardar un más que sospechoso silencio tras reunirse a principios de 1984 con Mitterrand.
Poco después, se celebró en Baiona una reunión de una quincena de secretarios locales y dirigentes del PS en Iparralde con un enviado gubernamental. Una reunión en la que, ante el asombro de la mayoría de los asistentes, este les transmitió el mensaje de que «El GAL es un mal necesario». Muchos protestaron con vehemencia. Destrade, en absoluto.
Los atentados terroristas reivindicados usando la sigla GAL siguieron produciéndose, y las pruebas de la implicación del Estado español acumulándose, como en las precedentes etapas de guerra sucia. Sin embargo, las autoridades francesas no elevaron protesta diplomática alguna. Al contrario, siguieron tomando medidas administrativas y policiales contra los refugiados vascos.
De ahí la necesidad de investigar a fondo todo lo ocurrido en relación a aquel acuerdo secreto franco-español cuyas víctimas necesitan saber toda la verdad. Lo necesitan con urgencia, porque sin esa verdad jamás podrán recibir la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que les deben los estados español y francés. Ambos.
Fuente: https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/acuerdo-secreto-franco-espanol